Para paliar los problemas de acceso a la vivienda en Las Rozas de Madrid, próspera localidad de 95.000 habitantes del norte de la comunidad, el equipo de gobierno del alcalde José de la Uz (PP) decidió este año vender una parcela al mejor postor. El formato idóneo, según el Ejecutivo local, eran los chalés de 150 metros cuadrados con jardín. Así lo impuso en los pliegos del contrato, licitado por 3,4 millones de euros a finales de marzo. Aunque la adjudicación de la finca todavía no consta en la plataforma de contratación, una empresa gestora de cooperativas lleva ya desde la semana pasada comercializando los chalés en su página web y en portales inmobiliarios. Según estos anuncios, cada vivienda costará un mínimo de 566.000 euros, casi 200.000 más de lo legalmente permitido.
La fórmula elegida para hacer pasar por asequibles chalés de más de medio millón euros es la de Vivienda con Protección de precio Limitado (VPPL), una previsión legal de los tiempos de Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid para que no solo las rentas más humildes optasen a rebajas inmobiliarias. Con tener unos ingresos no superiores a 7,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), índice de referencia para la concesión de subsidios, una familia sin otro piso en propiedad puede acceder a una vivienda con un precio regulado que no exceda del importe por metro cuadrado prescrito en los módulos oficiales. Así, dos personas con una renta anual de hasta 74.140 euros al año pueden optar a una VPPL. La cantidad es mayor cuantos más miembros tenga la familia, hasta un máximo de 84.735 euros.
El módulo –el precio máximo para una vivienda protegida– para Las Rozas (en la zona A, la más cara) está fijado en 2.425,60 euros por metro cuadrado, que multiplicados por la superficie prevista en la licitación, de 150 metros cuadrados por chalé, resulta en un importe máximo de 363.840 euros sin IVA.
Sin embargo, la empresa Libra Gestión de Proyectos está pidiendo a los potenciales interesados 566.000 euros, que incluyen una aportación de patrimonio neto de 180.000 euros (198.000, con IVA) para participar en la cooperativa que efectivamente promoverá la vivienda. Es decir, hay que aportar, de entrada, casi 200.000 euros para participar en la cooperativa.
Sobrecostes de 200.000 euros porque “el suelo es caro”
En Libra Gestión de Proyectos responden a quien llama por teléfono para interesarse por la promoción que la adjudicación es un hecho, aunque no sea pública. “Nos presentamos a este concurso y nos han notificado la adjudicación porque hemos sido la oferta económica, técnica y de eficiencia energética más elevada”, asegura al otro lado del teléfono una comercial. La aportación extra es necesaria, según cuenta, porque “el suelo es caro” y el precio oficial no permitiría construir las viviendas, urbanizar el entorno y demás gastos asociados. El sobrecoste permite así “dar viabilidad al proyecto”. La oferta sigue siendo atractiva porque los chalés se venderían, pese al recargo, por debajo del precio del mercado libre.
“No hay jóvenes que puedan asumir estas viviendas”, critica el candidato del PSOE de Las Rozas a las elecciones municipales del domingo, Ángel Álvarez, que el martes denunció lo sucedido. El Ayuntamiento está, en su opinión, “vendiendo las joyas de la abuela” para hacer frente a los 42 millones de euros de deuda que arrastra, tras cerrar el pasado ejercicio con un déficit de 11 millones. Desde el Consistorio no han respondido a elDiario.es, alegando exceso de trabajo, a las preguntas de por qué la promoción se está comercializando ya, si el contrato sigue sin adjudicarse oficialmente, y qué motivó la venta de terrenos públicos para levantar chalés de 566.000 euros.
No es la primera vez que Las Rozas recurre al método de la venta de suelo para viviendas VPPL. El año pasado adjudicó otra parcela para la construcción de 37 pisos que salieron a la venta por precios también muy superiores a las tablas fijadas por la Comunidad de Madrid. Una vivienda de 75 metros cuadrados de aquella promoción se vendía a 317.000 euros, más IVA, lo que suponía un mínimo de 70.000 euros sobre el importe legal. Las obras todavía no han comenzado.
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