De repente, los nervios comienzan a aflorar. Las sospechas ya eran una realidad. Pero un Juzgado ha revolucionado la Consejería de Economía de Castilla y León. El Juzgado de Instrucción número dos de Valladolid ha citado a declarar como testigos a nueve altos cargos de ese departamento por la investigación de una supuesta prevaricación administrativa. Son dos cargos públicos y siete técnicos.
El origen de esta investigación está en el informe del Consejo de Cuentas de Castilla y León de 2010, que preside el dirigente del PP de Salamanca Jesús Encabo, y que desveló que en Economía se habían partido determinados contratos para no superar los 18.000 euros con el objeto de que se concedieran por adjudicación directa.
Y es ahora cuando el Juzgado de Instrucción número 1 de Valladolid ha citado como imputados por un presunto delito de prevaricación administrativa a nueve trabajadores con cargos de diversa responsabilidad en la Consejería de Economía, según la información que ha facilitado el gabinete de prensa del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.
El titular de este Juzgado pretende esclarecer “
Será el próximo 24 de abril cuando declaren ante el juez Rafael Llanos Barrocal, que era jefe de Servicio de Prevención; Miguel Ángel Diez Mediavilla, exdirector general de Trabajo; Juan Carlos Martínez González, jefe de Servicio de Actuaciones Estratégicas Comerciales de la Dirección General de Comercio; Nuria García Prieto, interventora delegada; José María Casas Inclán, coordinador de servicios, también de la Dirección General de Comercio, al igual que Ana María Lorenzo Fernández, jefe de servicio de dicho departamento; Carlos Teresa Heredia, director general de Comercio; Juan Carlos Gamazo Chillón, jefe del servicio de Análisis Económico de la Dirección General de Economía; y Víctor Valverde Gómez, que era director general de Economía cuando se pudieron haber cometido esas supuestas irregularidades.
Y la investigación judicial partió de una denuncia de Fiscalía Anticorrupción, tras la autoría del Consejo de Cuentas de Castilla y León que, en su informe de 2010, detectó unos contratos (la mayoría de Valladolid y otros de León) en los que se había partido el importe de los mismos para no superar los límites de la adjudicación directa, y así elegir a la empresas adjudicatarias sin licitación pública.
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