Tres hijos, de 3, 12 y 15 años. Una madre, Mariana Cardoso. Nadie más en su casa de la calle Gardenias (9), en el barrio de Valdeacederas, donde llevan viviendo tres años de alquiler. Y un grupo de vivienda del barrio, Tetuán Resiste, para apoyar a esta familia, que se puede quedar en la calle el próximo viernes 13 de noviembre. Este día está previsto el segundo intento de desahucio de #MarianaSeQueda (esta es la nomenclatura clásica de los casos de desahucios en redes), después de que lograran que se suspendiera el anterior intento el pasado 14 de octubre.
Cuando un caso de desahucio llega a un grupo de vivienda de barrio se pone en marcha un ciclo de trabajo aprendido durante los últimos años que atiende muchos frentes y que, solo en última instancia, toma la forma de convocatoria a las puertas de la casa a desahuciar con la que nos hemos familiarizado a través de los medios. Un trabajo de mediación y acompañamiento con entidades bancarias y caseros, con los trabajadores sociales, en el juzgado…
Este fue también el recorrido del caso de Marina: en octubre se consiguió un informe de vulnerabilidad de Servicios Sociales. El adjetivo vulnerable no es negociable: una familia monoparental con tres hijos a cargo de una madre víctima de violencia de género. Una casa en la que el único ingreso provenía del trabajo de Mariana, cuyo contrató ha finalizado el pasado 30 de octubre. Sin una alternativa habitacional.
Paralelamente, Mariana solicitó la suspensión del lanzamiento por un mes. Respuesta: “No ha lugar a suspender el lanzamiento el día 14 de octubre de 2020 a las 13 h.” Como en tantas ocasiones, no queda más remedio que convocar al vecindario y a los activistas. #Stopdesahucio. Como otras veces, hay que llegar a este momento, tenso, muy tenso, para que se produzca un aplazamiento in extremis de un mes.
Vuelta a empezar. El abogado habitual de Tetuán Resiste hace un recurso en el juzgado de primera instancia correspondiente para intentar conseguir la suspensión del lanzamiento “hasta que la Administración procure una alternativa habitacional” (que ya se ha solicitado). Pero un mes pasa rápido y para el segundo intento el juez ha solicitado presencia de UIP (antidisturbios). Y ya ha llegado.
Un intento desahucio es, por definición, siempre una última vez y por eso se juegan todas las cartas posibles. ¿A quién más pedir ayuda? Se escribe al presidente del Gobierno, si hace falta. Eso han hecho, y han recibido una respuesta del Ministerio de Presidencia llena de buenas palabras sin soluciones concretas, así que, Tetuán Resiste ha convocado de nuevo el viernes a las siete y media de la mañana en la calle Gardenias.
Los procedimientos de desahucio para hogares vulnerables están suspendidos, en teoría, hasta enero de 2021. Sin embargo, la realidad es que se siguen produciendo gran cantidad de desahucios y es por ello por lo que, precisamente ahora, la PAH y otras asociaciones que trabajan por el derecho a la vivienda están poniendo en pie una campaña para pedir la paralización de “todos los desahucios y cortes de suministros de familias vulnerables que carezcan de la alternativa habitacional, adoptando las compensaciones adecuadas, en el caso que fuera necesario, en los desahucios de pequeño propietario”.
Según denuncian los grupos antidesahucios, las medidas tomadas dejan fuera las situaciones de vulnerabilidad que no se pueden demostrar sobrevenidas por la crisis derivada del Covid-19 y los llamados desahucios por precario, en los que no se puede acreditar ser posesor de un título de arrendamiento. Esto último afecta a multitud de situaciones (como los alquileres compartidos) y es el caso de la familia de Mariana, ya que el contrato de alquiler estaba en origen a nombre de su hermana.
Solo en los días hábiles comprendidos entre el 4 y el 30 de junio (únicos con actividad judicial normal durante el periodo) se ejecutaron en España 1.383 desahucios. En Barcelona, entre septiembre y octubre, se han producido 443 órdenes judiciales de desalojo.
Aún no se saben los números de desahucios del tercer trimestre pero, probablemente, serán terribles a pesar de las medidas decretadas por el gobierno. Este viernes a las 7.30 h., si no llega antes un aplazamiento, el vecindario de Tetuán y Madrid está convocado para oponerse a que Mariana y sus tres hijos sean otro número anónimo en una estadística que pone en duda el concepto de justicia social en medio de una de las mayores crisis sociales de los últimos años.
ACTUALIZACIÓN: Finalmente, el desahucio se llevó a cabo en el segundo intento, con un gran despliegue policial. Mariana y su familia han sido trasladadas a un albergue donde, de momento, podrán permanecer una semana.
ABRIENDO EL ENFOQUE
La realidad es poliédrica. El trasfondo de este artículo es la campaña en curso de la PAH y otros colectivos que trabajan por el derecho a la vivienda digna sobre los desahucios por precario y otros agujeros del actual decreto gubernamental, destinado a eliminar los desahucios sin alternativa en tiempos de Covid. El foco está puesto en el caso del desahucio de una familia precaria, a decir del informe de Servicios Sociales al que hemos tenido acceso, y la forma en cómo un grupo de vivienda afronta su caso. Pero hay, por supuesto, otras personas perjudicadas de una situación tan extrema y desagradable como es siempre un desahucio. En este caso una persona mayor, la propietaria del piso, que se ha visto privada de rentas de alquiler y del uso de la vivienda. Son diferentes partes enfrentadas y, sin embargo, víctimas de una misma situación de emergencia social y habitacional. Ambas situaciones podrían beneficiarse, tal vez, de las soluciones de la Administración dispusiera para paliar estas crisis.