La Junta de Castilla y León debería retirar el proyecto de Ordenación del Territorio

El informe del CES ha venido como lluvia de primavera a deshacer y limpiar las múltiples sombras y errores contenidos en el anteproyecto de Ordenación del Territorio presentado ante las Cortes por la Junta de Castilla y León a finales de 2012. Las observaciones y conclusiones del CES no pueden ser más demoledoras y coinciden en gran medida con las formuladas en su momento por nosotros o con el documento presentado el pasado 20 de marzo a los grupos parlamentarios de las Cortes de Castilla y León por el foro Comarcas Si, Distritos NO. También comparten en sordina esta crítica muchos alcaldes y representantes del PP. Tamaño dislate y despropósito, no sólo de lenguaje, sino también de espíritu y de contenido merece el rechazo cada día más unánime y generalizado.

Ahora, el PSOE, que había firmado un pacto de mínimos acerca de éste y otros problemas regionales, descubre las incoherencias del proyecto y las trampas que encierra. La propia ausencia de la palabra comarca ha dolido a más de un diputado regional, aunque varios representantes del PP, bien parapetados entre el poder de las Diputaciones y el de la Junta, digan que falta tradición comarcal en la región o que sigue primando la identidad provincial. Así nos va en nuestra región. El presidente de la Junta de Castilla y León debería mirar más atentamente a su alrededor y saber cómo abordar con inteligencia y con mirada diagonal problemas de tanta envergadura como la ordenación territorial. Sus colaboradores y delegados territoriales se han expresado con torpeza en sus intervenciones de propaganda pública, porque sencillamente el modelo es inexplicable, confuso y de interpretación territorial imposible. Salta a la vista que algunos políticos bien cercanos a la Presidencia se han pasado de imprudentes e insolentes y, muestran en este tema como en otros muchos, una desconsideración manifiesta hacia la región y hacia sus habitantes.

Precisamente ni las personas que deben ser “el epicentro de la ordenación” ni el propio territorio con su diversidad ambiental y sus desequilibrios internos están presentes en el anteproyecto de la Junta, se subraya en las observaciones del CES. No es, por tanto, “un modelo de ordenación del territorio que venga a resolver problemas estructurales de naturaleza económica y social, así como la resolución de los desequilibrios territoriales y de despoblación”. Los argumentos generales y particulares, expuestos detalladamente y con criterios bien razonados en largo informe del CES, son análogos a los que desde el mundo rural y desde los municipios o entidades locales menores ha presentado el foro Comarcas Si, Distritos NO .

Además de lo dicho, las reflexiones del CES son de profundo calado y penetran de lleno en la filosofía política del anteproyecto y en sus principios y conceptos, todos ellos subordinados a un solo mandamiento, “la estabilidad presupuestaria y la suficiencia financiera”, olvidando los objetivos fundamentales de la ordenación del territorio: la solidaridad, la equidad y el bienestar de los ciudadanos. No solamente se ponen en cuestión las figuras propuestas como unidades básicas de ordenación por su confusa definición y concepción, sino también porque el anteproyecto no contempla la rica realidad que nos rodea, ni mucho menos la delimitación de espacios intermedios, “marcando límites ajenos a los provinciales actualmente existentes”. En la delimitación y propuesta de comarcalización de 1985 si se contemplaba. Se critica, asimismo, la ausencia de un mapa de de referencia previamente consensuado y delimitado, pues se elimina de este modo la posibilidad de un debate abierto y objetivo sobre bases territoriales reales.

Tanto el CES como el foro Comarcas Si, Distritos No, coinciden en una valoración negativa de la resurrección de las Diputaciones, de la falta de criterios geográficos para la fusión de los municipios, de la seria amenaza a la privatización de los servicios a través de los consorcios, etc, Un problema grave de carácter territorial y geográfico es indudablemente señalar como umbral demográfico de ordenación entre lo rural y lo urbano a los 20.000 habitantes, pues prima una política de ordenación predominantemente de escala urbana, menospreciando núcleos urbanos de tamaño menor de gran significado histórico y geográfico en la región, que hasta el momento han sido considerados decisivos en la articulación y cohesión territorial como cabeceras de comarca. o de un área funcional.

La confusión permanente entre ordenación del territorio y gestión administrativa llama poderosamente la atención al CES, y plantea verdaderas dudas y contradicciones acerca de la adecuación con la legislación vigente, y sobre todo nos revela que el modelo propuesto por la Junta no garantiza los derechos básicos de nuestra ciudadanía ni mucho menos la cohesión social, en particular a las personas que viven en aquellos territorios más desvalidos y despoblados.

En su reflexión final, el Consejo opina por unanimidad que el anteproyecto de Ley de Ordenación, Servicios y Gobierno del territorio de la Comunidad de Castilla y León debería, por prudencia, paralizarse, pues una buena parte del articulado se verá directamente afectada por la reforma de la Administración Local prevista por el Gobierno del Estado (Anteproyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local). En definitiva, un informe bien vertebrado y con observaciones rigurosamente analizadas que recomiendan a la Junta de Castilla y León una propuesta más próxima a los ciudadanos y más comprometida con la compleja y difícil realidad geográfica de la región. ¿A qué espera el señor presidente para retirarlo?

El informe del CES ha venido como lluvia de primavera a deshacer y limpiar las múltiples sombras y errores contenidos en el anteproyecto de Ordenación del Territorio presentado ante las Cortes por la Junta de Castilla y León a finales de 2012. Las observaciones y conclusiones del CES no pueden ser más demoledoras y coinciden en gran medida con las formuladas en su momento por nosotros o con el documento presentado el pasado 20 de marzo a los grupos parlamentarios de las Cortes de Castilla y León por el foro Comarcas Si, Distritos NO. También comparten en sordina esta crítica muchos alcaldes y representantes del PP. Tamaño dislate y despropósito, no sólo de lenguaje, sino también de espíritu y de contenido merece el rechazo cada día más unánime y generalizado.

Ahora, el PSOE, que había firmado un pacto de mínimos acerca de éste y otros problemas regionales, descubre las incoherencias del proyecto y las trampas que encierra. La propia ausencia de la palabra comarca ha dolido a más de un diputado regional, aunque varios representantes del PP, bien parapetados entre el poder de las Diputaciones y el de la Junta, digan que falta tradición comarcal en la región o que sigue primando la identidad provincial. Así nos va en nuestra región. El presidente de la Junta de Castilla y León debería mirar más atentamente a su alrededor y saber cómo abordar con inteligencia y con mirada diagonal problemas de tanta envergadura como la ordenación territorial. Sus colaboradores y delegados territoriales se han expresado con torpeza en sus intervenciones de propaganda pública, porque sencillamente el modelo es inexplicable, confuso y de interpretación territorial imposible. Salta a la vista que algunos políticos bien cercanos a la Presidencia se han pasado de imprudentes e insolentes y, muestran en este tema como en otros muchos, una desconsideración manifiesta hacia la región y hacia sus habitantes.