La expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, fue la presidenta de los hospitales. Construyó siete de golpe a cambio de abrir el sistema sanitario al capital privado: las empresas ponían el dinero para levantar los edificios y en contrapartida recibían un canon pagado por la administración a 30 años y la gestión no sanitaria de los centros. Más de una década después de la implantación de ese modelo, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ensaya una imitación parcial del plan de infraestructuras sanitarias de Aguirre.
La Consejería de Sanidad ha planeado la construcción de un nuevo edificio en el hospital Ramón y Cajal, uno de los grandes centros de referencia en la región, sin gastar dinero público. Solo pondrá el terreno. El plan, que ya ha salido a licitación pública, pasa por que una empresa pague la construcción y a cambio se le otorgue la concesión del aparcamiento ubicado en las plantas subterráneas de ese edificio, para consultas externas, extracciones y espacios para las guardias médicas, durante 40 años.
Con este contrato, la Comunidad de Madrid vuelve a recurrir al modelo PFI (Private Finance Initiative, por sus siglas en inglés) en la sanidad pública. Es decir, a la construcción de hospitales a través de concesiones de obra pública, aunque esta vez con un canon que no es económico, como en la etapa de Aguirre, sino en especie: el parking. En el modelo de la expresidenta también se entregaba como contrapartida por la construcción la gestión de servicios no asistenciales del hospital, como la cafetería, la lavandería, los celadores o el personal administrativo. El aparcamiento se enmarca dentro de este tipo de servicios no sanitarios.
La Consejería de Sanidad precisa que es “la forma de contratación pública más adecuada para la administración, pues no implica además asignar recursos públicos para su construcción” y matiza que los primeros trámites del proyecto se iniciaron en la legislatura anterior. “Se trata de una concesión administrativa”, añaden fuentes de Sanidad que subrayan que el parking es una inversión “no ligada intrínsencamente a la gestión sanitaria”. El Gobierno regional considera, además, que hay una “urgencia” en ampliar las plazas del aparcamiento del hospital.
Los sindicatos consideran que no han sido debidamente informados de los planes para ampliar el hospital. El delegado de CCOO en el centro, Luis Mancera, asegura que el gerente, Juan José Equiza, solo les proporcionó una escueta explicación pero únicamente cuando se lo solicitaron. “Nos dijo que se iba a hacer con todos los permisos y que habría 200 plazas de garaje y un hotel para los médicos de guardia”, apunta Mancera en conversación con eldiario.es.
Juan José Equiza dirige el hospital público desde marzo de 2014. Los trabajadores cuentan que nada más llegar a su nuevo puesto manifestó sus intenciones de privatizar el almacén y el archivo de historias clínicas. Y en 2016 aprovechó unas obras en el aparcamiento que ya existe en el centro hospitalario para privatizar 150 plazas que estaban reservadas al personal sanitario.
El PSOE va a pedir explicaciones sobre este asunto al Gobierno regional. “Llama la atención que la reforma no esté incluida en ningún plan director que planifique las necesidades del hospital”, asegura el diputado socialista en la Asamblea de Madrid, José Manuel Freire, que acusa al Gobierno de “falta de transparencia”. Freire cree, además, que “el modelo supone hipotecar un edificio del hospital, condicionarlo a la venta del negocio del parking”.
Las empresas, preocupadas por la “cifra de negocio”
¿Cuánto beneficio sacarán las empresas que se postulen del negocio de construir un edificio público? Las compañías ya han hecho esta pregunta a la gerencia del hospital dentro del procedimiento de concurso público. “Rogamos que nos confirmen si el valor estimado del contrato considerado en la cláusula 1.4 se corresponde con el importe neto de la cifra de negocio que generará la empresa concesionaria como contraprestación”, consultan las posibles concesionarias. El hospital Ramón y Cajal aclara que esa “cifra de negocios” se puede deducir del estudio de viabilidad.
En la documentación publicada en el Portal de la Contratación de la Comunidad de Madrid queda claro que el coste de la obra para levantar el edificio, de 28.000 metros cuadrados y siete plantas, cuatro subterráneas para el aparcamiento, según los planos: 6,6 millones de euros. Se trata de una cifra mínima que la concesionaria podría ampliar con “mejoras”.
En la gestión del negocio del parking, el Gobierno regional pone algunas limitaciones. La empresa concesionaria, que estará obligada a crear una sociedad exprofeso para esta concesión, tiene libertad para establecer las tarifas pero no puede fijar un precio superior a 2,9 euros por hora. También está obligada a reservar un porcentaje de plazas reservadas al hospital, aunque podrá poner zonas de lavado, por ejemplo, siempre que sea autorizado como complemento para el negocio. “Los precios máximos son los precios medios de los parking de la ciudad de Madrid, valorando la reducción de las tarifas”, señalan desde el Gobierno regional.
La administración también incluye en los pliegos que si los ingresos son “superiores” a los estimados en el plan económico financiero, la concesionaria tendrá que pagar como “canon de explotación” la mitad de “esos ingresos excedentes”, que a su vez tendrán que dedicarse a “obras de mejora realizadas en la concesión”. A este respecto, la Consejería de Sanidad argumenta que “los beneficios de la adjudicataria están fijados en el modelo económico financiero, existiendo un reequilibrio para la administración si se supera”.
Un modelo que descontroló el gasto público
La red de hospitales que impulsó el Gobierno de Esperanza Aguirre generó un gran descontrol del gasto público. El Ejecutivo autorizó aumentar los pagos a las empresas sin hacerlo público, según reveló la Cámara de Cuentas en uno de sus informes de fiscalización. El mismo órgano de control ha denunciado el caos contable en estos centros y en un informe publicado hace dos semanas, y correspondiente al año 2018, desvela la deuda oculta con estos siete centros hospitalarios: más de 700 millones de euros.
El asunto, muchos años después, ha terminado en manos de la Audiencia Nacional. El juez instructor del caso Púnica, Manuel García Castellón sospecha que la construcción de centros sanitarios también sirvió para alimentar la maquinaria para desviar el dinero de los madrileños a las cuentas del PP. En un auto fechado en septiembre de 2019, García Castellón describe un desfalco de 3,07 millones de euros de las arcas públicas a través de supuestos contratos de “publicidad simulada” de los nuevos hospitales.
Al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, aunque no estaba entonces en la Puerta del Sol, le ha tocado entregar documentación a la justicia sobre esta época. En el proceso, la Fiscalía detectó en diciembre que faltan expedientes y volvió a solicitarlos. En medio de este periplo, la Comunidad de Madrid ha optado por retomar parcialmente el modelo PFI a través de la explotación del parking de 234 plazas. El consejero de Sanidad de aquella época de apertura a espuertas de hospitales, Javier Fernández-Lasquetty, ahora está al frente de Hacienda en el Gobierno regional.
El Observatorio Madrileño de Salud concluyó en un estudio que las concesiones administrativas en la gestión de hospitales suponían un sobrecoste anual del 14,95% si se compara con la alternativa de construcción y gestión pública. Podemos denunció en 2018 ante la Fiscalía el despilfarro de entre 1.200 y 3.000 millones de euros en contratos con los hospitales concesionados hasta 2035 para “beneficiar” a las empresas.
Los aparcamientos de los hospitales madrileños están explotados por empresas privadas a través de concesiones temporales. Por ejemplo, el parking del Gregorio Marañón se adjudicó en 2015 por cinco años y 9,8 millones de euros. El Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso se comprometió en septiembre a revisar los costes de aparcar en los centros hospitalarios públicos ante las quejas de los usuarios.