A medio camino de ninguna parte

Izquierda Unida de Castilla y León se reincorporó a las Cortes de Castilla y León en esta VIII Legislatura, tras las elecciones autonómicas del 22 de Mayo de 2011. Nuestra presencia en los trabajos de las comisiones y los plenos ha roto las inercias de una fácil convivencia bipardista, adormecida en temas fundamentalmente procedimentales, aliñados con la salsa de las herencias y otras hierbas en la peculiar versión actual de la Restauración decimonónica que PP yPSOE han instaurado en nuestro país.

Vinimos a las Cortes con el firme propósito de cumplir con nuestro compromiso electoral con los ciudadanos: ser una fuerza parlamentaria de acogimiento de todas las demandas, una puerta abierta a la gente, a los colectivos sociales para ofrecer consejo y ayuda. Así lo hemos venido haciendo, como lo atestiguan los muchos ciudadanos que han visitado nuestro despacho. Y así vamos a continuar, para romper el foso que separa a las personas de esta Casa que debería ser, no sólo la que representa su voluntad, sino la que recogiese sus opiniones y demandas.

Por supuesto, en un principio trataron de acallarnos con la denuncia de que nuestro discurso era “ideológico”, los que significa que nuestras posiciones rompían el tácito acuerdo de fondo sobre las doctrinas económicas del neoliberalismo imperante que comparten PP y PSOE desde hace al menos 27 años. Tanto el partido de Juan Vicente Herrera como el que hoy dirige Julio Villarrubia, coinciden en la necesidad de proceder a una destructiva reducción del gasto público que trae como consecuencia inmediata la liquidación de los servicios públicos más esenciales. Si el gobierno de Rodríguez Zapatero tuvo la osadía de convertir el techo de gasto en un artículo constitucional, en una reforma hecha de espaldas a los ciudadanos que votaron la Constitución, con el apoyo del PP de Mariano Rajoy, el gobierno de Rajoy ha aplicado esta doctrina sin miramientos ni compasión para con los millones de personas arrojadas al paro, a la marginalidad social, a la pérdida de sus viviendas, a la destrucción de la escuela pública a favor de la escuela confesional privada, a la pérdida de garantías en el acceso a la sanidad.

Esta VIII legislatura de la Autonomía de Castilla y León recoge el momento histórico del final del proyecto de modernización y democratización de nuestro país, de otra ocasión perdida por los castellanos y leoneses para acortar las distancias que nos han separado de otros territorios más avanzados. El gobierno de Juan Vicente Herrera ha cumplido al pie de la letra las órdenes recibidas desde Moncloa para dejar la Administración autonómica en su esqueleto más inoperante.

En este ecuador de la legislatura, hemos hecho cuanto nos ha permitido un Reglamento bipartidista de las Cortes, redactado de manera mezquina para los integrantes del llamado grupo parlamentario mixto. Las casi cincuenta preguntas dirigidas a la Junta y a su Presidente en las sesiones plenarias han tratado problemas graves de Castilla y León: la desaparición de las Cajas arrasadas por la corrupción de la orgia inmobiliaria (presentamos una denuncia contra personas de sus Consejos de Administración ante la Fiscalía de la Comunidad); el desempleo; el desmantelamiento del tejido industrial; el aumento de los índices de pobreza entre los castellanos y leoneses; las ejecuciones hipotecarias; el cierre del sector minero del carbón; la despoblación y el auge de la emigración; el deterioro de la asistencia sanitaria; el aislamiento del medio rural; el ataque contra la Administración pública…

Hemos apurado la cicatera constricción del reglamento a la hora de dirigir a las Comisiones parlamentarias las iniciativas precisas para cumplir con los contenidos de nuestro programa electoral, así como las demandas que presentan los particulares por nuestra mediación. En la potestad legislativa, hemos presentado un número importante de enmiendas, tanto a la totalidad como parciales a la larga lista de leyes que el legislativo ha tenido que improvisar forzado por la dura situación de destrucción del edificio autonómico. Llevamos ya una veintena de leyes, entre las que se encuentran en trámite y las ya aprobadas.

En fin, tratamos de cubrir con esfuerzo, contando con un solo escaño todos los frentes abiertos para los que los grupos mayoritarios cuentan con suficientes recursos humanos y técnicos. Y lo hacemos con la vieja tradición de IUCyL, con entrega y convencimiento de lo acertado de nuestra labor.

Izquierda Unida de Castilla y León se reincorporó a las Cortes de Castilla y León en esta VIII Legislatura, tras las elecciones autonómicas del 22 de Mayo de 2011. Nuestra presencia en los trabajos de las comisiones y los plenos ha roto las inercias de una fácil convivencia bipardista, adormecida en temas fundamentalmente procedimentales, aliñados con la salsa de las herencias y otras hierbas en la peculiar versión actual de la Restauración decimonónica que PP yPSOE han instaurado en nuestro país.

Vinimos a las Cortes con el firme propósito de cumplir con nuestro compromiso electoral con los ciudadanos: ser una fuerza parlamentaria de acogimiento de todas las demandas, una puerta abierta a la gente, a los colectivos sociales para ofrecer consejo y ayuda. Así lo hemos venido haciendo, como lo atestiguan los muchos ciudadanos que han visitado nuestro despacho. Y así vamos a continuar, para romper el foso que separa a las personas de esta Casa que debería ser, no sólo la que representa su voluntad, sino la que recogiese sus opiniones y demandas.