El PP de Castilla y León impone al presidente de la Comisión de Investigación sobre el Hospital de Burgos

Segunda comisión de investigación en las Cortes de Castilla y León. Y segunda vez que el PP, partido que gobierna con el apoyo de un procurador regional de Ciudadanos, aplica su visión de que es el grupo mayoritario y, por tanto, debe presidir estas investigaciones. En esta ocasión, las pesquisas tratarán de ahondar en las posibles irregularidades cometidas con la construcción, y posterior gestión, del Hospital de Burgos. Si por un lado hubo sobrecoste en la edificación que podrían superar los 400 millones de euros, también hay más que sospechas sobre la gestión privada puesta en marcha en este centro hospitalario.

La primera decisión de esta comisión de investigación, que se constituyó ayer en las Cortes de Castilla y León, fue la de imponer el nombre del presidente: será el procurador por el PP en Salamanca, Salvador Cruz, un político que ha obtenido desde la pasada legislatura un gran respaldo de su partido regional en el área de Economía.

Inmediatamente a tomar esta decisión, todos los partidos en la oposición se han lazando en tromba contra el PP, argumentando que soy ellos quien, de verdad, tiene la mayoría en el Parlamento de Castilla y León. Si se sumaran los escaños de PSOE, IU, Podemos, Ciudadanos y UPL serían mayoritarios.

Sin embargo, el portavoz del PP en esta comisión, Ángel Ibáñez, justificó esta decisión en que es el grupo político mayoritario y es algo que también se da en el resto de comisiones de las Cortes regionales.

Ibáñez también reveló que la próxima sesión de esta comisión tendrá lugar el 17 noviembre y que se afronta con la idea de “quitar el velo de oscuridad” que tiene el Hospital de Burgos, algo que “no favorece a nadie”.

Ahora bien, si desde el PP se pretendía dar claridad a esta construcción, ¿por qué no se aprobó antes una comisión que investigara esos sobrecostes? El propio Ángel Ibáñez tenía la respuesta: “Parece más oportuno hacer una evaluación una vez finalizada la construcción y así comprobar el funcionamiento del modelo para ver si hay cuestiones que se pueden mejorar”.

Para este procurador regional las sospechas y dudas sobre la construcción y gestión del hospital son fruto de “la rumorología” de partidos políticos y asociaciones, referidas a la supuesta privatización del Hospital, algo que es “completamente falso”.

Los partidos en la oposición lanzaron ayer duras críticas a las primeras medidas de esta comisión de investigación. Por parte del PSOE, Mercedes Martín, además de mostrar su “satisfacción” por la comisión de investigación, que fue pedida por los socialistas la legislatura pasada, lamentó “la falta de voluntad del PP para que la presidencia de la Comisión recaiga en un miembro de la oposición y además en una mujer como han defendido el resto de grupos”.

Por parte de Podemos, Laura Domínguez criticó la “falta de actitud democrática” del PP para que las comisiones (eólica y la del nuevo hospital) fueran presididas por los grupos que las solicitaron.

Y desde Ciudadanos, Manuel Mitadiel dijo que si la elección del presidente de la comisión por parte del PP va a ser su forma de actuar “invalidaría el funcionamiento”. Añadió que quieren ver documentación y escuchar las comparecencias “con el objetivo de explicar de que el contrato del nuevo hospital de Burgos haya pasado de 1.000 a 1.400 millones de euros”.

Desde IU, José Sarrión, en el Grupo Mixto, calificó de “rodillo parlamentario” el nombramiento del presidente de la comisión de investigación, “pese a contar con 500.000 votos y el resto de los grupos suma más de 700.000”.

Segunda comisión de investigación en las Cortes de Castilla y León. Y segunda vez que el PP, partido que gobierna con el apoyo de un procurador regional de Ciudadanos, aplica su visión de que es el grupo mayoritario y, por tanto, debe presidir estas investigaciones. En esta ocasión, las pesquisas tratarán de ahondar en las posibles irregularidades cometidas con la construcción, y posterior gestión, del Hospital de Burgos. Si por un lado hubo sobrecoste en la edificación que podrían superar los 400 millones de euros, también hay más que sospechas sobre la gestión privada puesta en marcha en este centro hospitalario.

La primera decisión de esta comisión de investigación, que se constituyó ayer en las Cortes de Castilla y León, fue la de imponer el nombre del presidente: será el procurador por el PP en Salamanca, Salvador Cruz, un político que ha obtenido desde la pasada legislatura un gran respaldo de su partido regional en el área de Economía.