El recorrido judicial de las obras por la polémica ampliación de la línea 11 de Metro de Madrid se acaba de ampliar en las instituciones comunitarias. Al procedimiento abierto por el Movimiento No a la Tala hace un año se le acaba de sumar una denuncia de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (Fravm) contra la Comunidad de Madrid por saltarse un procedimiento clave.
En concreto, la Framv denuncia que el Gobierno de Ayuso ha incumplido una directiva europea relativa a la evaluación de las repercusiones de proyectos sobre el medio ambiente. Lo hizo al saltarse la publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM) y en el BOE las autorizaciones del proyecto de ampliación de la línea 11 de Metro entre Plaza Elíptica y Conde de Casal.
La ausencia de publicaciones privó a los ciudadanos y a las personas afectadas por las obras de su derecho a la información y a efectuar alegaciones en esta fase del procedimiento. Por eso, la Framv ha acudido al Parlamento Europeo para ampliar la petición de investigación de las talas, que lleva un año abierta en Bruselas.
Lo que denuncia el tejido vecinal de Madrid es que el proyecto de construcción de la ampliación de la Línea 11 del Metro de Madrid, desde Plaza Elíptica hasta Conde de Casal, fue sometido a Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria el 30 de julio de 2020. Pero la autorización del proyecto, aprobado el 25 de noviembre de 2021, no fue publicada en los boletines oficiales citados. Lo mismo sucedió con el proyecto constructivo modificado, que incluyó una rebaja en el número de talas después de las protestas vecinales. En este segundo caso la Comunidad de Madrid no solo no ha publicado la autorización del proyecto, sino que a día de hoy ni siquiera se tiene constancia oficial de su finalización y autorización.
Fuentes vecinales apuntan que “resulta increíble que las obras de la ampliación de la línea 11 de Metro se encuentren en ejecución desde noviembre de 2022 al amparo de un proyecto constructivo final que se desconoce y, por lo tanto, no se puede recurrir”.
Irregularidades y denuncias
La Consejería de Transportes, responsable de los trabajos, redujo a 676 talas las 1.027 inicialmente previstas en el proyecto constructivo. Lo hizo después de una fuerte movilización vecinal en torno a parques como el de Arganzuela o a calles como Áncora, donde estaba prevista la desaparición de un gran número de árboles. La Comunidad de Madrid rehízo el proyecto para incluir menos ocupaciones en superficie, aunque sin cambios en el trazado.
El movimiento No a la Tala obligó a la Comunidad de Madrid a tramitar una evaluación ambiental simplificada en 2023, previo aviso del Ministerio de Transición Ecológica, por haberse saltado parte del procedimiento administrativo. Gracias a esa evaluación y las alegaciones posteriores de los vecinos se salvaron ciertos de árboles.
Los trabajos se retomaron a finales de 2023 en el parque de Comillas, Madrid Río, el paseo de Delicias y su entorno, Atocha y Conde de Casal, “con gran impacto para la vecindad”, señalan desde la Framv, que denuncia que en Carabanchel las obras siguen desarrollándose a 25 metros del colegio Perú sin que los sistemas de refrigeración hayan entrado en funcionamiento. “Los camiones siguen entorpeciendo el flujo de niños hacia y desde el colegio y las barreras sonoras no han supuesto una reducción apreciable del ruido”, advierten.
En Delicias, el inicio de las obras este verano ha generado un evidente caos en el tráfico y numerosas molestias a la vecindad por ruido y polvo, además de problemas a los comercios de la zona. La Framv indica que los habitantes de la zona están preocupados por el precedente de las demoliciones de viviendas en San Fernando de Henares a causa de la línea 7B y el retraso anunciado ahora en las obras de ampliación de la L3 por filtraciones de agua.
Por todo ello, los colectivos vecinales reclaman la puesta en marcha por parte de la Comunidad de Madrid de una comisión de seguimiento, “que ayudaría a atender a los afectados ante los infinitos problemas que ya están surgiendo”.