Los titiriteros que eran ETA: de ir a prisión por terrorismo a ser indemnizados por la prensa conservadora

Raúl García y Alfonso Lázaro son los protagonistas de uno de los procesos judiciales más polémicos de la última década. Encarcelados y acusados de enaltecer el terrorismo delante de un grupo de niños en una obra de títeres en el distrito madrileño de Tetuán, la Justicia nunca pudo probar las acusaciones que les llevaron a pasar varias noches en Soto del Real y, siete años después, ha reconocido su derecho a ser indemnizados por los periodistas que les insultaron. El Tribunal Supremo ha condenado al digital Okdiario y a su director, Eduardo Inda, a pagar 4.000 euros a cada uno por llamarles “proetarras” cuando la causa contra ellos ya se había archivado, una reparación similar a la que tuvo que pagarles Alfonso Rojo con su medio, Periodista Digital.

Los dos miembros de la compañía de títeres fueron detenidos por la Policía Municipal el 5 de febrero de 2016 mientras representaban una obra de marionetas titulada 'La bruja y Don Cristóbal' con su compañía, 'Títeres desde Abajo', en la que aparecía una pequeña pancarta con el mensaje “Gora Alka-ETA” en el marco de una denuncia contra la violencia policial y sexual. El juez Ismael Moreno, de la Audiencia Nacional, no tuvo dudas y les envió directamente a prisión provisional sin fianza porque según afirmó entonces “obviamente” esa pancarta podía suponer una justificación combinada de los terrorismos etarra y yihadista.

Semejante obviedad se diluyó muy poco tiempo después. La Fiscalía rectificó y pidió su puesta en libertad, el juez accedió y los dos abandonaron la cárcel de Soto del Real tras cinco días entre rejas, sin hacer declaraciones y entre una nube de cámaras. La obviedad desapareció del todo cuando cada una de las causas contra ellos quedaron archivadas: en las que estaban acusados de enaltecer el terrorismo y en las que se planteó la existencia de un delito de odio, también inexistente.

Todo el periplo penal duró menos de un año hasta llegar al archivo definitivo. Pero, para entonces, los dos titiriteros de Tetuán eran ya uno de los principales puntos de conflicto de la política local madrileña. Se convirtieron en arma arrojadiza contra el Ayuntamiento de Madrid, pero también en objeto de disputa interna en el ejecutivo de Manuela Carmena. Fue una polémica que recuperó otra anterior, pues sólo unos meses antes el concejal de Cultura, Guillermo Zapata, había tenido que dejar el puesto por unos tuits de humor negro publicados cuando ni siquiera era cargo público.

Mientras la oposición del PP acusaba al Consistorio de permitir que unos titiriteros ensalzaran a ETA delante de los niños, la propia alcaldesa Manuela Carmena llegó a denunciar a la compañía y cuestionó la actuación de su edil de Cultura, Celia Mayer. El PP presentó una denuncia por enaltecimiento del terrorismo, Ciudadanos habló de “apología del terrorismo con menores” y la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) inició su propia querella.

Antes y después del archivo de todas las causas, los dos titiriteros fueron fijos durante días en las portadas de la prensa conservadora. A veces para informar sobre el caso y a veces para cargar contra el Ayuntamiento de Madrid. Dos medios de comunicación digitales se refirieron a ellos como “proetarras”, “facinerosos” o “titirietarras”. Ahora, el Tribunal Supremo ha condenado a uno de ellos, Okdiario, y a su director a pagar 4.000 euros a cada titiritero por referirse así a ellos cuando ya no estaban acusados de terrorismo. Una sentencia similar a la que condenó hace un año a Alfonso Rojo y Periodista Digital a pagar 3.000 euros a cada uno por usar esas expresiones.

Los dos titiriteros demandaron por la vía civil al periódico de Eduardo Inda por más de una veintena de informaciones en las que se referían a ellos con esos términos, llegando incluso a relacionarlos sin pruebas con una asociación cercana a los presos de ETA. En primera instancia un juzgado desestimó la petición, pero la Audiencia Provincial de Madrid reconoció sendas indemnizaciones de 15.000 euros por vulneración del honor.

