La vuelta a la arena política después del verano ha empezado en el Ayuntamiento de Madrid con un debate en torno a una de las zonas donde más dinero se mueve en la capital. La posible privatización de AZCA a 40 años a través de una concesión de obra saltó a los medios en mitad del verano, cuando Somos Madrid publicó la exclusiva de un proyecto que el Ayuntamiento había validado sin avisar, colgándolo en un rincón del Portal de Contratación donde no mira casi nadie. Pero una vez arrojada la luz sobre el caso y explicados sus detalles, en este Pleno de septiembre los responsables políticos municipales tenían que dar explicaciones.
La encargada de hacerlo -a propuesta del PSOE- era Paloma García Romero (PP), concejala de Obras y responsable del proceso burocrático para que el consistorio ceda 58.594 metros cuadrados de suelo público a las empresas agrupadas en torno a Renazca, la socimi creada para esta actuación. “Nos encontramos ante una oportunidad que no podemos dejar pasar”, afirmaba sin ambages mientras agradecía a la iniciativa privada el “magnífico” proyecto presentado y que el Ayuntamiento está tramitando, porque es una manzana “necesitada de una actuación integral que solucione los problemas de los vecinos y de los usuarios de las oficinas”, en su opinión, para solventar “los problemas endémicos de AZCA y volver a conectarlo con la ciudad”. “No tenemos ninguna alergia a utilizar cualquier herramienta que nos permita la ley”, aseguró.
La edil del Partido Popular no se refirió a los detalles más polémicos que contempla el proyecto, como el plazo de 40 años de cesión o los dos millones de euros anuales que tendrá que pagar el Ayuntamiento a la concesionaria por limpiar y cuidar el viario público. Solo indicó que lo presentado es un estudio de viabilidad y que “estamos en una fase preparatoria de lo que será la reforma de AZCA” y que el contrato de concesión de obra que se aprobará finalmente podría no coincidir en los términos y cifras inicialmente presentadas.
García Romero aseguró durante su comparecencia que la actuación “nos permite ahorrarnos dinero público” gracias a que las obras serán financiadas por las empresas privadas, algo que niegan desde la oposición al proyecto. “Van a explotar hasta el último metro cuadrado y además el Ayuntamiento les paga peaje”, lamentaba el concejal socialista Pedro Barrero, quien reclamó que la mejora de la zona no se hiciera “a cualquier precio y nunca haciendo perder derechos y dineros a los madrileños”.
“Esto es un regalo y un negocio a las empresas de la zona, porque aquí al Ayuntamiento le sale a pagar”, afirmó el edil del PSOE. “Está sobradamente demostrado que el consistorio está capacitado para asumir esta actuación en el mismo plazo”, apuntó para aclarar que no está “justificada” la concesión de la obra en este caso, a la vez que achacaba a los propios operadores privados de la zona “la degradación del espacio” que ha tenido lugar durante los últimos años. También recordó que el espacio “es una zona verde pública que no puede ser utilizada para fines lucrativos”.
Las críticas de la oposición: “Más que dudoso interés general”
El PP defiende un proyecto en el que la “colaboración público-privada” pasa a un nuevo estadio: el de que una empresa privada pueda explotar el espacio público de Madrid para generar ingresos durante décadas. Un hecho criticado con dureza en el debate por todos los grupos de la izquierda, desde el PSOE hasta Más Madrid. José Manuel Calvo, exedil de Urbanismo y miembro del Grupo Mixto, compartió la necesidad de afrontar “una rehabilitación integral” en la manzana pero recordó que, según el estudio de viabilidad, el Ayuntamiento pagará unos 80 millones de euros a la adjudicataria durante los 40 años de concesión. “Solo la limpieza son medio millón de euros anuales que ha de pagar el consistorio”, apuntó. “Es un win-win para la empresa”, señaló antes de indicar que el Ayuntamiento debería recibir al menos un canon por ceder este espacio.
Calvo recordó que el consistorio gastó diez millones de euros en remodelaciones durante la anterior legislatura y advirtió que si el proyecto se aprueba en los actuales términos “tendremos que resolver esta concesión” si su grupo llega al poder en la siguiente legislatura, “porque es del todo inviable para el Ayuntamiento”.
Más Madrid señaló que en la fase final de la legislatura de Almeida están apareciendo proyectos “de más que dudoso interés general”, citando la recalificación en la Ermita del Santo, la cesión de parcelas al Atlético de Madrid, el Hipercor de Méndez Álvaro o el propio de AZCA. Su concejal José Luis Nieto Bueno indicó que la propuesta “reduce el patrimonio y el uso público de la ciudad, para que sea gestionado por la empresa privada”, a la vez que prevé la tala de una buena cantidad de árboles de gran porte.
Nieto acusó al equipo de Almeida de pretender “disfrazar con un contrato de concesión pública la actuación”, ya que “la mayor parte de la superficie va a ser realquilado, por lo que se encubre el aprovechamiento privado”. También se sorprendió por la baja tasa de rentabilidad que apunta el estudio de viabilidad, lo que solo se puede explicar -a su parecer- por el futuro incremento de los alquileres de los locales de la zona, propiedad también de las empresas impulsoras.
Como alternativa, Más Madrid propone que el Ayuntamiento sea el que acometa la obra de forma directa, invirtiendo 40 millones de euros para ejecutar la obra en dos años y luego obtener ingresos por las tasas generadas, pudiendo así controlar el establecimiento de tasas o la celebración de eventos en el espacio público.
Con números para sacarlo adelante en Cibeles
El equipo de Gobierno cuenta con los votos suficientes para sacar adelante esta operación, ya que Vox mostró su apoyo sin fisuras al proyecto. Uno de sus concejales lo dejó meridianamente claro al explica que, a su juicio, el proyecto “mejora la calidad de vida” de los habitantes de la zona. A la vez, dedicaba el resto de su intervención a criticar la postura de los partidos de izquierda.
Ciudadanos También respaldó el proyecto: su concejal de Desarrollo Urbano, Mariano Fuentes, defendió la figura de la concesión de obra para ejcutar esta actuación, a la vez que alababa un proyecto “de reverdecimiento, donde la conectividad y la accesibilidad son sus señas de identidad. Un proyecto ganador, que es lo que merece esta ciudad”. “Dejen de comerciar con el espacio público, con lo que es de todos los ciudadanos”, le respondieron desde las filas de Más Madrid.