La guerra por 230.000 toneladas de basura: un nuevo enfrentamiento entre Garrido y Carmena en año electoral

Uno de los cuatro grandes vertederos de Madrid, el de Alcalá de Henares, está al borde de su capacidad. Su vida útil acaba en marzo de 2019 y todavía no hay un plan para llevar esas 230.000 toneladas de residuos al año a otra parte, pese a que su cierre estaba programado desde hace años. La nueva planta pensada para recoger la basura de 650.000 vecinos y vecinas de 31 municipios que ya no pueden ir a Alcalá, ubicada en Loeches y objeto de una fuerte oposición vecinal, aún no tiene ni permiso de edificación y ninguno de los demás vertederos de la región (Colmenar Viejo, Pinto y Valdemingómez) quiere hacerse cargo de esos residuos.

Así que, en pleno año electoral, Madrid libra una nueva guerra política, esta vez por las basuras, un capítulo más de la larga lista de enfrentamientos de la Comunidad y del Ayuntamiento (la administración local gestiona Valdemingómez). El conflicto evidencia además que el cambio de modelo de gestión de residuos es un asunto urgente al que las instituciones no han prestado suficiente atención.

Ahora que la primera colmatación de un vertedero fuerza a actuar de inmediato, la Comunidad de Madrid ha aprobado un plan regional que obliga a algo más que enterrar la basura en vasos amontonados sin tratamiento. La Estrategia de Gestión Sostenible de Residuos (2017-2024), dotada con 448 millones de euros, llega con dos años de retraso –la última comprendía el periodo entre 2006 y 2016– y adapta la estrategia madrileña a la exigida por Europa para avanzar en el modelo de la economía circular. El objetivo de alcanzar cero residuos, sin embargo, está aún muy lejos.

La Comunidad de Madrid no tiene competencias directas en los vertederos, aunque el Gobierno regional sigue siendo el responsable que firma las autorizaciones ambientales. La expresidenta regional Esperanza Aguirre se deshizo de las competencias generales transferidas por el Estado y las traspasó a una nueva figura, las mancomunidades: agrupaciones de municipios que deciden y votan sobre la gestión de residuos. Unas competencias cedidas vía decreto que no fueron acompañadas de financiación, recuerda Enrique Villalobos, presidente de la Federación regional de asociaciones vecinales de Madrid (FRAVM).

“A la vez que plantearon las mancomunidades redujeron la financiación a los municipios. Eso, unido a la crisis, ha provocado una paralización de los avances en la gestión de residuos de una década”, asegura por otra parte Jesús Pérez, de la Comisión de Residuos de Ecologistas en Acción. La nueva estrategia recupera la financiación al 50% de la Comunidad de Madrid; la otra mitad queda en manos de las Mancomunidades. Y en los casos de municipios pequeños (de menos de 1.000 habitantes) la recogida de residuos domésticos se cubre al 100% con fondos regionales.

La Mancomunidad del Este, entidad que gestiona el vertedero de Alcalá de Henares, se ha negado a ampliar la vida útil de su colector a unos meses de las elecciones, según comunicó su presidente –el alcalde socialista del municipio, Javier Rodríguez Palacios– al Gobierno regional en varias cartas enviadas en los últimos meses. Pinto está en una situación similar y su fecha de cierre, prevista para finales de 2019, se terminará dilatando. Y Colmenar acaba de aprobar la apertura de un vaso más pese a la oposición vecinal.

El Gobierno regional de Ángel Garrido amenaza con “actuar si existe una alerta” tras años sin planificación ni estrategia y carga contra la inacción de la Mancomunidad del Este, a quien culpa de que la estructura de Loeches no esté lista a tiempo. “Esto hay que preguntárselo al presidente de la Mancomunidad del Este, que no ha tomado en esta legislatura las medidas necesarias. Si el Complejo de Tratamiento de Loeches se va a retrasar es porque la Mancomunidad no lo ha previsto con antelación”, aseguran fuentes de la Consejería de Medio Ambiente a eldiario.es.

