“Victoria agria” contra la expulsión de 18 familias de un bloque en el sur de Madrid

En el día en que entraba en vigor la nueva ley de vivienda, una huelga de los funcionarios de Justicia ha impedido esta mañana el desalojo de La Dignidad, un bloque de viviendas de Móstoles que llevaba okupado desde 2014, en plena marejada de la crisis inmobiliaria, y en el que residen hoy 18 familias sin recursos. Decenas de voluntarios de colectivos contra los desahucios y por el derecho a la vivienda han acompañado desde la víspera a las familias hasta el anuncio de la suspensión de las expulsiones a media mañana.

Se trata de una “victoria agria”, en palabras de la abogada de los vecinos, Sol García, porque la suspensión es solo técnica y no depende que se encuentre alojamiento alternativo para las afectados, como reclaman estos y solicitaban varios dictámenes de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

El caso del bloque de La Dignidad, situado en un barrio de viviendas que se levanta paralelo a la estación de tren de Móstoles, es arquetípico del descontrol que precedió al estallido de la burbuja inmobiliaria en 2008. Terminado y sin cédula de habitabilidad, con la promotora en quiebra, estuvo abandonado durante años hasta que en 2014 fue okupado. Desde entonces, ha servido como solución para familias en situación de emergencia, y hasta Cruz Roja ha dirigido allí a personas desesperadas, como si de un recurso público más se tratase. Asumida la propiedad por la Sareb, el banco malo público, subastado el edificio y en manos ahora de un fondo de inversión, el procedimiento de desalojo se ha acelerado en los últimos meses, incluso con la intervención frustrada de una empresa privada especializada en vaciar pisos.

En el bloque lleva viviendo desde 2014 Ana Jiménez, de 39 años, que actúa ahora de portavoz oficiosa de los vecinos. La mayoría están encerrados en un circuito sin salida para encontrar vivienda: problemas de salud que les impiden trabajar y que su situación agrava, ingresos mínimos que no les permiten acceder a un alquiler, imposibilidad de acceso a un piso social del Ayuntamiento —los 600 de que dispone Móstoles tienen inquilinos y la lista de espera es numerosa— y excluidos de optar a las de la Comunidad de Madrid por estar inmersos en causas por usurpación de vivienda.

Así sucede con José Antonio García Mendoza, de 71 años, conocido por todo el mundo como ‘Papi’, que pasó años viviendo en la calle, sacando propinas de las esculturas que hacía en la Plaza Mayor con el papel higiénico que recogía en los cuartos de baño de El Corte Inglés. A Papi le falta un pulmón. “Un catarro mal curado”, explica desde el exterior del bloque, soldado de urgencia para evitar la entrada de la policía antidisturbios, que finalmente no hace acto de presencia. Aun así, Papi es pesimista. “La cosa está peor”, señala.

Una puerta entreabierta por el juzgado

El Juzgado de Instrucción número 1 de Móstoles entreabre la puerta en su última comunicación a que el desalojo se suspenda, siempre y cuando Servicios Sociales plantee una alternativa que satisfaga a los residentes. Pero hasta la fecha, las posibles ayudas son solo estancias temporales en albergues o subvenciones para empezar a pagar alquileres que están fuera del alcance de los vecinos.

El pleno municipal de Móstoles aprobó en 2016 una moción en la que se instaba al gobierno local a “hacer lo posible” para regularizar las okupaciones como alquileres sociales, pero aquel compromiso no ha salvado a La Dignidad. La especulación inmobiliaria dificulta las soluciones. En el bar Mirabel, próximo al bloque, al otro lado de las vías del tren, los parroquianos comentan que ya están los pisos de dos dormitorios a 900 euros, que mucha gente se está marchando a Humanes, cada vez más lejos del Madrid de las luces brillantes.