Castilla y León adjudica la asistencia a víctimas de violencia machista a una entidad privada

La Junta de Castilla y León ha roto con los abogados de la Comunidad. O al revés. Por lo menos en el área de Familia e Igualdad de Oportunidades. El Consejo de la Abogacía de Castilla y León ha decidido no renovar el convenio que tenían suscrito con el Gobierno regional desde hace más de una década para la asistencia de víctimas de malos tratos por la reducción “importante” del dinero consignado para este año, 30.000 euros.

Sin embargo, el el Ejecutivo de esta región ha elevado hasta los 50.000 euros el dinero que dará a una entidad privada, como la Asociación de Asistencia a Víctimas de Agresiones Sexuales y Malos Tratos (Adavas), para realizar el servicio que antes hacían los colegios de abogados de esta comunidad.

Pero lo llamativo ha sido cómo en los últimos años desde la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades se ha reducido, de forma paulatina, el dinero que entregaban a los Colegios de Abogados, a través del Consejo de la Abogacía de Castilla y León. Así, según un comunicado de esta institución se “había reducido el montante que destinaba a este concepto de 250.000 euros a tan sólo 50.000 en los últimos dos años”.

Y, además, los abogados reconocen que han sido ellos los que han rechazado la renovación de ese convenio al considerar un “menosprecio” las formas de la Consejería.

Los motivos de esta ruptura ha sido que la Junta barajara para este año 2014 la “nimia cantidad de 30.000 euros para las nueve provincias, en la que pretendía incluir no sólo la asistencia a estas mujeres durante todo un año y durante todos los días, sino también la organización de cursos de formación gratuitos por parte de los Colegios”.

Por su parte, la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades alega que se trata de «flexibilizar los horarios del servicio, así como reajustarlo con el fin de ofrecer a estas mujeres una atención integral vinculada a los recursos asistenciales disponibles, como la Renta Garantizada de Ciudadanía», por lo que ese servicio lo prestará Adavas.

Enfrente, el Consejo de la Abogacía de Castilla y León ha decidido seguir atendiendo “de forma totalmente gratuita a través de sus Servicios de Orientación Jurídica (SOJ) a las víctimas de violencia de género durante las 24 horas del día y los 365 días del año”.

También, el presidente del Consejo de la Abogacía de Castilla y León, Fernando García Delgado, ha recordado que los nueve Colegios de Abogados de esta región “tienen a disposición de todas las mujeres de la Comunidad Autónoma 600 letrados adscritos al turno de oficio de violencia con preparación específica a tal fin, al que se derivará a las mujeres que lo soliciten”.

García-Delgado ha mostrado “la profunda indignación ante estos hechos de los nueve decanos de los Colegios de Abogados de la Comunidad” y señala que “no se trata de dinero, sino de dignidad, de reconocer la calidad de una labor profesional que se está realizando y se ha realizado durante años a cambio de una asignación en los últimos tiempos insignificante”.

En lugar de este reconocimiento, los abogados de la Comunidad Autónoma entienden que la forma de adjudicar el contrato a otras entidades, por una cantidad que a los letrados se les ha negado de forma directa, sin concurso público ni publicidad, es “un menosprecio” y demuestra la intención de la Junta de Castilla y León de aparecer como defensora de la mujer a costa de terceros sin realizar, realmente, esfuerzo alguno en mantener un servicio de la mejor calidad en el que durante estos años se ha prestado asistencia a miles de mujeres de las nueve provincias.

La Junta de Castilla y León ha roto con los abogados de la Comunidad. O al revés. Por lo menos en el área de Familia e Igualdad de Oportunidades. El Consejo de la Abogacía de Castilla y León ha decidido no renovar el convenio que tenían suscrito con el Gobierno regional desde hace más de una década para la asistencia de víctimas de malos tratos por la reducción “importante” del dinero consignado para este año, 30.000 euros.

Sin embargo, el el Ejecutivo de esta región ha elevado hasta los 50.000 euros el dinero que dará a una entidad privada, como la Asociación de Asistencia a Víctimas de Agresiones Sexuales y Malos Tratos (Adavas), para realizar el servicio que antes hacían los colegios de abogados de esta comunidad.