El Tribunal Supremo ha anulado la primera gran medida que Isabel Díaz Ayuso tomó de la mano de Vox tras su aplastante victoria en las elecciones de 2021: el asalto a la dirección de Telemadrid. Según ha sabido elDiario.es, la sala de lo social ha confirmado que el despido del antiguo director de informativos de la cadena, Jon Ariztimuño, fue improcedente y que el periodista, ahora en Televisión Española, debe ser indemnizado. El despido fulminante de Ariztimuño es el primero que llega a manos del Supremo después de que los tribunales hayan declarado que otras salidas forzosas de distintos cargos del ente público madrileño también fueron ejecutadas de forma irregular por la nueva dirección de Telemadrid.
La reforma de Telemadrid fue la primera acción del tándem de Partido Popular y Vox después de los comicios de mayo de 2021. Una medida que puso la cadena de televisión en manos de José Antonio Sánchez, expresidente de RTVE y responsable de un ERE que se llevó por delante a 860 trabajadores del ente público madrileño y que el Supremo declaró improcedente. El primer paso, después del cese de José Pablo López como director general, fue sacar de los despachos de Pozuelo de Alarcón a la dirección y cargos intermedios que habían llegado en 2015 fruto del acuerdo del PP de Cristina Cifuentes y Ciudadanos.
Recibió la carta de despido el hasta entonces director de informativos pero también el adjunto al director, la jefa de Nuevos Proyectos o el director general de Contenidos Audiovisuales, entre otros. El motivo era el mismo en todos: tenían un contrato de alta dirección y su estancia en Telemadrid estaba ligada a la del ya desaparecido José Pablo López. Ese mismo argumento se volvió en contra de la nueva dirección cuando los afectados llevaron su caso a los tribunales: aunque tuvieran contratos de alta dirección tenían una relación laboral ordinaria con la televisión pública y sus despidos eran improcedentes. Debían ser readmitidos o indemnizados con miles de euros.
Según ha podido comprobar elDiario.es, la sala de lo social del Tribunal Supremo acaba de declarar firme la improcedencia del despido del exdirector de informativos, Jon Ariztimuño, que tras su salida de Telemadrid llegó a Televisión Española después de ser el candidato mejor valorado en un proceso de selección abierto por la propia RTVE. Los jueces han rechazado el último recurso de la cadena pública madrileña, que buscaba comparar el caso de su exdirector de informativos con el de una directiva de un hospital canario despedida a finales de la década de los años noventa.
El auto del Supremo, de este mes de septiembre, rechaza los argumentos de Telemadrid porque intentaba comparar supuestos “distintos” para buscar el aval judicial al despido de Ariztimuño. En su caso, el Tribunal Superior de Madrid fue contundente al afear que la cadena pública hubiera integrado a “todo tipo de cargos intermedios” bajo el “paraguas” de la alta dirección cuando, en realidad, no eran altos directivos de la cadena y no podían ser despedidos sin más.
En su caso, los jueces también constataron que Ariztimuño no fue despedido el día en que guardó sus cosas en una caja y se fue, sino cuando se prescindió del director general unos días antes, pagando menos dinero en su finiquito. “Curiosa tesis de la empleadora de todas maneras que decide unilateralmente cuándo tiene que dejar de pagar su retribución, con independencia si ha notificado la extinción contractual y dándole un carácter retroactivo”, reprochó el TSJ de Madrid en una sentencia revelada por este periódico el pasado mes de diciembre.
Telemadrid recurrió sentencias desfavorables por estos despidos y está por ver si el Tribunal Supremo avala más en los próximos meses. En segunda instancia, los argumentos de los jueces de lo social fueron muy similares: “La relación que unía al demandante con la demandada era de carácter común y su extinción constituye un despido improcedente”, decía una de estas resoluciones. En este proceso, además, Telemadrid es condenada en costas a pagar hasta 300 euros.
Una televisión pendiente del Constitucional
La purga ejecutada por José Antonio Sánchez, cuyos efectos prácticos sanciona el Tribunal Supremo, vino acompañada de una reforma que Isabel Díaz Ayuso consiguió aprobar con la abstención de la ultraderecha. Entre otras alegaciones, la presidenta regional afirmó que mantener Telemadrid cuesta “casi dos Zendales por legislatura”. Ese año el ente público madrileño cerró sus cuentas con superávit y desde la llegada de la dirección saliente su audiencia llegó a repuntar un 25% con respecto a la etapa anterior.
Esa reforma está en manos del Tribunal Constitucional. Durante su aprobación, la oposición de la Asamblea de Madrid denunció que Isabel Díaz Ayuso buscaba regresar a la “época oscura” de Esperanza Aguirre en lo relativo a la dirección de la cadena pública de televisión y radio. El control definitivo del ente público llegó este año cuando, nuevamente con la ayuda de Vox, el PP sacó adelante una segunda reforma por la vía de urgencia para poder nombrar a un director general definitivo en Telemadrid.
Diversos puntos de estas sucesivas reformas han sido llevadas ante el Tribunal Constitucional por parte de la oposición. El PSOE, por ejemplo, recurrió la tramitación de urgencia o de lectura única que se ha utilizado para impulsar estas dos normas que, según ha denunciado la oposición en diversas ocasiones, ha servido para que el ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso controle la dirección el ente público. Los recursos fueron admitidos a trámite hace un año por el tribunal de garantías y están pendientes de sentencia.