La vida con un casero hostil en el Madrid de los alquileres especulativos: “Vivo con pánico, no duermo”

El miedo y el insomnio son penalidades habituales de quienes se enfrentan a quedarse sin hogar en medio de la vorágine inmobiliaria de la última década y media. Los sudores fríos y las ojeras abundan de nuevo estos días en el barrio madrileño de Chamberí, donde 19 familias de un bloque de viviendas han visto como sus contratos de alquiler han pasado a manos de un casero que quiere que se vayan en cuanto venza el plazo. “Vivo con pánico, no duermo. No sé lo que va a pasar, si te llaman a la puerta y te van a echar”, dice Carmen, de 54 años, pensionista.

El desalojo será colectivo, pero escalonado, según los planes de la sociedad Elix Rental Housing Socimi II, creada por la empresa AltamarCAM Partners y la gestora inmobiliaria Elix. El presidente de AltamarCAM, empresa de capital riesgo, es Claudio Aguirre, primo segundo de la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre. Esta es la segunda socimi vinculada a AltamarCAM y la primera dedicada a la reforma de inmuebles de alquiler, según anunció la propia compañía a finales de octubre. Su estrategia de “dar respuesta a la obsolescencia y escasez de vivienda en alquiler de calidad en el centro de la ciudad” pasa en Chamberí por vaciar los bloques de los antiguos vecinos.

Así ha sucedido en el número 22 de la calle Galileo, cuyos inquilinos vienen recibiendo desde hace varios meses, conforme se acercaba la fecha de fin del contrato, los respectivos burofaxes con la comunicación de que los alquileres no se renovarían. Se trata de inmuebles antiguos y sin calefacción que durante décadas gestionó una familia rentista que recientemente decidió vender el bloque. Los alquileres variaban entre los 550 y los 900 euros, precios que ya son prácticamente imposibles de encontrar en la zona, pero que la antigua propiedad mantenía a cambio de contrapartidas como que los inquilinos sufragasen el IBI o la tasa de basuras.

Eso era antes; ahora se trata de vaciar el bloque, sin negociar y cuanto antes, mejor. La primera víctima fue la portera, despedida sin contemplaciones y que tuvo que pelear por una indemnización. “Dijeron que no trabajaba”, recuerda la inquilina Belén Aguilera, de 69 años, jubilada y que se ve en la tesitura de tener que abandonar el barrio en el que ha vivido desde la infancia. “Esto ya no es un barrio ni es nada”, lamenta ante la proliferación de viviendas de alquiler turístico y negocios de restauración de quita y pon que han acompañado a la salida de los vecinos más humildes. En el bloque vive también una mujer que limpia bares por la mañana, vende aceites al mediodía y prepara comidas por las noches. “Lo único que tiene son las cervezas con los amigos […] ¿Se va a tener que ir a vivir a Villaverde?”, dice su hijo, que prefiere que no se sepa su nombre porque trabaja en el barrio. “Aquí solo podrá vivir la élite”, anticipa.

La ley de vivienda no da soluciones

El Sindicato de Inquilinas se ha implicado con las 19 familias que todavía siguen en el inmueble, que consta de 27 viviendas. La estrategia pasa por negarse a abandonar el bloque y obligar a la compañía a negociar una subida menor. Los incrementos drásticos de la renta entre un contrato y el siguiente siguen siendo posibles porque la ley de vivienda que aprobó el Gobierno estatal la legislatura pasada necesita que los gobiernos regionales declaren como “tensionadas” determinadas áreas. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se niega en redondo. En todo caso, sería necesario también que se elaborase un índice público de precios, que está aún por calcular.

Los voluntarios del sindicato tratan de consolar a los vecinos, darles esperanzas, pero la tarea es complicada. Carmen, que vive con su hija y su nieta, señala que en la manzana siguiente tienen un ejemplo reciente y cercano de bloque derribado para levantar otro con viviendas turísticas. En el horizonte le cuesta ver más que nubarrones: “No tengo mucha fe, lo que tengo es miedo”.