El PP de Madrid recrudece su ofensiva en los tribunales contra el Gobierno de Carmena
Un mes antes de la última de sus dimisiones, en abril de 2017, Esperanza Aguirre presumía de que la labor de oposición que ejercía el grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Madrid era “trascendental”, porque servía para mostrar a los ciudadanos madrileños el “carácter totalitario” del Gobierno de Ahora Madrid y de la alcaldesa, Manuela Carmena.
La lideresa del PP había mostrado el camino a sus compañeros de partido. Tras haber perdido el poder, después de 24 años de gobierno ininterrumpido en la capital, la oposición que Aguirre impuso a sus correligionarios fue feroz desde el primer día sin mayoría absoluta. Así ha sido durante todo el mandato, incluso después de que ella abandonase (por última vez) la primera línea política. En su objetivo de desgastar al Gobierno de Ahora Madrid, los tribunales han sido un escenario clave, el lugar, mucho más que el salón de Plenos, donde el PP ha librado sus grandes batallas contra el equipo de Carmena.
Los conservadores han iniciado numerosos procesos judiciales contra el Ejecutivo municipal, algunos desde las administraciones que gobierna o gobernaba, antes de la moción de censura del pasado mayo que sacó al PP del Gobierno central tras siete años de Mariano Rajoy como presidente.
El último pleito iniciado por el PP tiene como objetivo una de las medidas estrella del Gobierno de Ahora Madrid, un plan de movilidad para atajar la contaminación que reduce drásticamente el tráfico de paso, el más contaminante según los expertos, en la zona centro. De la oposición dialéctica en los medios que arrancó con Aguirre llamando “cochófoba” a la alcaldesa durante las primeras restricciones del tráfico en episodios de alta contaminación en el inicio del mandato, a los anuncios de grandes atascos y aglomeraciones en el transporte público que repiten ahora los dirigentes populares, se ha saltado de nuevo a los tribunales, donde los populares piden que se anule Madrid Central y, mientras los jueces no se pronuncien, unas medidas cautelares para evitar su puesta en marcha prevista para el próximo 30 de noviembre.
El grupo municipal popular ha recurrido ante el contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) el acuerdo plenario del 5 de octubre en el que se propuso la aprobación de la ordenanza de Movilidad Sostenible que regula Madrid Central y cuyas principales medidas entraron en vigor el 24 de octubre (salvo las limitaciones en la zona centro que arrancarán el primer fin de semana de diciembre. El recurso pide la suspensión de la ordenanza, que también reduce la velocidad de circulación y regula el tráfico de los patinetes eléctricos.
El PP sostiene que su implantación que regula Madrid Central tendrá “una indudable repercusión presupuestaria” que no se ha medido ni plasmado en ninguna memoria económica, según los argumentos plasmados en el recurso al que ha tenido acceso eldiario.es. Sus portavoces ponen como ejemplo la instalación de un “sistema de paneles a la entrada del Área Central de Cero Emisiones”, que los populares cifran en un coste un millón de euros.
El concejal-presidente del distrito Centro y también delegado de Economía y Hacienda del Ayuntamiento, Jorge García Castaño, asegura a eldiario.es que la dotación presupuestaria y la memoria económica para Madrid Central se aprobó este lunes junto al decreto que establece la entrada en vigor de la medida para el 30 de noviembre. Por eso cree que el recurso “tendrá poco recorrido”.
El recurso puede ser el primero de varios, sobre todo si se cumple la amenaza que el presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, lanzó hace unos días pidiendo que se parase la medida a cambio de no acabar también en los tribunales. La ofensiva del Gobierno regional contra las medidas de movilidad y anticontaminación se ha extendido también para el protocolo durante episodios de picos de polución. Garrido dio un mes a Carmena para anular la medida a cambio, de nuevo, de no acudir a los juzgados.
Las demandas contra ediles
El recurso contra Madrid Central se suma a una larga lista de querellas y más recursos contra decisiones del Gobierno de la ciudad de Madrid. La anterior tiene nombres propios: la concejal de Medio Ambiente y Movilidad, Inés Sabanés, y el gerente de la Empresa Municipal de Tansportes (EMT), Álvaro Fernández Heredia.
La querella contra Sabanés y Heredia por la municipalización de Bicimad llegó dos meses después de que el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, la anunciase. Para los populares, presuntamente se ha cometido malversación de caudales públicos porque el precio abonado de 10,5 millones de euros a Bonopark, empresa a la que la exalcaldesa Ana Botella concedió el servicio, es “lesivo” para las arcas municipales. “Se pagó un precio muy superior al real, generando un gasto inoportuno, inapropiado y excesivo”, defendió Almeida.
Antes que Inés Sabanés, ya hubo otros ediles de Ahora Madrid contra los que el PP ha interpuesto querellas. La primera vez fue contra Celia Mayer, cuando dos titiriteros acabaron en la cárcel tras representar la obra teatral La bruja y Don Cristóbal, y exponer el mensaje “Gora alkaeta”. El grupo municipal Popular denunció a la entonces concejal de Cultura por “colaboración en enaltecimiento del terrorismo y desprotección de menores”. La querella fue archivada.
