'Succession' en el Colegio de Médicos de Madrid: tres candidaturas, una dimisión explosiva y transparencia en entredicho

Al más puro estilo de un thriller de ficción, la disputa por el control del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid casi suena al argumento de una serie prototípica de HBO. El próximo martes, 17 de diciembre, los tres candidatos a presidir la entidad que reúne a 52.255 colegiados en la Comunidad de Madrid según un censo reciente decidirán quién se queda, y quién deberá marcharse. La figura de Manuel Martínez-Sellés, el actual presidente desde 2020, ha sido controvertida por su supuesta cercanía con el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso o la falta de transparencia en la gestión económica de su equipo. Es lo que denuncian sus contrincantes y la explosiva dimisión de su vicepresidenta, Luisa González, ocho días antes de las elecciones para presidir el colegio, no ha resultado de ayuda. Tampoco lo fueron las salidas en cascada de hasta cinco miembros de su directiva hace tres años. Pidieron nuevos comicios, pero no ocurrió. Hasta ahora.

Esta vez, Martínez-Sellés tendrá dos oponentes: Tomás Merina, que fue gerente del hospital privado Fuensanta en Ciudad Lineal; y Esther Rubio, nefróloga del hospital público Puerta del Hierro en Majadahonda. El presidente, en cambio, ejerce como jefe de la sección de Cardiología en el Hospital Universitario Gregorio Marañón. En un debate celebrado en la semana previa a las elecciones, justo después de la dimisión de González, se produjeron varios encontronazos entre ellos con acusaciones cruzadas. Uno de los puntos calientes fue el tema de la gestión económica. Martínez-Sellés defendió su hoja de ruta y aseguró, en resumidas cuentas, que el dinero estaba para gastarlo. La cesión de la antigua sede del colegio a una fundación externa para los próximos 15 años, y por las que el Icomem percibirá 30.000 euros anuales, fue motivo de reproche, pues Merina le recordó que solo en el IBI (Impuesto de Bienes Inmuebles) pagan la mitad de esa cantidad.

Pero Martínez-Sellés no dio su brazo a torcer: consideró que el acuerdo aportaba más recursos de los que les quitaba. Entre quienes le hacen oposición también hay diferencias, pero si en algo coinciden ambos candidatos es en que lo primero que harán si presiden el colegio será aprobar auditorías –externas e internas– para fiscalizar la gestión de su predecesor, y salir de dudas. En su día, el cardiólogo del Gregorio Marañón se alzó victorioso ante el entonces dirigente del Icomem desde 2016, Miguel Ángel Sánchez Chillón, de corte más progresista. Fue entonces cuando la opción conservadora se hizo con la victoria y pasó a gestionar el colegio de médicos.

Quienes acompañaron en su día a Sánchez Chillón, no obstante, tienen otro favorito. Es el caso de José María Morán, secretario de la entidad en la anterior junta directiva y que esta vez participa como compromisario –otro órgano de apoyo que forman 482 médicos colegiados– en la candidatura de Tomás Merina. Morán era una suerte de gestor que conocía todos los recovecos administrativos y el funcionamiento interno del Icomem. Él mismo lo explica: “Si el presidente es el que representa y ejecuta, el secretario es una especie de gerente que coordina”.

Ya está jubilado, pero continúa en el colegio y actúa como asesor en la propuesta de Merina. Entre otras cosas, habla de la importancia de estas elecciones para toda la sociedad madrileña pese a ser de una asociación privada, pues remarca que es también una entidad de derecho público. Esto quiere decir que es obligatorio para cualquier médico que ejerza en Madrid, sin importar si es en la pública o en la privada, y esta entidad es la que mantiene un registro oficial de doctores en la región. Lo mismo ocurre con los MIR, médicos residentes, que pagan una cuota inferior. “El Estado delega una competencia pública en los órganos colegiados, y eso les da una importante responsabilidad, sobre todo si es en un sector tan sensible como el sanitario”, reseña Morán en una conversación con Somos Madrid.

A la candidatura con la que simpatiza, la de Tomás Merina, se le ha acusado en ciertas ocasiones -también durante del debate a tres- de ser el “preferido de Amyts”, pues el principal sindicato de los profesionales sanitarios en la Comunidad de Madrid ha mostrado públicamente su apoyo a este proyecto por encima del resto. Pero aquí Morán hace un inciso: “Que apuesten por un candidato no significa que lo dominen, ya que los colegios y los órganos sindicales tienen dos funciones muy distintas que han de tratarse por separado: la nuestra es la de velar por la buena praxis y la deontología y la suya, por los derechos laborales de los médicos”. Aunque los representantes de los colegiados persiguen un mismo objetivo, el de garantizar el buen ejercicio de la profesión, para Madrid se presentan tres caminos muy distintos. Para explicarlos con detalle, los tres candidatos hablan con este diario y exponen su propuesta.

