El problema de la vivienda turística le estalla a Almeida: 10.000 pisos ilegales y casi todos funcionando

Madrid tiene un problema con los pisos turísticos y le ha estallado al nuevo Ayuntamiento, codirigido por PP y Ciudadanos con el apoyo de Vox. Los inspectores municipales están “desbordados”, según el Consistorio, y se enfrentan desde hace cuatro meses a un trabajo inabarcable.

Primero, porque las 10.000 viviendas que se dedican al alquiler turístico en la ciudad son ilegales –ninguna tiene licencia–. Segundo, porque los propietarios están recurriendo en cascada las órdenes de cese de actividad y quedan paralizadas. Y tercero, porque todo ello está pendiente de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia que puede paralizar cautelarmente el plan especial aprobado por Manuela Carmena que pretendía poner coto al negocio en la ciudad. El pronunciamiento judicial se espera a finales de este mes; hasta entonces, el Ayuntamiento no dará ningún paso para cambiar la normativa. Mientras tanto, el boom de los alquileres turísticos no cesa. Según un estudio de Redpiso, el 70% de las viviendas compradas en el interior de la M-30 de Madrid –la almendra central– se destina al uso turístico por su alta “rentabilidad”.

La situación no es nueva, aunque el lío legal se ha ido complicando con las diferentes normativas aprobadas en los últimos meses.El equipo de Manuela Carmena puso en marcha en marzo un plan especial de hospedaje que establecía una serie de requisitos a los propietarios de estos pisos, entre ellos, un acceso independiente. Esta exigencia dejaba en la ilegalidad al 95% de las viviendas, dijo el propio Ayuntamiento, que dictó centenares de órdenes de cese de actividad en apenas unos meses.

Con el plan municipal la licencia de uso terciario solo se exigía a las viviendas que se alquilara más de 90 días al año, pero un decreto de la Comunidad de Madrid, aprobado apenas una semana después por un gobierno del PP, eliminó este plazo y ahora todos los pisos de uso turístico deben tenerla. Esto ha multiplicado en la práctica el número de viviendas ilegales. Según los cálculos del Ayuntamiento alcanzan las 10.500, que toma los datos de las registradas en la Comunidad de Madrid. Pero pueden ser más.

Hasta ahora, el Consistorio no ha concedido ni una sola licencia a ninguna de estas viviendas porque no “cumplen con los requisitos con la normativa actual”. “Muchas son ocultas aunque algunas sí están registradas en la Comunidad de Madrid, pero no tienen licencia municipal”, explican fuentes del área de Desarrollo Urbano, que confirman la “ilegalidad” de la totalidad del parque y el “atasco” en las inspecciones.

Desde octubre de 2018, el Ayuntamiento (primero de Ahora Madrid y después de PP y Ciudadanos) ha ordenado a los propietarios de 792 viviendas que dejen de operar. 516 de ellas están en el distrito Centro, el más castigado por la gentrificación. Sin embargo, esto no es sinónimo de clausura porque muchos siguen operando pese a la orden y la recurren para dilatar al máximo los plazos.

Según datos municipales, en la mitad de los casos los propietarios –alentados también por las promesas de cambio en la normativa– han presentado un recurso en los tribunales contra la orden administrativa y los procesos están paralizados a la espera del pronunciamiento judicial mientras siguen operando dentro del agujero negro en el que se encuentra la actividad en Madrid. “Esto demuestra que detrás de al menos la mitad de estas viviendas hay empresas con toda su artillería jurídica dispuesta y preparada para recurrir, no pequeños propietarios”, opina el exdelegado del área de Desarrollo Urbano Sostenible con Carmena, José Manuel Calvo, quien inició el procedimiento contra los pisos turísticos.

Los incumplimientos de las órdenes de cese son recurrentes, según el Consistorio, que ya estudia la posibilidad de sancionar a los reincidentes que no obedecen a los requerimientos.Si el Ayuntamiento de Madrid constata que la actividad no se ha suspendido, puede ordenar el precinto.

Solo se ha llegado a este punto una vez y ha sido con el Gobierno de Martínez-Almeida. Los técnicos municipales dieron orden de precintar la semana pasada 39 pisos turísticos de la calle Príncipe, 15, tras meses de quejas vecinales y un largo procedimiento administrativo. Pero la decisión fue paralizada por la justicia como una medida cautelarísima solicitada por los propietarios con la alegación de que ya habían renunciado a la actividad.

Los incumplimientos de las órdenes de cese son recurrentes, según el Consistorio, que ya estudia la posibilidad de sancionar a los reincidentes que no obedecen a los requerimientos.

“Es la primera vez que la asesoría jurídica del Ayuntamiento se pronuncia tan claramente. El Consistorio ha tomado una posición clara de respaldo a los técnicos para la clausura de edificios. Una vez haya jurisprudencia, el criterio terminará de consolidarse”, asegura el concejal de Más Madrid Calvo, que cuenta con que el TSJM dé la razón al Ayuntamiento y permita que el plan especial que su gobierno aprobó se mantenga vigente.

¿Si el plan de Carmena se tumba, en qué situación quedan los pisos? Los requisitos incluidos en el plan especial para las viviendas desaparecerían y se volvería a la normativa reguladora que hizo el exalcalde Alberto Ruiz Gallardón y que era más permisiva. Los cambios se hicieron cuando Madrid aspiraba a ser sede olímpica y el COE puso como inconveniente que no había demasiados alojamientos. En cualquier caso, la sentencia del TSJM versará solo sobre medidas cautelares y no entrará en el fondo de la cuestión.

Por otra parte están los propietarios, que aguardan ante las promesas del Ayuntamiento de una normativa más laxa que elimine el requisito de la entrada independiente. “Sería ilógico pensar que PP y Ciudadanos, al llegar al Gobierno, han cambiado de postura. Dijeron que este plan era una barbaridad, así que están esperando las primeras decisiones del TSJM para aprobar una normativa razonable”, apunta Adolfo Merás, presidente de Madrid Aloja, una de las asociaciones que ha recurrido el plan de Carmena ante la justicia.

Merás admite que hay “gente nueva que está entrando al mercado en busca de disponibilidad de cobro”. “Quieren ingresos sin tener que engancharse a un propietario durante cinco años, como establece la nueva ley de contratos de alquiler aprobada por Pedro Sánchez”, justifica. Por otro lado, asegura que otros propietarios han salido del negocio porque no cumple con sus expectativas de “ganar un montón”.