La Meseta es un nuevo blog en el que Castilla y León se abre a la red, sin cortapisas, sin presiones y con un único objetivo: informar, contar, relatar. Informar lo que ocurre esta Comunidad Autónoma sin que nadie imponga sus criterios. Contar lo que habitualmente no se encuentra ni en la Red ni en papel. Relatar opiniones de los que tengan algo de qué opinar. Todo ello pensado para una tierra mesetaria, en la que apenas hay sobresaltos, y con la pretensión de aportar un grano de arena para el avance intelectual y material de esta región.
Aluvión de sospechas sobre la Consejería de Economía de Castilla y León
De repente, los nervios comienzan a aflorar. Las sospechas ya eran una realidad. Pero un Juzgado ha revolucionado la Consejería de Economía de Castilla y León. El Juzgado de Instrucción número dos de Valladolid ha citado a declarar como testigos a nueve altos cargos de ese departamento por la investigación de una supuesta prevaricación administrativa. Son dos cargos públicos y siete técnicos.
El origen de esta investigación está en el informe del Consejo de Cuentas de Castilla y León de 2010, que preside el dirigente del PP de Salamanca Jesús Encabo, y que desveló que en Economía se habían partido determinados contratos para no superar los 18.000 euros con el objeto de que se concedieran por adjudicación directa.
Y es ahora cuando el Juzgado de Instrucción número 1 de Valladolid ha citado como imputados por un presunto delito de prevaricación administrativa a nueve trabajadores con cargos de diversa responsabilidad en la Consejería de Economía, según la información que ha facilitado el gabinete de prensa del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.
El titular de este Juzgado pretende esclarecer “
Será el próximo 24 de abril cuando declaren ante el juez Rafael Llanos Barrocal, que era jefe de Servicio de Prevención; Miguel Ángel Diez Mediavilla, exdirector general de Trabajo; Juan Carlos Martínez González, jefe de Servicio de Actuaciones Estratégicas Comerciales de la Dirección General de Comercio; Nuria García Prieto, interventora delegada; José María Casas Inclán, coordinador de servicios, también de la Dirección General de Comercio, al igual que Ana María Lorenzo Fernández, jefe de servicio de dicho departamento; Carlos Teresa Heredia, director general de Comercio; Juan Carlos Gamazo Chillón, jefe del servicio de Análisis Económico de la Dirección General de Economía; y Víctor Valverde Gómez, que era director general de Economía cuando se pudieron haber cometido esas supuestas irregularidades.
Y la investigación judicial partió de una denuncia de Fiscalía Anticorrupción, tras la autoría del Consejo de Cuentas de Castilla y León que, en su informe de 2010, detectó unos contratos (la mayoría de Valladolid y otros de León) en los que se había partido el importe de los mismos para no superar los límites de la adjudicación directa, y así elegir a la empresas adjudicatarias sin licitación pública.
De repente, los nervios comienzan a aflorar. Las sospechas ya eran una realidad. Pero un Juzgado ha revolucionado la Consejería de Economía de Castilla y León. El Juzgado de Instrucción número dos de Valladolid ha citado a declarar como testigos a nueve altos cargos de ese departamento por la investigación de una supuesta prevaricación administrativa. Son dos cargos públicos y siete técnicos.
El origen de esta investigación está en el informe del Consejo de Cuentas de Castilla y León de 2010, que preside el dirigente del PP de Salamanca Jesús Encabo, y que desveló que en Economía se habían partido determinados contratos para no superar los 18.000 euros con el objeto de que se concedieran por adjudicación directa.