Fue quizá la tarde más fría, lluviosa y ventosa del invierno. Pero a las siete de la tarde del pasado 1 de marzo el salón de actos del madrileño Instituto San Isidro ya acogía a más de un centenar de habitantes del distrito Centro. Habían sido convocados por la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid, la Coordinadora de Asociaciones Vecinales de Centro, que agrupa a entidades de Malasaña, Chueca, Embajadores, Sol, Huertas y La Latina, y el colectivo Lavapiés ¿dónde vas?. El objetivo: hablar de turistificación, especulación, convivencia y legislación y organizarse para pelear “por el derecho a la ciudad de los habitantes del centro”.
“Ruido”, “Especulación”, “Contaminación”, “Suciedad”, “Los vecinos no queremos hacer las maletas” eran algunos de los mensajes que se podían leer en los carteles que levantaron los asistentes al comienzo de la reunión como forma de mostrar algunas de las consecuencias del crecimiento sin control de los pisos turísticos en el centro de Madrid.
Mientras al salón de actos seguían llegando de manera intermitente más participantes, Vicente Pérez, responsable de Urbanismo de la FRAVM, tomaba la palabra micrófono en mano para contar que la reunión de la Coordinadora con el Defensor del Pueblo había sido “fructífera”. “Les explicamos todas las quejas de los vecinos, como la subida de los alquileres, el ruido, las peleas y cómo las administraciones están haciendo bien poco”, explicaba. Señaló que tanto el responsable en funciones de la oficina, Francisco Fernández Marugán, como los asesore presentes en la reunión se mostraron muy receptivos a todas las quejas pero advirtieron que no estaba llegando ninguna.
Envío de quejas al Defensor del Pueblo
“Es importante que empecemos a enviarlas, no sólo de Madrid, sino también del resto de ciudades afectadas, porque es la manera de que se abran expedientes a las administraciones”, informó Pérez. “Al mes aparecen entre 600 y 700 viviendas nuevas para turistas, sabemos que son ilegales y que están pasando por encima de la ley porque no hay cambios de uso”, subrayaba el portavoz vecinal, quien instaba a los asistentes a movilizarse para obligar al Ayuntamiento y a la Comunidad de Madrid a actuar en el ámbito de sus competencias.
A continuación comenzaron a tomar la palabra el resto de asistentes, y uno a uno iba contando su situación y animando al resto a “pasar a la acción”. Cecilia, residente en el centro desde 1995, informaba a los vecinos de que una forma de lucha era denunciar en Hacienda a los pisos turísticos ilegales “por el uso ilegítimo de los espacios comunes”. Paco, habitante de Chueca, señalaba que el diagnóstico ya lo tienen porque lo llevan viendo desde 2015. “Lo que hemos hecho hasta ahora no sirve porque o nos unimos todos o vamos mal”, afirmaba. Contaba que como habitante de uno de los barrios más bulliciosos del centro hasta ahora había podido evadirse de ese ruido en el interior de su casa. “El problema es que ahora tengo a una panda de energúmenos también dentro que se dedican a fastidiarme la vida”, apostillaba enfadado.
Luis se presentaba como miembro del colectivo Lavapiés, ¿dónde vas? y subrayaba la necesidad de que las administraciones realicen inspecciones y comiencen a abrir expedientes disciplinarios y sanciones. Como propuesta de acción proponía fletar un autobús con vecinos y llevarlo hasta el Área de Desarrollo Urbano Sostenible. “Como es el área municipal responsable de la disciplina urbanística hagamos una asamblea en sus oficinas y llevemos el proceso participativo del que el Ayuntamiento tanto presume hasta allí”, planteaba. Para el vecino, esta podía ser una movilización como la que en los años ochenta iniciaron los vecinos de Lavapiés para reclamar la rehabilitación de sus viviendas. Un vecino de La Latina, Roberto, planteaba organizar caceroladas. “Se han hecho toda la vida para mostrar los problemas del barrio”, decía.
Las propuestas se iban sucediendo y cada una de las intervenciones mostraba un gran hartazgo por un fenómeno que ya no solo está en los barrios sino dentro de sus propias casas. “Nos sentimos traicionados por las administraciones porque están paralizadas y deben de pensar que cuando nos vayamos del centro pues ya dejaremos de quedarnos y por otro lado nos están traicionando nuestro propios vecinos al alquilar a turistas sus casas”, se lamentaba Margot.
Entre las medidas a tomar a partir de ahora, la Coordinadora ha puesto a disposición de los vecinos dos oficinas en el barrio de Huertas y Lavapiés para que los vecinos puedan informarse de forma gratuita. “Si alguna comunidad de vecinos necesita asesoría que se acerque a las oficinas”, informaba Pérez, quien luego explicaba que estas oficinas también están abiertas también para quienes quieran contar cara a cara lo que les está pasando. “Hay mucha gente mayor que está sufriendo este fenómeno que nunca sale en los medios de comunicación porque tiene miedo y esta es una forma de que al menos se sientan acompañados y escuchados por alguien cara a cara”, detallaba el portavoz, quien también avanzaba que en los próximos días, a la espera de lograr un local, también habrá disponible una oficina en Malasaña.
La asamblea tocaba a su fin con al menos un primer mes con las primeras acciones concretas. La primera es una llamada a la participación “del mayor número de vecinos” en el próximo Pleno de la Junta de Distrito de Centro convocado para el 15 de marzo. Después se sucederán diferentes concentraciones en zonas visibles del distrito, como la Puerta del Sol o la plaza de Cascorro, epicentro del Rastro madrileño, en las que se pide a los vecinos a acudir con sus maletas. Y sobre todo quedó clara una consigna: “Si no nos unimos y movilizamos para plantar cara, el centro de la ciudad se quedará sin vecinos”.