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Tres años y medio de cárcel a un empresario de pisos turísticos que se beneficiaba de la prostitución de transexuales

La sede del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en una imagen de archivo

Alberto Pozas

17 de julio de 2022 21:36 h

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Un empresario del sector de los pisos turísticos en Madrid ha sido condenado a tres años y medio de cárcel por vender droga a personas que acudían a uno de sus apartamentos, donde se prostituían personas transexuales. El Tribunal Superior de Justicia de la capital ha confirmado su condena por delitos de tráfico de drogas y contra los derechos de los trabajadores, aunque ha sido absuelto de un delito de prostitución coactiva al no encontrar pruebas los jueces de que se estuviera aprovechando de la situación de las mujeres transexuales que, además, no estaban dadas de alta en la Seguridad Social.

Las sentencias del caso, a las que ha tenido acceso elDiario.es, explican que este empresario “se venía dedicando al negocio de la prostitución”. El negocio oficial es el alquiler de pisos turísticos en Madrid, tal y como se anuncia él mismo en diversas plataformas en las que oferta decenas de habitaciones en locales cercanos, entre otros enclaves de la capital, a la Puerta del Sol. En uno de sus apartamentos, varias decenas de personas, sobre todo transexuales, se prostituían y, además, se ofrecía cocaína y hachís a los clientes.

El caso llegó a oídos de la Policía Nacional cuando uno de los puteros denunció que había sido estafado. Acudió al local, pagó por mantener relaciones con una mujer transexual y por consumir droga; pero después se dio cuenta de que, tras pasar 24 horas semiinconsciente, le habían cobrado 16.000 euros. Esa denuncia dio origen a este proceso judicial contra el empresario también por la supuesta estafa.

Los agentes de la Policía Nacional entraron en el piso en noviembre de 2018 y encontraron varias bolsitas con cocaína y hachís en la caja de caudales del local. También comprobaron que en torno a la mitad de las personas que trabajaban para este empresario, tanto las que ejercían la prostitución como las que se dedicaban a otras ramas del negocio, no estaban dadas de alta en la Seguridad Social. Según varios testigos, allí había por lo menos 12 mujeres transexuales que se prostituían en el piso.

La Fiscalía llevó al empresario y a su pareja a juicio no solo por la venta de droga y el fraude laboral, sino también por la prostitución de estas mujeres transexuales, pidiendo hasta 11 años y medio de cárcel para él. La Justicia, sin embargo, ha entendido que no hay pruebas suficientes para demostrar que el condenado se estuviera aprovechando de su situación de vulnerabilidad para explotarlas sexualmente.

El caso acaba de ser sentenciado por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, aunque el empresario ha llevado su condena hasta el Tribunal Supremo: tres años y medio de prisión por un delito contra la salud pública y otro contra los derechos de los trabajadores junto con multas que suman 3.740 euros. La Fiscalía renunció a recurrir ante el TSJ de Madrid tanto su absolución por el delito de prostitución coactiva como la absolución del segundo acusado.

“No lo hacen por vocación o placer”

En la primera sentencia del caso, la Audiencia de Madrid cimentó la absolución del delito de prostitución tras escuchar los testimonios de una empleada y de una mujer transexual que se prostituía en ese piso y que no refirió ninguna situación de extorsión o de condiciones abusivas por parte del empresario. “No había situación ni de aprovechamiento de vulnerabilidad, tampoco se imponían condiciones gravosas, desproporcionadas o abusivas, tampoco había reglas impuestas, existiendo un ámbito de libertad en el ejercicio de la prostitución”, dijo la Audiencia de Madrid.

Es un razonamiento que ese tribunal acompañó de otra observación: “Obviamente casi todas las personas que se dedican a la prostitución lo hacen por necesidad económica, no por vocación o mero placer”. Pero no era posible condenarle por prostitución coactiva al no cumplirse los requisitos del delito aunque las mujeres lo hicieran de manera voluntaria: que la víctima estuviera en situación de vulnerabilidad o que se impusieran condiciones abusivas.

Ahora el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha confirmado su condena por el suministro de droga a los clientes y por tener a casi 20 empleados sin dar de alta en la Seguridad Social. El empresario alegaba que se dedica al negocio de los pisos turísticos desde 2006 y que él no sabía lo que pasaba en ese local: ni la prostitución ni el tráfico de drogas.

Los jueces contestan que, aunque no haya sido condenado por eso, el hecho de que se beneficiaba de la prostitución en ese piso es un “hecho ampliamente acreditado” y que forma parte del relato de hechos probados. Entre otras cosas porque todo el dinero que no se abonaba en efectivo y que se pagaba con tarjeta se hacía a través de datáfonos asociados a sus empresas y negocios. Existe, dice el TSJ de Madrid en una sentencia que ha podido examinar elDiario.es, un “demoledor resultado incriminatorio” contra él.

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