Vecinos de Vallecas se revuelven contra un fondo buitre: “De hoy en adelante, les vamos a amenazar nosotros”

“De hoy en adelante, les vamos a amenazar nosotros”. La frase resume la situación límite que padecen decenas de personas que viven, o sobreviven, en uno de los bloques de vivienda pública y social de Vallecas que el Gobierno de Madrid vendió a un fondo buitre en la década pasad. Nestar (antes Lazora, y antes aún Azora) quiere incrementar notablemente las rentas de alquiler de los residentes mientras los pisos están en condiciones deplorables. Los vecinos del número 7 de la calle Martín Muñoz de las Posadas de la capital, hartos, se han afiliado al Sindicato de Inquilinas para responder a la amenaza de un desahucio, ya sea por la vía activa o pasiva.

“Estamos pagando de 800 para arriba al mes y quieren subir más los alquileres”, explica Rodrigo, uno de los vecinos afectados por lo que desde el colectivo califican de “cláusulas abusivas”. Los contratos de alquiler son de siete años, pero la letra pequeña indica que la propietaria “bonifica” a los inquilinos determinados costes (tasa de basuras, IBI o comunidad). Una “bonificación” que caduca al tercer año.

La cláusula existe. Pero un tribunal de Barcelona ya determinó hace un año su ilegalidad. Fue un proceso contra el mismo entramado empresarial en el que se camufla el fondo buitre, y que tuvo entre sus beneficiarios a uno de los hijos de la familia Aznar-Botella. Los vecinos también contaron entonces con el apoyo del Sindicat de Llogateres.

La estrategia no es nueva, y Azora (o Lazora o Nestar o Azzam) las aplica desde hace años, tal y como ha denunciado elDiario.es en el pasado. 

La historia se repite en una urbanización situada en una de las ampliaciones del Casco Histórico de Vallecas. Nestar gestiona o posee 42 bloques que albergan cientos de viviendas, algunos de titularidad pública, recuerda el Sindicato de Inquilinas, que este jueves ha convocado un acto de protesta en el interior de la urbanización. 

El interior está dominado por unas obras que, según los vecinos, llevan “años” sin ser finalizadas. La mayor parte de las fachadas interiores están recubiertas de andamios, y algunos operarios realizan pequeñas labores de limpieza en el centro del recinto, donde debería lucir una piscina que está a medio construir. Las puertas de acceso a la calle no cierran bien y los robos tanto en las zonas comunes, como en los garajes e incluso algunas casas ya son habituales, denuncian los afectados.

Y todavía es peor lo que no se ve a primera vista. Filtraciones, bombas de agua estropeadas y pisos inhabitables, pero habitados, por cuyas paredes chorrean ríos de un líquido marrón o negro que en origen pudo parecer agua. 

Y con este panorama, los vecinos reciben las notificaciones de Nestar para informarles de “subidas de más de 150€ mensuales”, un incremento “repentino de alrededor del 20% del alquiler” con la mitad del contrato por cumplir, según el Sindicato.

La denuncia la confirman los vecinos en conversación con elDiario.es. Lo que comenzó como una suerte de rueda de prensa se convierte rápidamente en una sucesión de casos concretos y relatos coincidentes tanto en el fondo como en la forma: la de quienes se asoman al abismo de irse a la calle o pagar 900 o 1.000 euros por viviendas impracticables. 

“Cuando les preguntas y les dices que tienes alguna avería en casa, o cualquier tipo de problema, pasan absolutamente del tema”, apunta Rodrigo. Vecino desde hace tres años, es consciente de que el contrato incluye las cláusulas que Nestar esgrime para los incrementos. “Necesitas vivir en un sitio”, justifica.

El relato lo corrobora otra vecina, Isabel, quien denuncia que al incremento de los alquileres hay que sumarle un seguro de impago que ronda los 400 euros anuales. “No hacen nada, no se mueven, no nos responden. Pasan de nosotros totalmente”, lamenta. “Pagamos como si tuviéramos un piso propio, y no es nuestro”, añade.

Isabel explica que, sin previo aviso, Nestar gira un recibo mucho más alto que el de los anteriores meses sin desglosar los conceptos que justifican el incremento. Siempre según su versión, la empresa solo informa cuando se le pregunta “cuando les da la gana”. Lo que hace esta vecina es devolver el recibo y pagar únicamente la renta. “Pedimos que se nos haga caso. Y sobre todo que no nos tomen por tontos. Básicamente, que no nos tomen por tontos”, dice.

Algunos vecinos que acumulan lustros en el edificio recuerdan que las rentas iniciales, cuando lo gestionaba el IVIMA, eran de 475 euros. “Hoy está en 1.050 euros un piso de dos habitaciones”, apunta una de las residentes.

La organización social alrededor del incremento de los precios del alquiler ha permitido que se unan causas similares de diferentes barrios de Madrid. Rosa vive en otro edificio de Nestar en Valdebernardo (Vicálvaro). Y advierte: “Si somos cien, vamos a ser miles. Porque somos miles los que estamos sufriendo este acoso y esta barbaridad”.

El plan, trazado con ayuda del Sindicato de Inquilinas, pasa primero por “pedir una negociación colectiva” para “hacer más fuerza”. “Si no ceden, seguramente hagamos una demanda colectiva”. 

Esa presión llegará de forma inminente con una huelga de alquileres. No se trata de dejar de pagar la renta, sino aquello que consideran fuera de la ley: el seguro de impago, la comunidad, las cláusulas abusivas. Porque los vecinos lo dejan claro: “Aquí no se niega nadie a pagar el alquiler. Lo que nos estamos negando a es todas las cláusulas abusivas”.

Los relatos se suceden. Personas con movilidad reducida que viven casi encerradas en su casa ante la ausencia de accesos habilitados, familias enteras sin agua caliente por avería, bicicletas o motos robadas, calefacción cortada. Algunas viviendas tienen la cocina intransitable por los lodos que, dicen, salen de las calderas estropeadas. Los cortes de luz por la presencia de humedad, denuncian, son continuos. 

Los impagos en protesta por la insalubridad de las viviendas han comenzado. Y también las amenazas de desahucio.

elDiario.es ha intentado recabar la versión de la empresa, pero de momento no ha recibido respuesta.

“Así como las leyes protegen al arrendatario, los inquilinos y las inquilinas de esta comunidad y de Madrid exigimos una base legal para que nosotros nos podamos defender. Ellos también deben estar obligados a cumplir las normas básicas”.

Algunos vecinos han intentado que la administración, Gobierno de Madrid o Ayuntamiento (ambos en manos del PP con mayoría absoluta) les ayude. Ha sido en vano. Pero la denuncia se extiende a los demás partidos políticos de la región que, dicen, no les han hecho mucho caso. Y han recurrido a la autoorganización.