Al PP no le ha quedado más remedio que levantar (aunque solo sea un poco) las alfombras en la actuación del Gobierno de Castilla y León. Lo hará con una comisión de investigación, inédita desde hace casi 30 años. Pero será sin luz ni taquígrafos. Sin medios de comunicación. Con actuaciones secretas.
La oposición en las Cortes de Castilla y León –previa petición inicial del PSOE- ha obligado al PP a abrir una investigación sobre el supuesto cobro de 110 millones de euros en comisiones por parte de cargos públicos de la Junta a cambio de adjudicaciones de parques eólicos en esta Comunidad Autónoma. Pero el PP ha logrado hacerse, no solo con el poder de la comisión, sino ha impedido que sea pública, como habían pedido los partidos en la oposición: PSOE, Ciudadanos, Podemos, IU y UPL.
Desde el Parlamento regional, a través de su presidenta Silvia Clemente, se han acogido al Reglamento de funcionamiento y así han conseguido que el presidente sea el procurador del PP Juan José Sanz Vitorio –gracias a su derecho de partido más votado- y que no haya ni luz ni taquígrafos.
No hubo forma que los miembros del PP se salieran del guión, del argumentario, y que no era otro que ceñirse a lo que marcaba el Reglamento, “pactado” hace años “por el PP, PSOE y Grupo Mixto”, como llegó a recordar el procurador del PP Raúl de la Hoz.
El secretismo de esta comisión de investigación impide conocer la fecha de la siguiente sesión, en la que habría que diseñar un plan de trabajo y comenzar a pedir documentaciones y comparecencias. Según ha publicado El Norte de Castilla, “lo primero que tendrán que hacer es solicitar el informe de la Agencia Tributaria que lleva desde diciembre pasado en manos de la Fiscalía Anticorrupción y que es el documento sobre el que se asienta la propia razón de ser de la comisión”.
Por parte del PSOE, Javier Izquierdo ha destacado la “buena noticia” de que se constituya la primera comisión de investigación en muchos años, aunque al mismo tiempo ha manifestado su “malestar” porque es el PP el que la presidirá. “Espero que no sea un anticipo de obstáculos en los trabajos y que no se nos niegue ningún tipo de documentación ni comparecencia solicitada para que sea efectiva”, ha añadido.
La respuesta inmediata la ha dado el procurador del PP Raúl de la Hoz, quien ya ha vaticinado que la conclusiones que se obtengan “serán favorables a la actuación de la Junta de Castilla y León”, ya que en su opinión “no han existido irregularidades” en la autorización de parques eólicos en Castilla y León.
Por parte de Podemos, su portavoz en las Cortes de Castilla y León, Pablo Fernández, ha lamentado el carácter secreto de esta comisión y ha calificado de “obsoleto e inútil” el Reglamento del Parlamento regional por lo que ha reclamado su “reforma”. Desde Ciudadanos, José Ignacio Delgado ha afirmado que el PP “tiene miedo a la verdad”, por lo que ha impedido que fuera el procurador socialista, José Francisco Martín, el presidente de la comisión.
Los integrantes de la comisión de investigación de la trama eólica serán Juan José Sanz Vitorio (presidente) y Raúl de la Hoz, por el PP; Javier Izquierdo y JF Martín, por el PSOE; José Ignacio Delgado, por Ciudadanos; Pablo Fernández, por Podemos; y Luis Mariano Santos, de UPL, por el Grupo Mixto.
