Al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso se le abre un nuevo frente por la venta de 3.000 viviendas públicas hace más de una década a Goldman Sachs por 200 millones de euros. La Justicia ha dado la razón, en dos sentencias distintas, a dos afectadas que fueron desahuciadas por Encasa Cibeles, una sociedad creada para gestionar la compra de estos pisos y participada al 97% por el fondo estadounidense, y obliga al ejecutivo autonómico a concederles un alquiler social.
La venta impulsada por el gobierno de Ignacio González (PP) en 2013 no solo dejó a los adjudicatarios sin protección social y pública, sino que también ha generado un problema interminable (por ahora) para los diferentes equipos de gobierno. Desde que en 2018 la Justicia declaró nula esa operación, la institución madrileña ha encadenado varapalos judiciales en su intento de evitar la recuperación de las 1.700 viviendas que aún eran propiedad del fondo. Al final, fue el equipo de Ayuso el que inició la reversión de la operación impulsada por González.
El fiasco por la venta de miles de viviendas sociales desembocó en una factura millonaria para las arcas públicas madrileñas, pero también afectó a los 3.000 vecinos que habían logrado un piso público. Se desconoce la cifra exacta de afectados por esta operación. Azucena (nombre ficticio) y sus tres hijos fueron algunos de ellos. En 2009 consiguieron uno de estos inmuebles y obtuvieron una reducción de la renta del 95% por “especial necesidad”. Con el cambio de casero perdieron las bonificaciones sociales y no pudieron hacer frente al alquiler que les reclamaba Encasa Cibeles. Su caso terminó, como el de muchos de sus vecinos, con un desahucio. Abandonaron su casa en 2016.
Después de que se anulase la venta de los 3.000 pisos públicos, Azucena inició el procedimiento para obtener un nuevo piso social. La demandante basó su demanda en dos argumentos, “su situación de vulnerabilidad” –según consta en la sentencia– y las consecuencias para ella y su familia del contrato entre el fondo y la administración.
El Gobierno de Ayuso rechazó su petición, pero un juzgado de primera instancia ha anulado la resolución autonómica y reconoce a la demandante “el derecho a que la ASV [Agencia Social de Vivienda] le adjudique una vivienda de titularidad de la Comunidad de Madrid en régimen de alquiler, a partir de sus especiales necesidades”, recoge el fallo emitido el 23 de septiembre, al que ha accedido elDiario.es. La Consejería ya avanza a esta redacción que recurrirá esta decisión judicial.
“Es cierto que la concesión de una vivienda pública en arrendamiento de acuerdo con un determinado programa de ayuda social no implica que la Administración adquiera una obligación permanente y continuada de resolver” la situación habitacional, explica el fallo, en el que la magistrada también recuerda que el artículo 47 de la Constitución Española reconoce el derecho a un techo como “un principio rector de la política social y económica”. Y, sobre la petición de Azucena, concluye: “La Administración que recuperó la propiedad de las viviendas transmitidas por un contrato declarado nulo de pleno derecho, ha de responder a la necesidad habitacional de la recurrente que ella misma ha creado”.
“Negligencia inexcusable” de la administración
No es la primera sentencia que reconoce el derecho de una afectada por la venta de los pisos sociales y desahuciada por Encasa Cibeles a una vivienda pública. Otra magistrada, en este caso del juzgado de lo contencioso administrativo número 30 de Madrid, también falló en esa misma dirección. En este caso, la decisión se emitió en abril y el Gobierno regional la recurrió. Según confirman las fuentes consultadas por esta redacción, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid se tendrá que pronunciar sobre este asunto.
En esta segunda sentencia, la magistrada menciona varios errores de la administración, entre ellos, el envío de documentación del procedimiento al domicilio del que habían sido desahuciados. Una decisión que considera “una negligencia inexcusable” y que ha provocado “indefensión” a la demandante. La impulsora de esta demanda, desahuciada en 2019, es otra mujer que consiguió una vivienda social en 2007. Tiene reconocido un grado de discapacidad del 66% y una pensión de 743 euros.
En el caso de Azucena, la AVS rechazó su petición porque cuando se inició la reversión de los pisos de Encasa Cibeles ella ya no figuraba en el listado de inquilinos del fondo. La Comunidad no llegó a “valorar las circunstancias sociales y económicas” en las que se encontraba la recurrente, recuerda la sentencia.
Además, la defensa del Gobierno autonómico alegó que el Supremo ya desestimó “un caso similar” en el que también se rechazó “la pretensión de asignación de vivienda” de otro afectado por la venta de vivienda pública. Sin embargo, la magistrada no acepta esas justificaciones. Sostiene que Azucena no puede verse “perjudicada por una actuación administrativa que ha sido declarada nula de pleno derecho y ha devenido firme”.