La última salida propuesta por la administración regional pasa por trasladar los residuos a la planta de Valdemingómez, gestionada por el Ayuntamiento que dirige Manuela Carmena. El consejero de Medio Ambiente, Carlos Izquierdo, envió el pasado 26 de noviembre una carta a su homóloga en el Ayuntamiento de Madrid, Inés Sabanés, preguntando por la “posibilidad de traslado provisional” de las 230.000 toneladas de residuos de la mancomunidad del Este del vertedero de Valdemingómez. La negativa de Sabanés a acoger los residuos ha provocado un desencuentro más entre los dos gobiernos autonómico y municipal. Desde el Consistorio de la capital alegan que hacerlo “choca con la ambiciosa políticas de residuos que ha iniciado el Ayuntamiento”, aseguran desde el área que dirige Sabanés.

El vertedero de Valdemingómez ha recibido este año 1,3 millones de toneladas de residuos. El Ayuntamiento de Madrid trabaja en un plan para cerrar la incineradora de residuos en 2025, y antes reducir la incineración a la mitad en 2022. La estrategia de residuos del Consistorio se ha encaminado a mejorar las tasas de recuperación de materiales y un mejor aprovechamiento de los recursos recuperados. El proyecto municipal tiene un presupuesto hasta 2022 de 1.554 millones de euros.

El vertedero de Valdemingómez lleva a cabo el ciclo completo de recogida y tratamiento de los residuos desde el origen, separando también el orgánico e incrementando el compostaje. El objetivo: aumentar la cantidad de materiales reciclables recuperados y reducir la disposición final en el vertedero. La estrategia, por tanto, se basa en reutilizar el máximo posible de los residuos, algo que no sucedería si asumiera las más de doscientas mil toneladas de basuras de la Mancomunidad del Este, que no realiza ese tratamiento, aseguran desde el área de Medio Ambiente del Gobierno de Carmena.

“La entrada de residuos en condiciones diferentes a las existentes anulará la efectividad y eficiencia de las medidas prevista”, alertan desde el Ayuntamiento de Madrid, que estima que hacerse cargo de los residuos reducirá la vida útil del vertedero de Valdemingómez en un año.

En esta misma tesis está Jesús Pérez, de Ecologistas en Acción, que asegura que “trasladar los residuos a Valdemingómez rompe con la implantación de un modelo distinto” encabezado por el Ayuntamiento de Madrid.

Los vecinos de Puente y Villa de Vallecas, en contra

Pero el problema “va más allá”, señalan fuentes municipales. Los vecinos de los distritos colindantes con la planta de Valdemingómez (Puente de Vallecas, Villa de Vallecas, Vicálvaro...) llevan más de una década quejándose de los olores del vertedero dada su proximidad. Las medidas adoptadas por el Consistorio, además de cumplir con la normativa europea, han ido encaminadas a paliar estas molestias, y asumir más basura, en este caso sin tratar, “solo agravaría el problema”, defienden desde el Ayuntamiento de Madrid. “Si no se hace una separación de la materia orgánica, el olor de la materia orgánica en descomposición se intensifica”, defiende Villalobos (FRAMV).

“El vertido de una mayor cantidad de residuos de los que se desconoce la composición y tipología supondría una merma de la capacidad de gestión del complejo de Valdemingómez; un incremento de vertido en más de un 20% reduciría la vida útil del vertedero en más de un año”, aseguran desde el Ejecutivo de Ahora Madrid. Por otro lado, la entrada de materiales no bioestabilizados ocasionaría problemas de olor en el entorno y, además, de acuerdo con los cálculos realizados, los posibles ingresos estarían por debajo del coste de gestión, por lo que ocasionaría un grave perjuicio económico al Ayuntamiento de Madrid“, añaden.

Este nuevo enfrentamiento con la Comunidad de Madrid llegó el pasado jueves al Pleno municipal, tras una propuesta de Ciudadanos. Todos los grupos –Ahora Madrid, PSOE y Ciudadanos– a excepción del Partido Popular, rechazaron que Valdemingómez asuma los residuos de los 31 municipios del Este, con varios alcaldes de esos ayuntamientos como testigos en la tribuna de público.

