Ya no es un problema desconocido ni un miedo nuevo. El calor llega a Madrid cada vez con más antelación y más intensidad, una gran preocupación para docentes, padres y alumnado de colegios e institutos. Hasta hace no tanto tiempo el fin de curso en junio evitaba las clases en los meses con temperaturas más asfixiantes. Ahora esa asfixia copa el último trimestre. “El temor es que suceda lo mismo que el año pasado con dos meses más de calor”, avisa Gabriela Tirado, madre de un niño de 10 años en el colegio público Lope de Vega de Carabanchel, en Madrid, al que asisten alumnos de entre 3 y 12 años. A eso hay que sumar los peques de 0 a 2 que acuden a una casita de niños dentro del mismo edificio.
Después de haber pasado el segundo marzo más caluroso en lo que vamos de siglo, las elevadas temperaturas con las que ha arrancado abril han puesto en alerta a las familias de este y muchos otros centros. “Las aulas no están acondicionadas y el calor se concentra en un mismo lugar con 25 personas dentro. No existe un aislamiento adecuado”, protesta Gabriela, que también se preocupa por la situación en el patio y las zonas exteriores: “Los niños y las niñas están completamente expuestos al sol. No hay árboles suficientes ni toldos, la infraestructura está desfasada. Los patios de cemento potencian la sensación térmica insoportable y la fachada recibe luz todo el día. A mes de abril mi hijo está moreno”, asegura en conversación con Somos Madrid.
Esta madre reconoce que antes “la climatología era otra”, aunque critica también “el concepto que se tiene de los niños, se dice que aguantan lo que sea porque no se quejan”. Sin embargo, la sintomatología habla por sí sola: “Hay golpes de calor, algunos manifiestos por dolores de cabeza, sangrados de nariz o mareos, pero otros ocultos”. El año pasado identificaron 50 de estas afecciones por el calor en el Lope de Vega, aunque creen que “realmente se han producido muchos más”.
El caso del Lope de Vega no es aislado. Ya en 2017, la Comunidad de Madrid se vio obligada a adelantar el final de las clases una semana ante temperaturas que por entonces fueron récord y provocaron mareos o crisis de ansiedad en varios centros. En 2022, con la primeras ola de calor golpeando la ciudad antes de junio, la problemática escaló. Más Madrid llegó a registrar una ley para mantener el confort térmico en las aulas, como la aprobada unánimente en Andalucía en 2020, que no salió adelante. La norma proponía la elaboración de una guía técnica para la adecuación y la rehabilitación ambiental bioclimática y el uso de energías renovables, así como mantener la temperatura en las aulas entre 17 y 24 grados en invierno y entre 23 y 27 grados en verano, a través de técnicas de construcción adaptadas y materiales específicos.
El PSOE también elaboró su propio proyecto el pasado año, y en él ha insistido el candidato socialista a la presidencia de la Comunidad, Juan Lobato, este miércoles durante un acto en un colegio de Leganés: “Nosotros presentamos un plan de inversión en todos los colegios públicos de placas fotovoltáicas que permitieran utilizar esa energía para su refigeración”, ha recordado. Contrapone estas iniciativas a una presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, que tiene “abandonados” a quienes sufren estas altas temperaturas en las escuelas.
Opacidad de la CAM y descargo de responsabilidad del Ayuntamiento
El primer movimiento de las familias fue acudir al equipo directivo de cada centro, aunque “poco pueden hacer”, reconoce Gabriela. Por ello, se han intentado poner en contacto con la Junta Municipal del Distrito de Carabanchel, que les ha dado una escueta respuesta en la que afirman que la solución escapa a sus competencias, y con la Comunidad, de donde no han obtenido contestación alguna.
Desde el Ayuntamiento de Madrid, en declaraciones a este medio, inciden en que se trata de una cuestión gestionada por el Gobierno de Ayuso: “Las reformas de los centros educativos son competencias de la Comunidad de Madrid. El consistorio solo se encarga del mantenimiento de aspectos menores”. Niegan que la instalación de toldos o el aumento del arbolado correspondan al mantenimiento: “Es inversión y depende de la Consejería de Educación”.
Dicha institución no ha atendido las preguntas de este diario, y ha tardado semanas en responder los escritos que les ha dirigido el entorno del alumnado afectado. Finalmente, en la Consejería les han remitido a “utilizar los cauces reglamentarios a través del Consejo Escolar”. Un proceso que para las familias “solo va a dilatar las posibles soluciones”.
“La Comunidad se limita a aconsejar: Ponle una gorra, dale de beber, busca las zonas de sombra... Y luego ni siquiera tenemos esas zonas de sombra. En todo nuestro colegio hay dos árboles que sirven de cobijo a los más peques. Los niños soportan un ambiente así seis, siete u ocho horas. Cualquier trabajador de oficina en unas condiciones similares no lo aguantaría”, asegura Gabriela. “Tendrían que haber actuado mucho antes para analizar cómo actuar a corto, medio y largo plazo”, añade.
En este contexto de incertidumbre y temor, las familias han organizado una manifestación frente a la Junta de Distrito de Carabanchel que se celebra en el centro cultural Lázaro Carreter a las 17.30 del próximo jueves 13 de abril, en cuyo pleno se discutirá el asunto a petición de PSOE y Más Madrid. Aunque reconocen que la mayor responsabilidad es autonómica, los convocantes de la protesta creen que lo que solicitan no corresponde con obra nueva y sí con mantenimiento, por lo que el equipo del concejal popular Álvaro González López podría interceder: “Solo queremos un poco de compromiso y diálogo con la administración”, dice Gabriela.
La Comunidad de Madrid se limita a aconsejar: "Ponle una gorra", "dale de beber", "busca las zonas de sombra"... Y luego ni siquiera tenemos esas zonas de sombra
Critica que desde la administración municipal liderada por José Luis Martínez-Almeida ni siquiera les han permitido tomar algunas medidas de mitigación por su propia cuenta, como la colocación de telas en las ventanas para frenar el impacto de los rayos del sol: “Las retiraron porque según dicen no estaban homologadas, en eso sí se dieron prisa”. Arremete además contra el descuido al que han sometido a las instalaciones y especialmente el arbolado de su colegio durante años, circunstancia que recrudece la situación.
La iniciativa de las familias ha sido tal que hasta un grupo de madres arquitectas trató de presentar a la Junta Municipal un proyecto de refresco de las aulas, con propuestas que incluían cubiertas vegetales de la fachada y otras más sencillas como la ventilación de las clases durante la noche. Pese a estas sugerencias, Gabriela se resigna porque “nadie hace nada”. En su opinión, el Ejecutivo local y el autonómico “tienen la suerte de que los niños van creciendo, con el paso de los años madres y padres van pensando en que sus hijos son ya mayores y en nada se marchan al instituto. Una especie de correr de familias que hace que nadie acabe por ocuparse”.
Gabriela tampoco quiere dejar pasar el caso extremo de los campamentos de verano en otros colegios, aunque no se celebren en este, a los que se ven abocados muchos estudiantes en julio y agosto ante la imposibilidad de sus padres para conciliar. Sobre la posible instalación de aires acondicionados, esta progenitora ya ni siquiera aspira a ello. Menciona la diferencia con el norte de Madrid, donde “en muchos casos las propias Asociaciones de Familias del Alumnado, con más poder adquisitivo, se pueden permitir financiarlo ellas mismas”. Sus aspiraciones son más modestas: “De momento me conformo con que la gente empiece a percibir lo preocupante que es todo esto y se movilicen para que quienes puedan atajarlo se pongan a ello”, concluye.