Como ya sucedió en el caso de Rojo y Periodista Digital, la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha rebajado las indemnizaciones que Okdiario y su director deben pagar a los dos titiriteros: 4.000 euros por cabeza. La sentencia, a la que ha tenido acceso elDiario.es, diferencia entre los titulares que les llamaron “proetarras” cuando todavía estaban imputados por terrorismo y los que insistieron en hacerlo cuando la causa ya había sido archivada.

En el primer caso, los jueces entienden que el periódico digital no emitió informaciones inveraces porque, en ese momento, sí estaban imputados por enaltecimiento del terrorismo. Pero en informaciones posteriores, cuando ya estaban exonerados, “no cabe apreciar la concurrencia del requisito de la diligencia profesional”, dicen los jueces. Usaron un término “sin duda en sí mismo oprobioso y acreedor de reproche social” que atentó contra el honor de los titiriteros.

El “sensacionalismo” de una noticia de Okdiario que se refería a ellos con ese término, dice el Supremo, es “determinante” para considerar que deben ser indemnizados. También reprochan los jueces que en otra noticia del digital se afirmase falsamente que durante la obra infantil de títeres se lanzaron “vivas a ETA”, lo que definen como “afirmaciones inciertas o inveraces”. También reprocha al propio Inda que no dijese la verdad en La Sexta Noche cuando afirmó que uno de ellos pertenecía a una asociación cercana a los presos de ETA.

Esta sentencia es la segunda resolución firme en la que el Tribunal Supremo reconoce una indemnización para los titiriteros de Tetuán, no por los cinco días que pasaron entre rejas sino por todas las veces en las que fueron llamados “proetarras” cuando ya nadie les acusaba de enaltecer el terrorismo. En total, 7.000 euros para cada uno entre Okdiario y Periodista Digital con sus respectivos directores pagando de forma solidaria, además de la obligación de publicar su condena en sus medios “con su misma relevancia por término de una semana”.

“Es para hacer una reflexión como sociedad”

Han pasado casi ocho años desde ese auto de la Audiencia Nacional que les envió durante cinco días a prisión provisional sin fianza, acusándolos no solo de enaltecer a ETA y a Al-Qaeda sino de tener una libreta anarquista ligada a la fallida operación Piñata y de ahorcar un muñeco de un juez en la obra. Jaime Montero, su abogado desde el primer minuto leyó en directo en la radio el auto que les ponía en libertad. “Es para hacer una reflexión como sociedad, y los periodistas”, explica ahora en declaraciones a elDiario.es.

El letrado lamenta que las indemnizaciones del Supremo no alcancen a esas informaciones que también se referían a ellos como “proetarras” cuando estaban imputados pero ni siquiera habían sido juzgados. “Lo que hace el Supremo es ventilarse la presunción de inocencia”, reflexiona, extendiendo ese efecto a los medios de comunicación “a la hora de tratar las noticias”.

Para Montero, el de los titiriteros de Tetuán fue “el primero de los casos de lawfare contra Podemos”, en un contexto en que el caso fue usado como arma contra uno de los entonces denominados “ayuntamientos del cambio”, amparados, entre otros, por el partido que entonces dirigía Pablo Iglesias. “Esos cinco días en prisión no son entendibles si no se vinculan con esa circunstancia, con ese gobierno, y es importante resaltarlo ahora que los jueces se hacen cruces con este tema”, explica.

Para el abogado, tanto la orden de prisión como toda la investigación del caso fue “un auténtico esperpento sin base jurídica real”. Todo por una obra que, recuerda, “criticaba precisamente el empleo espurio de los tribunales contra los movimientos anarquistas, una obra con autoprofecía”.

Ellos se vieron envueltos “en una guerra política y mediática” y los medios condenados a indemnizarles “fueron parte”, denuncia el abogado. “Es impresionante ver los telediarios, las noticias de Antena 3 o Telecinco... No se emplearon términos tan gruesos pero es impresionante ver cómo se abrieron los telediarios, dándole un tratamiento de haber detenido a dos etarras después de cometer un atentado, una hipérbole que solo se explica por su posible utilización política”, sentencia.