La vicepresidenta de Transición Ecologica, Teresa Ribera, considera que el plan ambiental Madrid 360 impulsado por el alcalde, José Luis Martínez Almeida, es “confuso” porque se apunta “a la idea de invitar a los coches a Madrid, en lugar de reforzar la idea de una movilidad mucho más sana y compatible con la salud de los vecinos”, según Europa Press.
Se refiere a la posibilidad abierta por el Ayuntamiento de Madrid a que automóviles con distintivo ambiental C de la DGT puedan atravesar los límites de la zona de bajas emisiones Madrid Central o la idea de construir un aparcamiento de 1.000 plazas en el entorno del parque de El Retiro.
Ribera ha analizado este lunes que el plan que el Ayuntamiento prevé presentar a la Comisión Europea en Bruselas este mes para tratar de frenar el proceso judicial abierto por el Ejecutivo comunitario ante los tribunales europeos por rebasar los niveles máximos de polución en la ciudad de manera sostenida.
Para la vicepresidenta, medidas como Madrid Central serán inevitable cuando se apruebe la ley de cambio climático: “Son señales que nos permiten acomodarnos a un modelo de movilidad interior mucho más sana, mucho más saludable, mucho más amistosa, más agradable para los vecinos cuando existen alternativas en la mayor parte de las ciudades. Es algo que queremos fortalecer, endurecer”, ha dicho.
El Consistorio presentó en septiembre pasado su plan de movilidad sostenible Madrid 360. Después de intentar desmontar la zona de bajas emisiones Madrid Central –acción desbaratada por la Justicia–, el Ayuntamiento creó un plan en el que se barajaba la posibilidad de permitir la entrada al centro de coches con distintivo ambiental C, construir aparcamientos y lanzar dos líneas de autobuses gratuitos por el corazón de la ciudad.
Los anuncios y primeras acciones tomadas por el equipo de Marínez Almeida tuvo como consecuencia el fin de la moratoria que la Comisión Europea aplicó al expediente sancionador contra España por los malos datos de polución en la capital y Barcelona. En julio de 2019, la CE decidió llevar el caso ante los jueces. Ahora Madrid intenta revertir la marea viajando a Bruselas con el 360 bajo el brazo. Un plan que al Gobierno central parece dejarle más dudas que alivio.