Martínez-Sellés, apuesta audiovisual y una sombra opaca

Una es la que plantea la continuidad de la mano del actual presidente, que buscará la reelección. Manuel Martínez-Sellés empieza diciendo en qué cree que ha cambiado el Icomem durante su mandato. “Nos encontramos con una corporación desconectada de muchos colegiados y con estructuras que requerían modernización a nivel de instalaciones, estructuras organizativas o de gestión”, inicia. Su respuesta fue reducir un 25% las cuotas que pagan los inscritos, entre otras cosas: “Hemos mejorado las instalaciones, introducido el voto telemático o realizado acuerdos con sociedades científicas y con las diez facultades de Medicina madrileñas”. De hecho, una de las novedades a la hora de modernizar la entidad fue producir un ambicioso departamento de audiovisuales, explican fuentes internas al colegio.

Está por ver si se alzará sobre el resto de candidatos, pero a diferencia de sus rivales él ya ha estado al mando de la entidad por unos años. Es decir, que existe un background que los colegiados ya pueden sopesar. Y en este tiempo ha sido foco de algunas polémicas. Al dirigente del colegio se le inculpó de haber estado del lado de la Comunidad de Madrid en las huelgas sanitarias de hace dos años, cuando más de 1.000 doctores de atención primaria, médicos de familia y pediatras, convocaron una protesta indefinida en plena polémica por un cambio en las urgencias extrahospitalarias.

Por aquel entonces se habló de “traición” a los médicos por parte de su órgano colegiado, ya dirigido por Martínez-Sellés. Se les acusó de ser favorables a la Consejería de Sanidad, bajo el mando de Enrique Ruiz Escudero, y aceptar sus ofertas pese al rechazo de los inscritos. En este sentido, el presidente afirma días antes de las elecciones que la relación con la institución ha sido “correcta” y no ha sobrepasado límites. “Nos enfocaremos en garantizar que las políticas públicas que afecten a la profesión reflejen nuestras necesidades reales”, insiste. Esto, a efectos prácticos, supondrá impulsar cuestiones como la creación de un Estatuto Médico o la figura de un Defensor del MIR, que están entre sus principales planteamientos.

También promete avanzar en retos que quedaron pendientes, como “reforzar la formación digital avanzada” o “mejorar la participación de colectivos”, en concreto médicos de atención primaria, residentes, jubilados y médicos extracomunitarios. En el debate del lunes, no obstante, el protagonismo no lo llevaron tanto las propuestas como las acusaciones ya citadas sobre el alquiler de la antigua sede del colegio.

Esther Rubio, de la regulación de interinos a un proyecto propio

La única mujer candidata este año a presidir el colegio prefiere no inmiscuirse de lleno en estas polémicas. Pero aclara que, si su equipo llega al poder, las perseguirá con lupa. Esther Rubio comenzó su andadura en el mundo de las reivindicaciones médicas con más énfasis hace unos años. “Había cosas que nos preocupaban, y terminamos juntando a un grupo de médicos con inquietudes parecidas”, cuenta. La estabilización de los interinos que trabajaban sin plaza en hospitales públicos de la Comunidad de Madrid, como es su caso, era uno de sus principales motores. De hecho, entre sus adversarios circula la idea de que este era su único objetivo, y una vez logrado no tiene proyecto en firme para el órgano colegiado. Ella lo niega tajantemente: “Ya se consiguió regularizar a muchos en 2023 y estamos satisfechos con las bolsas que salieron. Estoy convencida de que en un tiempo no habrá más, y aun así nos presentamos. ¿Será por algo, no?”, cuestiona.

Entre sus grandes banderas está el reivindicarse como la única candidatura independiente. “No le debemos favores a nadie porque nadie está en nuestra campaña, solo los médicos”, reivindica Rubio, que señala cómo el actual presidente ha mostrado excesiva “empatía” hacia las posturas oficiales de la Consejería de Sanidad, mientras que Tomás Merina se ha valido del apoyo e influencia del sindicato Amyts. Aunque fuentes del sector sanitario deslizan que la ex vicepresidenta de Martínez-Sellés que dimitió hace unos días se ha inclinado desde entonces por la apuesta de Rubio, la aludida no lo confirma y se limita a señalar que Luisa González, según tenía entendido, no iba a formar parte este año de la junta con la que el cardiólogo aspiraba a revalidar el cargo. Aunque no desdeña todas las actuaciones del actual Colegio de Médicos, sí afirma haberse sentido “huérfana de representación” en cuestiones como la huelga de atención primaria hace unos años. Por aquel entonces su grupo se unió a Amyts en las protestas, pero tampoco salieron demasiado convencidos.

El órgano dirigido por Martínez-Sellés, eso sí, se reunió con ellos y les prometió trasladar sus propuestas durante la protesta de 2022 a la Consejería de Sanidad. Sin embargo, Rubio cree que su actuación fue “muy blanda”. “Dieron la espalda a los médicos”, critica. Evita opinar directamente sobre otras polémicas como la cesión de la antigua sede del Icomem a una empresa externa, pero alude de forma indirecta a esta y otras cuestiones: “Todo lo que huela a irregular, lo vigilaremos”. Pero, ¿cuáles son exactamente sus propuestas para reformar el colegio que representa a más de 50.000 médicos? Por un lado, apuestan por hacer informes económicos anuales con “acceso a todos los colegiados” y “en un lenguaje comprensible”.

