En la guerra en el PP de Madrid, Vox también ha tomado partido. A primera hora de este martes, la portavoz de la formación de extrema derecha, Rocío Monasterio, ha anunciado el acuerdo con el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso que supone el apoyo de los de Santiago Abascal a las primeras cuentas de la presidenta madrileña desde que llegó a la Puerta del Sol en agosto de 2019. Tres años de tiras y aflojas se acababan con un documento en el que Vox cede en muchas de sus exigencias para que Ayuso pueda cerrar el año con un balance positivo tras el adelanto electoral del 4 de mayo.
En contraposición, a pocos kilómetros, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y el dirigente de Vox, Javier Ortega Smith, protagonizaban un duro enfrentamiento que enfría las posibilidades de pacto para los presupuestos municipales tras dos ejercicios anteriores en los que el acuerdo siempre acabó fructificando.
Ayuso logra así salvar el año tras el adelanto electoral en el que se hizo con una holgada mayoría y se deshacía de Ciudadanos, su hasta entonces socio de Gobierno. Durante sus dos años anteriores, el acuerdo a tres bandas no fue posible y la presidenta madrileña tuvo que prorrogar las cuentas de 2019 en dos ocasiones, aprobadas durante el anterior Gobierno de Ángel Garrido.
Ante la falta de unas cuentas públicas y la ausencia de leyes de calado, la dirigente del PP basó su estrategia comunicativa en el enfrentamiento contra el Gobierno de Pedro Sánchez, que le ha proporcionado réditos electorales y le sirvió para tapar su falta de gestión. Ahora, la presidenta de la Comunidad de Madrid logra darle la vuelta a los dos años anteriores y consigue un acuerdo de presupuestos que supone que los de Abascal apoyen además las dos leyes para rebajar impuestos, la promesa estrella de Ayuso en la campaña de 2019 y también en la de 2021, y que mermará los ingresos en 340 millones de euros.
El acuerdo entre Vox y el PP en la Comunidad de Madrid se ha hecho esperar tras dos meses de negociaciones entre Monasterio y el consejero de Hacienda, Javier Fernández-Lasquetty. Durante ese tiempo, la formación ultraconservadora puso sobre la mesa varias líneas rojas de calado más político que económico, que finalmente no se han plasmado en el pacto presentado este miércoles por ambos dirigentes. Ha sorprendido la puesta en escena. Ayuso habló este lunes de acuerdo inminente y anticipó un acto conjunto que finalmente no se ha producido. Monasterio y Lasquetty comparecían por separado para contar lo mismo pero sin foto.
En el documento distribuido a los medios de comunicación, Vox renuncia a la derogación de las leyes LGTBI, a la expulsión de los menores no acompañados o a la presentación de una reforma del estatuto para reducir diputados –una medida que fue la excusa para apoyar la investidura de Ayuso–. Sobre la derogación de las leyes LGTBI y “de género”, no hay mención alguna en las 13 medidas acordadas, aunque Lasquetty ha asegurado después que ambas formaciones siguen negociando para modificar algunos de sus artículos.
“Seguimos trabajando conjuntamente en ello, se sigue negociando, se va a seguir negociando. Tanto la presidenta de la Comunidad (Isabel Díaz Ayuso) como el consejero de Presidencia (Enrique López) han dicho reiteradamente, en la Cámara y fuera de la Cámara, que estamos dispuestos a reformarlas y se está trabajando para su reforma”, ha dicho el consejero de Hacienda, mientras Monasterio no ha mencionado este punto.
Lo que sí logra Vox es el compromiso para que el Gobierno regional avance en la gratuidad de la educación no obligatoria –infantil de 0 a 3 años, bachillerato y formación profesional–. La inversión este año para esta medida, que consistirá en dar cheques y bonos a las familias que escolaricen a sus hijos en centros privados y concertados, ascenderá a 62,5 millones de euros, lejos de los más de 350 millones que el Ejecutivo de Ayuso aseguró que costaba la gratuidad total. El límite de renta para recibirlos es 35.000 euros anuales per cápita y el Gobierno asegura que la medida beneficiará a 18.000 familias. La oposición de Más Madrid y Unidas Podemos ha salido a criticar una medida que, considera, solo beneficia a los centros privados mientras los fondos para la educación pública descienden. En la misma línea se ha pronunciado Comisiones Obreras.
La medida más polémica acordada entre Vox y el Gobierno de Ayuso versa sobre una de las obsesiones de la formación ultraconservadora: los menores extranjeros no acompañados. Monasterio logra el compromiso de auditar las “subvenciones” y el gasto dedicado a este colectivo, una medida para la que se han presupuestado 50.000 euros. Lejos quedan las exigencias de expulsar a esos menores y rebajar la inversión, así que en el PP celebran un acuerdo en el que consideran que los de Abascal “no han hecho más que ceder” y que no les compromete en los postulados más radicales de Vox.
