“No recuerdo haber estado en las reuniones”, “lo que me está leyendo no lo recuerdo”, “lo desconozco”, “no le puedo contestar con exactitud”. Las lagunas venían por parte del el exdirector de servicios jurídicos de la EMVS, Rafael Requena; la directora de Intervención general del Ayuntamiento, Beatriz Vigo, o el representante de la consultora Price WaterHouse Coopers. Son algunas de las evasivas con las que se han encontrado los miembros de la Comisión de Investigación sobre la deuda en Madrid que, desde junio, ha intentado poner luz a uno de los episodios más criticados de la gestión de la anterior alcaldesa: la venta de 1.800 vivienda social a fondos buitre. Pocas respuestas y aún mayores ausencias: una gran parte de los convocados ni siquiera se dignaron a asistir.
La lista de quienes han plantado a la comisión es notable. No ha querido asistir la exalcaldesa de Madrid y máxima responsable de la gestión, Ana Botella. Tampoco la ex delegada de Urbanismo y ex presidenta del Consejo de Administración de EMVS. Ni el ex consejero delegado de la EMVS, Fermín Oslé. Ni Ana Gomendio López, de la Consejería de Vivienda de la Comunidad Madrid. Ni los concejales del PP, Pablo Cavero y Borja Carabante. Ni el ex director de Vivienda de la Comunidad de Madrid, Juan Van Halen, entre otros cargos del PP.
Los directivos de la filial española del fondo buitre Blackstone, Fidere Patrimonio Socimi, al que Botella vendió esas viviendas protegidas tampoco respondieron ante la comisión. Los plantones fueron calificados de “boicot” por el Consistorio.
Aunque Fidere no asistió a la comisión, sí la siguió muy de cerca. Desde el Ayuntamiento de Madrid denuncian que la decisión de desahuciar a Arantxa Mejías —portavoz de los afectados— se ha debido a su participación ante la comisión de investigación, a pesar de que estaba al corriente de todos los pagos. Marta Higueras pedía este lunes que Fidere reconsiderara la decisión y le recordaba que “compareció porque tenia la obligación tras ser convocada”.
La propuesta de Ahora Madrid y el PSOE de Madrid para la creación de una Comisión de investigación de la Deuda de la capital fue aprobada a finales de marzo de este año con el voto a favor de Ciudadanos. Está formada por cuatro representantes de Ahora Madrid, dos del PSOE y uno de Ciudadanos. El PP, al que corresponderían cuatro representantes en la comisión, no formuló propuesta de nombramiento ya que decidió no participar en este órgano municipal.
Un pelotazo a mitad de precio
La Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid acusó al Gobierno de Ana Botella de saltarse la ley de concursos públicos al adjudicar 1.860 viviendas a Blackstone por 128,5 millones de euros, en un informe provisional al que tuvo acceso el diario.es el pasado mes de mayo.
La primera teniente de alcalde del Ayuntamiento, Marta Higueras, ha informado este lunes de que la Cámara ha concluido que la venta de los pisos se llevó a cabo “sin elaborar un pliego de condiciones de la venta, ni hacer el estudio o informes de necesidad y viabilidad técnica y jurídica de la operación”. El Consistorio calcula que el precio que se pagó por la venta de los inmuebles “es menos de la mitad de lo que se habría pagado en una venta en condiciones”.
Este miércoles, se conocerán las conclusiones de la Comisión de Investigación de la Deuda de Madrid, centrada en una primera sesión en la gestión por la venta de vivienda pública a fondos buitre. Los tres grupos municipales que la forman (Ahora Madrid, PSOE y Ciudadanos) harán públicas las conclusiones y emitirán unas recomendaciones al Consistorio. “Esperamos que el diagnóstico sea parecido, las sesiones han sido muy claras”, indican fuentes de Ahora Madrid, que el martes por la noche seguían con las negociaciones con el resto de los grupos para elaborar el dictamen.