Aunque sin duda, la denuncia que más ha acaparado los focos mediáticos ha sido la interpuesta contra los concejales Carlos Sánchez Mato y Celia Mayer. La juez de Instrucción número 21 de Madrid admitió a trámite la querella presentada por el grupo municipal Popular del Ayuntamiento de Madrid por malversación de caudales públicos, prevaricación y delito societario. El Partido Popular se querelló contra los ediles después de que éstos presentasen una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción por el contrato firmado entre el Gobierno de Alberto Ruiz Gallardón y los organizadores de Madrid Mutua Open de Tenis. La magistrada les citó a declarar “en concepto de querellados” por haber encargado dos informes jurídicos externos que sirvieron como base de la denuncia llevada a Anticorrupción y por los que el PP considera que cometieron los tres delitos mencionados.
Catalunya y comisiones de investigación
Desde fuera del ámbito municipal, el Partido Popular de Madrid interpuso otro pleito contra la cesión de un espacio municipal para que se celebrase un debate por el derecho a decidir en el marco del referéndum catalán declarado ilegal por el Tribunal Constitucional. El recurso tuvo el efecto que se buscaba y el juez José Yusty Bastarreche del Contencioso-administrativo de Madrid suspendió el acto. El Ayuntamiento defendió que se trataba de un acto enmarcado en la libertad de expresión, pero el magistrado siguió dando la razón al PP. eldiario.es desveló en exclusiva que Yusty Bastarreche se burló de la alcaldesa en un chat de jueces por no tener un “aspecto presentable”.
Los conservadores también llevaron a los tribunales la comisión de investigación sobre la deuda de Madrid que investiga su incremento durante los últimos gobiernos del Partido Popular. El PP en el Consistorio argumentó que la comisión tenía como único objetivo atacar a los Gobiernos populares y al partido. El juez de primera instancia les dio la razón y el Ayuntamiento ha tenido que trocear las causas para poder seguir investigándolas. Hasta este momento, se han sometido a fiscalización la venta de los pisos sociales a fondos buitre o los sobrecostes de las obras de la M-30.
También hubo amenazas de denuncia que nunca se materializaron. El caso más famoso fue cuando Esperanza Aguirre anunció que llevaría a los tribunales al Ayuntamiento por el cierre parcial de la Gran Vía durante el periodo navideño. “A los tribunales iremos seguro a denunciar esto, porque es inconcebible”, aseguró la exportavoz, que tachó la medida de “fundamentalismo medioambiental”. La denuncia nunca llegó.
Los recursos del Gobierno de Rajoy
Los litigios contra el Ayuntamiento de Carmena se han impulsado también desde instituciones gobernadas por los populares. Fue el caso de las obras públicas que paralizó cautelarmente la justicia en el marco de la guerra económica entre el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y el ya exconcejal de Economía Carlos Sánchez Mato por la regla de gasto.
La Delegación de Gobierno, con el visto bueno del Ministerio de Hacienda, interpuso un recurso contra las obras que el Ayuntamiento de Madrid estaba financiado con su superávit de más de 1.000 millones de euros a través de Inversiones Financieramente Sostenibles (IFS). El Ejecutivo local decidió acogerse a la disposición legal de los Presupuestos Generales del Estado que permite utilizar el remanente de tesorería del año anterior para hacer unas obras que había tenido que parar anteriormente por la regla de gasto cuando el Gobierno de Rajoy obligó a congelar más de 200 millones de las cuentas de 2017. El juez concedió unas medidas cautelares solicitadas por el PP y paralizó las obras. Finalmente, Hacienda y el Ayuntamiento llegaron a un acuerdo por el que el Consistorio acometía recortes en su plan económico a cambio de que el Gobierno retirase el recurso.
Otro recurso del Gobierno de Mariano Rajoy evitó por un tiempo que la Oficina municipal contra el fraude del Ayuntamiento de Madrid investigase casos de corrupción. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) paralizó cautelarmente tres artículos del reglamento de la Oficina Antifraude, impulsada por Carmena con el apoyo del PSOE, que inciden en la investigación de casos de corrupción y fraude que pudieran estar dándose en el presente o que se hayan producido en el pasado. El recurso también lo interpuso la Delegación de Gobierno, que dirigía entonces Concepción Dancausa y que dependía del Ejecutivo de Rajoy, argumentando que podía incurrir en duplicidades de competencias. Finalmente el TSJM falló a favor del Ayuntamiento y desbloqueó los artículos.
El último recurso de Delegación de Gobierno fue el que se interpuso contra el acuerdo alcanzado entre el Ayuntamiento de Madrid y los sindicatos para equiparar las condiciones de trabajo de los funcionarios y el personal laboral del Consistorio. La justicia dictó medidas cautelares y paralizó el acuerdo mientras toma una decisión.
La larga lista de escritos ante los juzgados ha dejado victorias para el PP pero también fracasos. Otras directamente siguen congeladas en los tribunales. Desde el Gobierno de Carmena consideran que “responde a la estrategia del PP de intentar extender la sospecha sobre todo para tapar sus múltiples casos de corrupción y mala gestión”.
Tras quedarse sin el Gobierno central, es ahora la Comunidad la que está haciendo la labor de oposición institucional al Gobierno de Ahora Madrid. Por primera vez, con Madrid Central la respuesta del Gobierno de Ahora Madrid ha sido apostar por el contraataque anunciando que llegarán hasta Bruselas si es necesario para defender la medida.