En el Partido Popular creen que el pacto da “oxígeno” a Ayuso para el resto de la legislatura. “La presidenta podrá en el próximo ejercicio, año preelectoral, prorrogar las cuentas sin problema. Esto alicata la legislatura sin que hayamos tenido que comprometernos a las exigencias más comprometidas para nosotros”, añaden fuentes del partido.
La tensión entre Ortega Smith y Almeida
En el Ayuntamiento de Madrid, la relación del PP con Vox se ha enrarecido mucho en las últimas semanas. Todo empezó a torcerse con la nueva Ordenanza de Movilidad, que fue aprobada con los votos de los cuatro concejales escindidos de Más Madrid, integrados ahora en el grupo mixto. Vox votó en contra y empezó a cargar contra las políticas municipales con palabras gruesas, acusando al alcalde de “engañar a sus votantes”.
Este martes, en el pleno municipal de noviembre, su portavoz, Ortega Smith, advirtió a José Luis Martínez Almeida de que “el acuerdo de investidura era para desterrar las políticas de la izquierda” y le recordó la importancia de “ser coherentes, tener palabra y cumplir los compromisos”. Luego le enumeró todos los puntos que el PP firmó con Vox y que aún no se han completado, en lo relativo a construir más plazas de aparcamientos, a luchar “contra los chiringuitos de la izquierda” o aprobar el soterramiento de la A-5, entre otros. También le echó en cara que rehiciera el mural vandalizado de Ciudad Lineal, dedicado a la lucha de las mujeres por sus derechos. “Que le vaya bonito, porque con nosotros no cuente”, le dijo al acabar su discurso.
En solo un año, Vox ha pasado de firmar los presupuestos de 2021 con el alcalde a insultar a toda la corporación municipal y a la oposición: al primer edil le llama Carmeida, acusándolo de ser continuista con algunas políticas de su predecesora. A la vicealcaldesa la apoda Begoña Terracís, lo que le ha valido varios enfrentamientos por Twitter y también en el pleno de Cibeles. Y a los ediles encabezados por José Manuel Calvo los denomina grupo comumixto, en referencia a sus propuestas de izquierdas.
“¿Por qué ni siquiera quiere sentarse a hablar sobre los Presupuestos?”, respondía Almeida a Ortega Smith en el pleno de Cibeles. Luego elevó el tono de su discurso: “Llevo meses aguantando insultos por su parte, incluso la imputación de delitos. Debería rectificar su actitud en público”. También aseguró que el pacto de investidura con Vox no incluía acabar con Madrid Central y que no hay una negociación abierta de Presupuestos porque Ortega discrepa del paso de los coches por Gran Vía, lo que calificó de “irresponsabilidad absoluta”.
En este río revuelto, los ediles de Recupera Madrid –el nombre que se han dado los escindidos de Carmena– apuestan por pescar algún logro a cambio de su apoyo. Ya obligaron a introducir algunos cambios en la Ordenanza de Movilidad para obtener sus votos y lo mismo están haciendo en la negociación de otra normativa importante, la de terrazas.
De momento a Almeida le han pedido que retire las ordenanzas fiscales aprobadas antes de ponerse a negociar los Presupuestos del año que viene, algo que por ahora tanto PP como Ciudadanos descartan, aunque les obligue a prorrogar las cuentas de este año y abandonar proyectos como la peatonalización de la Puerta del Sol, la construcción de bases del Samur o de la Policía Local o el derribo del Puente de Vallecas, cuya dotación económica depende de que salgan adelante los citados presupuestos.
Si en los primeros años de Gobierno de Almeida Vox apostó por no apretar al primer edil, ahora la estrategia de la formación de Abascal ha dado un giro de 180 grados para convertirse en el apoyo incondicional a Isabel Díaz Ayuso y darle estabilidad a su Gobierno, ahora sin Ciudadanos. Un punto más para Ayuso en la pugna por hacerse con el poder del partido a nivel regional.
Este miércoles, el grupo municipal de extrema derecha que lidera Javier Ortega Smith, acusaba al alcalde de estar contando “tres mentiras” después de la haberse negado a negociar los presupuestos municipales. Según Vox, lo que pretende el alcalde es tratar de situarles a ellos “en el ojo del huracán mediático, tratando así de zafarse de su responsabilidad” ante el fracaso.
“En el Pleno de ayer el alcalde ha intentado responsabilizar a VOX de la situación”, señalan en una nota de prensa en la que tildan de “trilerismo político” el comportamiento de Almeida y le advierte de que “para negociar los presupuestos en un despachito y empezar con el intercambio de cromos, como está haciendo con el Grupo Comunixto”, no cuenten con ellos. “VOX se sentará a estudiar los presupuestos donde corresponde, que es en el grupo municipal, las Comisiones y en el Pleno, con luz y taquígrafos”, añaden.
Por su parte, desde el Grupo Mixto fuentes de Recupera Madrid aseguran que “de despachitos nada. Hemos planteado una mesa de negociación en la que estén todos los grupos, excepto Vox”, afirman. “Esto es una pataleta se la extrema derecha porque han perdido capacidad de influencia”, zanjan las mismas fuentes.