El Supremo confirma la nulidad de la venta de 3.000 viviendas sociales a un fondo buitre por parte de la Comunidad de Madrid

El Tribunal Supremo ha rechazado el recurso presentado por la Comunidad de Madrid contra la resolución del pasado noviembre que anuló la venta de 3.000 viviendas sociales a un fondo buitre que el Gobierno de Ignacio González (PP) llevó a cabo en 2013 por 201 millones de euros, ha adelantado La Información y confirmado en un comunicado fuentes jurídicas. El Alto Tribunal confirma así la nulidad de la venta de estos pisos sociales.

En un auto fechado el 29 de noviembre, los jueces de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo inadmitieron los recursos presentados tanto por la sociedad Azora Gestión S.L. como por la Comunidad de Madrid bajo el argumento de que estos recursos no tenían interés casacional para la formación de jurisprudencia, que es requisito indispensable para que esta Sala determine o no la admisión de un recurso. El tribunal ha rechazado ahora el nuevo recurso de la Comunidad de Madrid.

Esta resolución del Alto Tribunal es consecuencia del procedimiento que inició en agosto de 2013 Rachid Bouikou, uno de los afectados.El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 29 de Madrid le dio la razón en mayo de 2018 y que anuló tanto enajenación de las 32 promociones, como la trasmisión del contrato de arrendamiento de su vivienda a Encasa Cibeles, sociedad participada por Azora y Goldman Sachs, que ejerce como gestora del parque de viviendas. Un año después, en mayo de 2019, el TSJM confirmó esta decisión al desestimar los recursos tanto de la Administración regional como de Azora.

La Sala Tercera del Alto Tribunal inadmitió a trámite los recursos presentados por la Comunidad de Madrid y la sociedad Goldman Sachs Azora que resultó adjudicataria de esas viviendas contra el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que el pasado junio declaró nula esta operación. El 3 de marzo, según la resolución del Supremo, se vuelven a desestimar los recursos del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso.

El Gobierno de la Comunidad de Madrid capitaneado por Ignacio González despojó en 2013 al antiguo Instituto autonómico de la vivienda (IVIMA) de 2.935 viviendas del plan Joven, 3.084 garajes, 1.865 trasteros y 45 locales. Vendió todos estos inmuebles que eran hasta entonces de titularidad pública al fondo de inversión Goldman-Sachs Azora por 210 millones de euros.

Estos inmuebles, la mayoría de uno y dos dormitorios con un máximo de 70 metros cuadrados de superficie, pertenecían al Plan Joven del Instituto de la Vivienda de Madrid. Según un informe de la Cámara de Cuentas, que es el órgano fiscalizador de la Comunidad de Madrid, las 32 promociones tenían un valor neto contable de 300 millones de euros. La operación, por tanto, dio lugar a la “contabilización como pérdidas” de 98,1 millones de euros por la diferencia entre el precio que pagó Goldman Sachs Azora y lo que figuraba registrado en los libros de contabilidad.

La travesía no termina aquí. Se abre un “largo proceso”, según las defensas de los afectados, para revertir la operación del Gobierno de González. Recuerdan que el fondo buitre ha vendido muchas de las viviendas a terceros y otros muchos inquilinos han sido desahuciados.