La Inspección de Trabajo y Seguridad Social ha enviado un requerimiento a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid en el que pide que en el plazo máximo de un mes se ponga en marcha una “adecuada planificación preventiva para solucionar riesgos en los profesionales de atención primaria” que se encuentran en huelga indefinida desde el lunes, según ha informado El País y ha confirmado elDiario.es. Entre esos riesgos señala factores como la carga de trabajo, las demandas psicológicas o desempeño de rol.
En el documento remitido a la Consejería de Sanidad, al que ha tenido acceso este diario, Trabajo reclama al Gobierno dirigido por Isabel Díaz Ayuso que se resuelva cuanto antes “el nombramiento de responsables, de los recursos humanos y materiales para su ejecución, prestando especial atención a los centros de trabajo que de manera permanente o puntual tienen una carencia significativa de personal”. El plazo empieza a contar desde el 23 de noviembre.
El requerimiento se enmarca en un acuerdo alcanzado a finales de julio de 2022 con la Gerencia de Atención Primaria para establecer en las agendas de los profesionales de Atención Primaria límites de tiempo en las consultas. Según denuncian los sindicatos, la Consejería de Sanidad no ha firmado el mismo y se niega a cumplirlo.
Fuentes de departamento de Sanidad han explicado a elDiario.es que se trata de cuestiones que se estaban negociando y faltaba llevarlo a la Mesa Sectorial (donde están representados la Consejería y los sindicatos CC.OO., UGT, CSIT Unión Profesional, Amyts y Satse) pero se convocó la huelga de médicos y pediatras de Atención Primaria. “Faltaba llevarlo a mesa y convocaron la huelga”, defienden para justificar el incumplimiento de los compromisos.
El requerimiento de Trabajo viene de varios pasos anteriores. En junio de 2021, la Inspección de Trabajo propuso el inicio de una mediación con la Comunidad de Madrid ante la inexistencia de un cronograma de implantación de medidas preventivas y el 1 de diciembre de 2021 se firmó un acuerdo para abordar la carga de trabajo y “determinar unos ratios permanentes y límites que no deban nunca ser superados, trabajando toda la información disponible”, que debían estar determinados el 15 de marzo de 2022.
Después de esto, el 1 de julio de 2022 se llegó a un acuerdo que contemplaba el compromiso de iniciar la implantación de estas medidas el 1 de octubre de 2022, pero la Consejería de Sanidad no ha firmado el acuerdo ni implantado las medidas.
En el mismo se establecía un tiempo mínimo de consulta para pacientes sin cita de 10 minutos, limitaba los tiempos respecto a repartos en caso de ausencias a 10 minutos/paciente, a partir de las 48 horas de ausencia; fijaba un tiempo mínimo para atención domiciliaria de 30 minutos; y consolidaba la agenda asistencial en un máximo del 70% de la jornada laboral (300 minutos).
Exceso de pacientes, uno de los principales problemas
Uno de los principales problemas, y mayor escollo en la negociación, es el exceso de pacientes en las agendas de los profesionales. El comité de huelga reclama un máximo de 31 pacientes por consulta de Medicina Familiar y Comunitaria, con el objetivo de dedicar un mínimo de 10 minutos por paciente, y 21 pacientes para Pediatría, para un mínimo de 15 minutos por niño, mientras que la última propuesta de la Consejería pasa por 24 pacientes en el caso de los pediatras y 34 en el de los médicos.
Esta semana ha habido varios encuentros entre la Comunidad de Madrid y los médicos de familia y pediatras en huelga para tratar de llegar a un acuerdo, pero no ha habido pacto.
No ha sido hasta este martes cuando la presidenta de la Comunidad de Madrid reconocía por primera vez que son necesarios más médicos en los centros de salud y que no ofrece los incentivos suficientes como para frenar la fuga de residentes, además de las condiciones precarias de los sanitarios de Atención Primaria, que encadenan contratos temporales y hacen frente a una sobrecarga estructural. En este sentido, Ayuso proponía la implantación de un sistema que evite el exceso de citas en Primaria, terminar con la precariedad laboral e incentivos para los MIR de cara a retenerlos, pero tal y como recuerdan los sanitarios, todas esas cuestiones implican un aumento en los presupuestos regionales y, por el momento, el Gobierno regional no lo contempla.