Del mismo modo, avanza que iniciará una campaña de comunicación “que extienda aún más la idea de que el colegio es algo de todos, y que cuando un médico tenga un problema lo primero que piense sea dirigirse a ellos”. Esta propuesta, indica, proviene de su propia experiencia como usuaria: “Cuando empezamos a reivindicar cuestiones como la regularización de los interinos o la mejora de la atención primaria nos dimos cuenta, a nivel práctico, de las muchas opciones que podría ofrecernos el Icomem y que nos eran prácticamente desconocidas. Cosas así hay que difundirlas mucho más”, señala. Sobre la relación con la Comunidad de Madrid y las autoridades sanitarias, tratarán de que sea “fluida” y no dudarán en “alabar aquellas decisiones que creamos que benefician a los nuestros”, pero “si alguna tiene un rechazo mayoritario de los colegiados, la criticaremos públicamente”. La forma de saber cuándo sus inscritos respetan o no una medida pública será a través de encuestas internas y reuniones con los afectados.

Tomás Merina, favorito de Amyts y el más crítico con Sellés

Aunque existió un intento de crear una cuarta candidatura, esta finalmente quedó descartada por no cumplir algunos de los requisitos exigidos. Así que todo quedará entre Martínez-Sellés, Rubio y Merina. La trayectoria de este último en la sanidad madrileña también ha sido larga, y ahora afronta por primera vez un reto colosal como médico: presidir el Colegio. A las acusaciones de ser el candidato de Amyts, responde que “no es lo mismo tener un apoyo que estar manejado por ellos” y que su compromiso será únicamente con los colegiados. “Los órganos colegiales y sindicales son distintos entre sí y no cumplen las mismas funciones. Si no hay opciones diversas, su existencia no tiene sentido”, sentencia. Fuentes de Amyts aseguran a Somos Madrid que la inclinación por Merina se consultó en una pregunta interna a sus afiliados, y el apoyarles activamente solo se llevó a cabo tras obtener el 'sí' de los suyos.

Más allá de esta cuestión, Merina usa duras palabras cuando habla de la gestión de la actual junta directiva. Para él, como ocurre con Rubio, el punto de no retorno que le hizo buscar un cambio fue la huelga de 2022. “Los médicos de atención primaria estaban desbordados y lo que pedían era mejorar las condiciones para la asistencia, pero su Colegio acabó del lado de la Consejería [de Sanidad] y contra sus propios colegiados. Fue un absoluto despropósito”, sentencia. Después vino el “dislate” económico. “Han convertido el Icomem en una casa de líos que no se ven, pero que lo hacen irrespirable”, arguye. Habla nada menos que de los asuntos judiciales que hay pendientes: “Sus divisiones han propiciado al menos tres querellas criminales, dos pleitos contencioso-administrativos y otro mercantil. Todos, pagados por los médicos”.

Varios de estos pleitos se dilucidan actualmente en el ámbito penal, que juzga una posible apropiación indebida, administración desleal, corrupción entre particulares o falsedad en documento público a través del Juzgado de Instrucción número 27 de Madrid. En el número 33, por otro lado, se investigan otros de estafa, extorsión, corrupción entre particulares o incluso pertenencia a una organización criminal; mientras que el Juzgado de Instrucción número 47 examina otra causa sobre amenazas, coacciones y obstrucción a la justicia. En el informe para la Auditoría de Cuentas anuales de 2023 que el Icomem remite a sus colegiados, y al que ha tenido acceso este periódico, se especifican todos estos litigios iniciados contra el Icomem. Merina, que preguntó a Martínez-Sellés por los fondos disponibles para este último año sin obtener una respuesta concreta, sospecha que “el presupuesto actual del Colegio podría ser inferior a la cantidad que habría que pagar si se pierden esos juicios”, y que por eso no se ha querido desvelar.

“Además de todos estos pleitos penales, el Icomem está involucrado en otra media docena de demandas que le obligan a tener provisionados tres millones y medio de euros para eventuales indemnizaciones”, atestigua. No obstante, cuando se le preguntó por esta cuestión a Martínez-Sellés, este fue contundente: “Hay que ser precisos. No hemos perdido uno solo de los procesos judiciales, y algunos los heredamos de la Junta anterior. Los que aún hay en curso se han tramitado para defender los intereses de la institución y los colegiados”, se justifica. Estas acusaciones, incide el presidente, “carecen de fundamento” ya que las cuentas del órgano “han sido auditadas y aprobadas por amplias mayorías y con márgenes históricos del más del 80% de compromisarios”. “Están perfectamente auditadas y son totalmente transparentes”, dictamina. Sus adversarios no opinan lo mismo, pero habrá que esperar al próximo martes para conocer qué dicen finalmente los colegiados. Digan lo que digan los tres candidatos, serán ellos quienes tengan la última palabra.