El concejal de Ciudadanos Sergio Brabezo abogó por “proteger los intereses de los madrileños” para evitar que la capital “se convierta en el vertedero de la Comunidad de Madrid”. Una posición que compartieron PSOE y Ahora Madrid y que el partido en la Asamblea también apoya. La Consejería de Medio Ambiente dice que la posición de Ciudadanos “es meramente electoralista”.

Sabanés recordó durante el Pleno municipal que Madrid “es la única ciudad de la Comunidad que hace el ciclo completo (recogida, eliminación y tratamiento)”. Para Enrique Villalobos, presidente de la federación de vecinos, aún hay tiempo para que el vertedero de Alcalá se sume a esta forma de tratar los residuos para poder así “alargar su vida útil”. Este periódico se ha puesto en contacto con la Mancomunidad del Este sin éxito.

Recursos y oposición vecinal a la planta de Loeches

Para Ecologistas en Acción, “esto es un problema que va más allá de lo ambiental”. “Que la colmatación iba a llegar se sabía desde hace años. Se ha querido que llegáramos a esta situación límite para que se tenga que aceptar cualquier cosa por la urgencia”, sostiene Jesús Pérez, de la Comisión de Residuos de la organización ecologista. Pérez señala como responsables a la Mancomunidad del Este y también a la Comunidad de Madrid y recuerda que “aún hay recursos pendientes por resolver sobre la planta de Loeches”. Uno de ellos, de Ecologistas en Acción.

El proyecto para levantar una planta de reciclaje de 57 hectáreas en las proximidades del municipio de Loeches ya tiene licencia para remover la tierra pero no aún de edificación, pese a que los planes iniciales pasaban por cerrar Alcalá a la vez que se abría Loeches. La planta, dotada de tecnologías de tratamiento más avanzadas de las que existen en el resto de vertederos, no estará en marcha hasta 2020 y sigue siendo foco de una fuerte oposición vecinal. El pueblo constituyó la plataforma No al Macrovertedero Sí Residuo Cero para intentar pararla. El Ayuntamiento de Loeches (PP) también trató de frenar su construcción y, aunque finalmente todo apunta a que saldrá adelante, la movilización logró parar la idea primigenia de incluir en las instalaciones una incineradora.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid desestimó en junio de 2017 el recurso del Consistorio contra el acuerdo del Consejo de Gobierno regional de 2016 que aprobaba el plan especial para la construcción del vertedero. En el recurso, la administración local subrayaba que el municipio ya tenía sobre sus hombros otras cargas supramunicipales como “la planta de lodos del Canal de Isabel II, el sobrevuelo de los aviones de barajas o la subestación de red eléctrica”, según El País.

Más allá de este frente judicial, los ecologistas cuestionan la transición de modelo propuesta por la Comunidad de Madrid. “La directiva europea obliga a separar la materia orgánica en origen antes de 2023 y la estrategia regional establece esa fecha. No antes”, señala Pérez. Loeches tendrá una planta que cribe los materiales para el reciclaje, de manera que puedan separarse los metales, los plásticos y el papel; y también tratar la materia orgánica. “Los residuos pasarán por un tratamiento mecánico y biológico que, sin embargo, permite recuperar poco. La eficiencia de la plata es baja, cumple con los estándares europeos pero es baja. Estamos muy lejos del objetivo residuo cero”, sentencia el experto.

En los próximos meses, los municipios y la Comunidad de Madrid tendrán que resolver sin más margen de demora este conflicto, que ha creado un nuevo desencuentro entre la administración Garrido y la de Carmena. Los ecologistas vaticinan que la solución más factible en una situación límite como esta es aumentar la capacidad de Alcalá de Henares, lo que supone por otra parte “reproducir durante más años un modelo de gestión” sin tratamiento. La solución no será sencilla: en plena precampaña ningún municipio quiere arriesgarse a recibir la basura de los demás. La factura política de los residuos puede salir muy cara.