Poco después de tomar posesión como presidenta de la Comunidad de Madrid tras su aplastante victoria del 4 de mayo, Isabel Díaz Ayuso sacaba adelante su primera ley con la ayuda de Vox: el asalto a Telemadrid. La reforma permitía sacar inmediatamente de los estudios a la dirección nombrada por su predecesora, Cristina Cifuentes, y terminó con una purga de un gran número de cargos directivos e intermedios en la cadena pública madrileña. Ahora, según ha sabido en exclusiva elDiario.es, los juzgados y tribunales están declarando improcedentes la mayoría de estos despidos y obligando a Telemadrid a readmitir o indemnizar a media docena de afectados, desde el entonces director de Informativos hasta la jefa de Nuevos Proyectos.
La reforma, cuya tramitación está actualmente pendiente de sentencia en el Tribunal Constitucional, puso el ente público madrileño en manos de José Antonio Sánchez y también supuso el punto final a la normativa que sacó adelante el PP con el apoyo de Ciudadanos en 2015. Apenas unos días después de su aprobación, el 16 de julio de 2021, las cartas firmadas por la nueva administración empezaron a llegar a los directivos y altos cargos enseñándoles la puerta de salida: “Le comunico que, con efectos de la fecha de dicho cese, queda extinguida a todos los efectos su relación laboral con Radio Televisión Madrid”. Ese es el texto que recibieron todos los despedidos desde la fecha del cese de José Pablo López como director general del ente público.
Varios de estos altos cargos y cargos intermedios de Telemadrid y Onda Madrid acudieron a los tribunales y, por ahora, tanto los juzgados de lo social como el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) les han dado la razón y han declarado que sus despidos fueron improcedentes, obligando al ente público madrileño a readmitirles o indemnizarles. En algunos casos estas resoluciones son firmes al no haber recurrido Telemadrid, pero otros casos sí han sido llevados al Tribunal Supremo por el ente público después de que una sentencia le haya sido parcialmente favorable, a diferencia del resto.
El argumento usado por los jueces es que muchos de ellos tenían un contrato de alta dirección –lo que esgrimió Telemadrid para echarles–, pero en realidad tenían una relación laboral común y eran, en todo caso, indefinidos no fijos. Esto es lo que sucedió, por ejemplo, en el caso de Jon Ariztimuño, entonces director de informativos de Telemadrid y ahora trabajando en Televisión Española después de ser el candidato mejor valorado en un proceso de selección abierto por la propia RTVE.
Su caso, sentenciado recientemente por un Tribunal Superior que ha confirmado que su despido fue improcedente, repasa otros despidos firmados ese mismo día y concluye que Telemadrid ejecutó ceses de todo tipo de cargos haciéndolos pasar por “alta dirección” para poder anudarlos de manera automática a la destitución del director general. “Bajo el paraguas normativo de una relación laboral tan específica, la empresa incluye todo tipo de cargos intermedios por cualificadas que sean sus funciones y con independencia de la denominación que quiera darse a los mismos”, reprocha la sentencia. Y más allá de lo que ponga en un contrato, recuerda el TSJ, el trabajo de los jueces es comprobar si esa era la auténtica naturaleza de su relación laboral con la cadena.
En el caso de Ariztimuño, como en los de otros sentenciados por el mismo tribunal, los jueces entienden que no era un alto directivo de la cadena. Dependía del director general, por encima de su puesto había incluso un Consejo de Administración y aunque tuviera poderes para representar a Telemadrid, la empresa no demostró que hiciera uso de él. No era un alto directivo aunque lo pusiera en su contrato y, por tanto, Telemadrid no podía despedirle basándose en la norma que Ayuso había sacado adelante con la abstención de Vox apenas una semana antes en la Asamblea de Madrid como primer movimiento legislativo de su ejecutivo regional.
Su sentencia también revela que, en este caso, Telemadrid decidió darle por despedido no desde el día en que efectivamente recogió sus cosas y abandonó los estudios, sino cuando lo hizo el director general, José Pablo López, unos días antes, pagando de menos en su finiquito. Los jueces entienden que, entre otros conceptos, tiene derecho a cobrar ese sueldo, y reprochan su actitud a la cadena pública madrileña: “Curiosa tesis de la empleadora de todas maneras que decide unilateralmente cuándo tiene que dejar de pagar su retribución, con independencia si ha notificado la extinción contractual y dándole un carácter retroactivo”.
Varios despidos declarados improcedentes
Este no es el único despido de esa tanda de salidas firmadas el 16 de julio de 2021 que ha sido sancionado por los jueces de lo social de Madrid. Según ha podido comprobar elDiario.es, el Tribunal Superior de Justicia también ha confirmado recientemente la improcedencia, entre otros, del despido del adjunto al director de Informativos, la jefa de Nuevos Proyectos y el director general de Contenidos Audiovisuales, a la espera de más pleitos pendientes de sentencia en segunda instancia.
Los argumentos son similares en todas las resoluciones. “La relación que unía al demandante con la demandada era de carácter común y su extinción constituye un despido improcedente”, dice una de las resoluciones consultadas por este periódico.
La cadena optó por no recurrir algunas de estas sentencias desfavorables, que ya son firmes, pero cambió de parecer después de que otra sección de lo social del TSJM rechazara las pretensiones de Ángel Rubio. Desde entonces algunos de estos casos han sido llevados ante la sala cuarta del Tribunal Supremo. “La calificación del contrato de trabajo no se ajusta a las funciones realmente desempeñadas y para las que fue contratada la demandante, estando ante una relación laboral ordinaria desde el inicio de la misma”, dice otra de las sentencias.
Una Ley ante el Constitucional
Los tribunales, por tanto, sancionan la criba que ejecutó José Antonio Sánchez en Telemadrid poco después de acceder al cargo y de que la reforma fuera aprobada y entrara en vigor. Una reforma que Isabel Díaz Ayuso sacó adelante con la abstención de Vox, alegando entre otra cosas que Telemadrid cuesta “casi dos Zendales por legislatura”, en alusión al hospital. El ente público madrileño cerró las cuentas con superávit y desde la llegada de la dirección saliente su audiencia llegó a repuntar un 25% con respecto a la etapa anterior.
Ya entonces la oposición denunció que la presidenta madrileña buscaba volver a la “época oscura” de Esperanza Aguirre en cuanto a la dirección de la cadena y la emisora de radio públicas regionales. El control definitivo del ente público llegó este año cuando, nuevamente con la ayuda de Vox, el PP sacó adelante una segunda reforma por la vía de urgencia para poder nombrar a un director general definitivo en Telemadrid.
Diversos puntos de estas sucesivas reformas han sido llevadas ante el Tribunal Constitucional por parte de la oposición en la Asamblea de Madrid. El PSOE, por ejemplo, ha recurrido la tramitación de urgencia o de lectura única que se ha utilizado para impulsar estas dos normas que, según ha denunciado la oposición en diversas ocasiones, ha servido para que el ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso controle la dirección el ente público. Los recursos fueron admitidos a trámite por el tribunal de garantías y están pendientes de sentencia.