No habrá más bodas en La Quinta de La Muñoza. El Supremo ha obligado a poner fin a la celebración de eventos multitudinarios en un espacio ambientalmente protegido tras trece años de pleitos judiciales, políticas de hechos consumados y cambios legislativos ad hoc impulsados por los gobiernos del PP en la Comunidad de Madrid para blindar la actividad de la finca.
El espacio, incrustado en el Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares, es propiedad de la Fundación A la Par, creada en 1990 por Carmen Cafranga, una de las condenadas por las tarjetas black. La entidad, que respondía hasta 2017 al nombre de Carmen Pardo-Valcarce y ahora está presidida por la hija de Cafranga, Almudena Martorell, se dedica a la integración laboral de las personas con discapacidad y empezó a gestionar el negocio de bodas, a través de una S.L participada por ella (Higueras del Tambor S.L), con una licencia para “actividades educativas” de formación.
La finca se compone de un palacete, que inicialmente era un chalé y se amplió sin licencia de obras, y una carpa de 600 metros cuadrados que obtuvo un permiso de la Comunidad de Madrid para estas “actividades educativas”, permitidas en el suelo del parque, pero no para bodas. Ahora, el Alto Tribunal anula una segunda calificación urbanística concedida en 2013 por la administración regional –con Ignacio González como presidente– para, ya sí, la celebración de eventos en el palacete porque se concedió sobre una edificación modificada sin licencia que no “puede destinarse a usos distintos de los contemplados en el plan”.
La sentencia es firme después de que el Supremo haya inadmitido los recursos de la Comunidad de Madrid, de la Fundación Carmen Pardo-Valcarce y de la empresa que gestiona la finca, Higueras del Tambor S.L, y zanja trece años de sentencias, licencias anuladas y legalizaciones a posteriori que han permitido la continuidad del negocio hasta hoy.
En el historial judicial y administrativo se aprecia una larga lista de cambios legales impulsados por los gobiernos de Esperanza Aguirre e Ignacio González y dirigidos a relajar las restricciones. Primero, se derogó un decreto que prohibía la emisión de ruido en espacios protegidos (2012) después de que el TSJM paralizara cautelarmente la actividad de La Muñoza por no tener licencia para equipos de sonido ni autorización para mantener la actividad en horario nocturno. Después se cambió la ley del Suelo para incluir dentro de los “usos que favorecen el desarrollo rural sostenible” los vinculados a la “celebración de actos sociales y eventos familiares de especial singularidad”.
Además, en 2013 se modificó la ley del Parque Natural de la Cuenca Alta del Manzanares para abrir las actividades permitidas, antes solo “educativas” a también las “de esparcimiento”. Con este cambio también se permiten las “instalaciones”, como la carpa de La Muñoza, donde ya se estaban celebrando bodas pero solo para “actividades docentes y divulgativas”.
Todo ello fue permitiendo la legalización de las actividades en la finca a posteriori. Ecologistas en Acción, la organización que recurrió la calificación de 2013 ahora anulada, describe un esquema repetido: sentencias, cambios legales y legalizaciones posteriores acogiéndose a esas modificaciones ad hoc. Los retoques a la ley del suelo y otras normas los realizaron los ejecutivos de Aguirre y González, dos personas con las que Cafranga mantenía relación. Era, de hecho, socia accionista de la esposa de González, Lourdes Cavero, en la casa de subastas Segre. También era cercana al matrimonio Aznar-Botella.
Prueba de esta vinculación es el auto del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que cortó el intento de la Comunidad de Madrid de anular las sentencias de 2013 sin ser parte del procedimiento judicial, iniciado por un particular aquejado del ruido y del trasiego de coches estacionados en un parking también construido. El TSJM desestimó el incidente de nulidad planteado por la administración regional por promoverse “con temeridad” con una pretensión “jurídicamente insostenible” y en defensa de un interés “netamente privado”. “En ningún caso público”, concluyó la justicia, que condenó a la Comunidad de Madrid a pagar en 2013 una multa de 600 euros por ello.
Una subvención para compensar el cierre cautelar
Pese al entramado descrito por Ecologistas, la justicia ya puso coto a la actividad en la Muñoza paralizándola cautelarmente durante seis meses en el año 2009. Las licencias del Ayuntamiento de Madrid y de la Comunidad concedidas ese año permitieron reanudar el funcionamiento, pero la fundación se aquejó de las pérdidas y solicitó una subvención para “el saneamiento financiero de los Centros Especiales de Empleo” de 300.000 euros que le fue concedida.
Así figura en su memoria económica de 2009: “Afortunadamente hemos podido paliar ”el golpe“ en base a una convocatoria a la que acudimos. Nos concedieron la cantidad solicitada para mantener los empleos de los trabajadores con discapacidad y para la amortización de deudas cuyo vencimiento era inasumible para la empresa”.
La Fundación A la Par confirma que el negocio sigue funcionando y asegura que, tras estudiarse la sentencia, “se cumplirá en sus estrictos términos”. La propiedad tiene un plazo de un mes para ejecutar “voluntariamente” lo dictado por los tribunales desde que se recibe la notificación de firmeza de la sentencia, procedente del TSJM.
La Consejería de Medio Ambiente, preguntada sobre el asunto, afirma que “se acatará la sentencia”, pero matiza que la “ejecución se lleva a cabo por los interesados”. “Si el promotor no la ejecuta, es el propio juez el que tiene que ordenarlo”, dicen fuentes de la cartera. Aunque los cambios legales que impregnan la biografía de esta finca se realizaron en gobiernos de Aguirre y González, el Ejecutivo de Cristina Cifuentes fue el último en recurrir, sin éxito, al Supremo.
Desde Ecologistas en Acción alertan de que el proyecto de ley del Suelo que se ha debatido en los últimos meses en la Asamblea, y que el PP piensa llevar a un pleno próximamente para ser aprobado aunque aún no tiene los apoyos cerrados, podría “legalizar” de nuevo la finca de La Muñoza. “En caso de aprobarse esta ley, la sentencia podría quedar en papel mojado y la repercusión sobre el medio rural sería muy negativa”, asegura la portavoz, María Ángeles Nieto, que alerta de cómo el proyecto amplía “los supuestos de legalización a las carpas” e incluye “actividades hasta ahora no permitidas”.