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Opinión - Cada día un Vietnam. Por Esther Palomera

El Supremo confirma la condena de cárcel del líder de una fundación vinculada a las falsas apariciones de El Escorial

Amparo Cuevas, autoproclamada vidente en la localidad madrileña de El Escorial, falleció en agosto de 2012. Dejó para la historia decenas de supuestas apariciones y comunicaciones de Dios a través de su boca, pero también varias causas judiciales. Una de ellas fue la que declaró que su capilla fue construida ilegalmente en suelo protegido en la sierra de Madrid y la otra, recién dictada por el Tribunal Supremo, la que ha confirmado cuatro años y tres meses de cárcel al presidente de una fundación ligada a su entramado por usarla para esquivar a Hacienda.

Se trata de la Fundación Benéfica San Andrés, creada e inscrita en 2005 con un capital social de 30.000 euros. Al frente, en calidad de presidente, estaba el condenado Cándido Martín. En la nómina de vicepresidentes estaba Pedro Besari, considerado portavoz de la vidente. En la lista de movimientos económicos de la Fundación, recogida por la Justicia, están la Fundación Benéfica Virgen de los Dolores y la Asociación Pública de Fieles Reparadores, igualmente vinculadas a la vidente y su entorno.

Los jueces definen este ovillo de fundaciones y asociaciones como un “entramado” con la misma sede en la Avenida Carlos III de El Escorial, con las mismas personas físicas como autorizadas en las cuentas y unos patronatos prácticamente idénticos. “Se trataba de cambiar bienes y dinero de una a otras fundaciones sin mayor sentido ni control”, dijo una inspectora de Hacienda sobre este juicio.

Un proceso judicial que giró en torno a Cándido Martín y el uso que dio durante años a esta Fundación Benéfica San Andrés, ajeno a la religión y cercano al mundo inmobiliario. Su objetivo cuando creó esta Fundación no era hacer ninguna labor social o benéfica sino seguir “en la actividad de promoción inmobiliaria de compraventa de terrenos” que había desarrollado hasta ese momento a través de tres empresas distintas, pero con un ahorro fiscal importante al hacerlo a través de una fundación.

El Tribunal Supremo declara probadas en firme estas compraventas de terrenos en varios lugares de España. Fincas en Tarancón (Cuenca), Camino Viejo de Tornadizo y Valle de Amblés (Ávila) y la calle Alcalá de Madrid. Todo entre los años 2005 y 2007 dejando de pagar un total de siete millones de euros por el Impuesto de Sociedades.

Mientras la Fundación se dedicaba al negocio inmobiliario, según el Supremo “nunca desarrolló actividad directa de interés general” y todas sus donaciones iban a parar a “entidades y fundaciones íntimamente vinculadas”. Por ejemplo, a la Fundación Benéfica Virgen de los Dolores, que está detrás de Prado Nuevo y el conglomerado creado en torno a las supuestas apariciones que Amparo Cuevas afirmaba ver y canalizar. También, ente otras, la asociación de seglares reparadoras Amor, Unión y Paz, surgida de la Asociación de Fieles Reparadores de la Virgen de los Dolores, fundada por Cuevas y que también recibió dinero.

Un “puro instrumento defraudatorio”

El Tribunal Supremo rechaza el último recurso de Cándido Martín y confirma la condena que le impuso la Audiencia de Madrid: cuatro años y tres meses de cárcel, además de 7.650.000 euros de multa y siete millones más de indemnización a Hacienda por tres delitos contra la Hacienda Pública. La sentencia implica, por tanto, su entrada obligatoria en prisión.

La Fundación Benéfica San Andrés, concluyen los magistrados del Supremo, no era una fundación benéfica sino un “puro instrumento defraudatorio” usada por Martín para “acogerse a un régimen fiscal privilegiado, eludiendo así el pago del Impuesto de Sociedades que correspondía por la actividad societaria efectivamente realizada desvinculada de todo fin social”.

 “La Fundación Benéfica San Andrés no era tal cosa”, dice el Supremo. “Era una entelequia, como la define el tribunal de instancia. Un desnudo instrumento de juridificación de una actividad onerosa de compra y venta de inmuebles creada para defraudar a la Hacienda Pública”.