El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) marca el camino para que la venta de casi 3.000 viviendas del IVIMA a un fondo buitre en 2013, pilotada por el Gobierno de Ignacio González (PP), quede anulada por los tribunales. En una sentencia firmada por la Sección Octava, a la que ha tenido acceso eldiario.es, el TSJM confirma que la operación queda “bajo sanción de invalidez” por incumplir la ley y mantiene la puerta abierta a la anulación por este motivo.
Una sentencia de mayo de 2018 ya declaró anuladas dos resoluciones que permitieron la venta, por la que la Comunidad de Madrid se embolsó 201 millones de euros a cambio de prescindir de 2.985 viviendas sociales que son parte de la cartera del fondo de inversión Goldman Sachs Azora. Ahora, un estamento jurídico superior respalda este fallo con el argumento de que el IVIMA no pudo acreditar que los inmuebles vendidos ya no eran necesarios para su fin: dotar de techo a las personas vulnerables que lo necesitan. Algo que exige la ley.
Tras una deliberación que se ha retrasado cuatro meses, la Sección Octava señala que la operación se encuentra “bajo sanción de invalidez” porque la condición de justificar que esas viviendas ya no hacían falta a la población madrileña es “imprescindible” y no se cumplió. “Una cosa es que la motivación sea breve o escueta –se materializó en una memoria de apenas unos folios– y otra muy distinta es que la misma sea inexistente en relación con lo que ha de justificarse”, apunta la sentencia.
La sentencia desprende un marcado carácter social y recuerda que toda la operación se llevó a cabo a sabiendas de que “quienes ocupan estas viviendas lo hacen porque tienen una necesidad reconocida por la propia administración al carecer de recursos para acceder a una vivienda a precio de mercado, o por estar, incluso, en declarado riesgo de exclusión social”.
Los magistrados que firman la resolución cortan el paso a los recursos de la Comunidad de Madrid y de Azora contra esa histórica sentencia de primera instancia. Pero aún no es firme: puede ser recurrida en el propio tribunal y también en el Supremo. En cualquier caso, el TSJM ha frenado, al menos por el momento, los intentos de los dos firmantes de aquella operación –la Comunidad de Madrid y el fondo de inversión– de parar la causa por la vía administrativa. Es el único camino a través del cual los afectados pueden ejercer su derecho, reconocido por el Tribunal Supremo en 2017, a impugnar la decisión.
La vía penal se archivó tras un cambio de criterio de la Fiscalía porque en la actuación, apuntaba el Ministerio Público, no se aprecian indicios de delito. Sin embargo, el propio auto de archivo animaba a los afectados a utilizar la vía de lo contencioso-administrativo para defender sus derechos.
La operación dirigida por el IVIMA se realizó en paralelo a otra que fue pilotada desde el Ayuntamiento de Madrid, a través de la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo. Ambas actuaciones, realizadas bajo las batutas de gobiernos del PP, están bajo el foco de la justicia. En el segundo caso se mantiene viva la vía penal y hace una semana la Audiencia Provincial ordenó cerrar la investigación para sentar en el banquillo próximamente a los presuntos responsables de la operación. Entre ellos no está la exalcaldesa Ana Botella. La venta del IVIMA, sin embargo, está archivada por la vía de lo penal, pero continúa avanzado por lo contencioso-administrativo para anularse.