Rajoy no puede con Evo Morales

Las duras advertencias que el ministro español de asuntos exteriores hizo ayer al Gobierno boliviano tras la nacionalización de Sabsa, la empresa de capital español que gestiona los tres mayores aeropuertos del país andino, expresan la creciente debilidad de la política exterior española.

García Margallo también se puso muy serio cuando Cristina Kirchner nacionalizó la petrolera argentina YPF a Repsol, pero han pasado ya unos cuantos meses desde entonces y sus palabras no se han concretado más que unos gestos menores que no han hecho sino enturbiar más las relaciones diplomáticas entre Madrid y Buenos Aires, sin afectar para nada al meollo del asunto, que es de las indemnizaciones a la compañía, que se siguen debatiendo, sin resultados aparentes por el momento, en la discreción de los despachos.

Evo Morales no va a dar marcha atrás por mucho que España le amenace. Porque la política de nacionalizaciones es una de las piezas fundamentales del proyecto político de su Gobierno y porque el control estatal de las empresas que explotan las materias primas y los servicios esenciales de la economía del país están resultando muy rentables: en un momento en el que el precio de las materias primas no deja de subir en los mercados internacionales, que el estado venda directamente esos bienes supone una ventaja extraordinaria a la que la Bolivia socialista no va a renunciar.

Sobre todo en un momento en el que algunos poderosos movimientos indigenistas, que Morales necesita tener de su lado, pues de ese mundo procede su fuerza electoral y política, están exigiendo en la calle más gasto social y un mejor reparto de la riqueza nacional. Y seguramente no sin motivo, porque Bolivia es uno de los países con menor renta per cápita del subcontinente latinoamericano y también uno de los que registra mayor grado de injusticia en el reparto de la riqueza nacional.

La expropiación de empresas en manos extranjeras era una de las claves del programa con el que Morales ganó por primera vez las elecciones presidenciales, en 2006 y nada menos que con un 54 % de los votos. Ese programa preveía la nacionalización total del sector de la minería y del los hidrocarburos –el espectro se ha ido ampliado posteriormente- y empezó a aplicarse casi al día siguiente de la toma de posesión. Desde entonces ya ha afectado a una veintena de empresas que estaban en manos de capitales extranjeros: petroleras, mineras, cementeras y eléctricas, expropiadas a multinacionales suizas, italianas, francesas, alemanas, británicas… y españolas.

De hecho, Sabsa es la sexta empresa de capital español que Morales ha nacionalizado en menos de un año: en mayo pasado fue el turno de la filial boliviana de Red Eléctrica España y, en diciembre, de cuatro sociedades eléctricas que eran propiedad de Iberdrola. Hasta el momento, el Gobierno boliviano no ha pagado un solo dólar en concepto de indemnizaciones. En el caso de Sabsa, ese capítulo ni fue mencionado por el jefe del estado en el discurso con que el lunes anunció la nacionalización.

Ante una política tan consolidada e inevitablemente decidida teniendo en cuenta las consecuencias internacionales que podía provocar, que Morales no es un loco, ni su Gobierno tampoco, suena un tanto ridícula las reacción de García Margallo, que sin duda sabía desde hacía tiempo que lo del lunes iba a ocurrir. Y más cuando el presidente ha dado argumentos adicionales para justificar su gesto, que, si se confirman, lo refuerzan: Abertis, la sociedad española que poseía el 90 % de Sabsa (y que su vez está controlada por La Caixa y OHL , entre otras, y en cuyo consejo también aparece el omnipresente Florentino Pérez), estando el 10 % restante en manos de la estatal AENA, no invirtió en la mejora de los aeropuertos bolivianos ni la cuarta parte de los 22 millones de dólares que había prometido al Gobierno de La Paz. Y eso, siempre según Evo Morales, mientras Sabsa trasladaba a España los muy buenos beneficios que obtenía: 20 millones de dólares el último año. Y al tiempo que unos cuantos de sus ejecutivos, seguramente españoles, pero el presidente no lo ha explicitado, cobraban más de 17.000 dólares de sueldo mensual, seis veces más que el propio Morales.

Un dato más para enmarcar la posición del Gobierno español: hasta el momento no ha habido reacción alguna en las instancias oficiales internacionales a la decisión boliviana. Ninguna capital occidental ha expresado el mínimo comentario al respecto: tras alguna palabras subidas de tono pronunciadas al calor del hecho, tampoco la nacionalización de YPF en Argentina generó mayor revuelo: sobre todo porque Washington no dijo nada al respecto.

Los diarios de referencia europeos o norteamericanos han ignorado la noticia o le han dado importancia secundaria. No así los latinoamericanos, en los que el asunto ha tenido relevancia, aunque menos que el regreso de Hugo Chávez a Bolivia, que está en todas las primeras: por cierto que en más de una aparece la corrupción española y, sobre todo, el escándalo Urdangarín, que para más de uno de esos diarios es ya el de la Casa Real española.

Si en la política internacional las palabras dicen poco y lo que cuentan son los hechos, éstos, en Latinoamérica no está siendo favorables al Gobierno de Madrid. En los países más o menos “rojos” del subcontinente – Venezuela, Bolivia, Ecuador y también Argentina, en donde, por cierto, Cristina Kirchner está cada vez acosada por la inquietante evolución de la economía-, pero no sólo en ellos, sino en todo el subcontinente, las empresas españolas no están bien vistas. Por razones fundadas, cuya denuncia es además muy popular, porque se interponen en el camino del socialismo que esos Gobiernos han emprendido, con todas sus peculiaridades y no pocas contradicciones y porque, a la postre, los resabios antiespañoles que vienen del tiempo de las colonias, aún no se han disipado, ni mucho menos.

Lo peor, para los intereses empresariales españoles, es que no pocas de nuestras mayores sociedades –desde los grandes bancos a Telefónica, por no hablar de las constructoras de obras públicas- obtienen una parte muy importante de sus beneficios, y creciente a medida que se agudiza la crisis en España, justamente en el mercado latinoamericano.

Las duras advertencias que el ministro español de asuntos exteriores hizo ayer al Gobierno boliviano tras la nacionalización de Sabsa, la empresa de capital español que gestiona los tres mayores aeropuertos del país andino, expresan la creciente debilidad de la política exterior española.

García Margallo también se puso muy serio cuando Cristina Kirchner nacionalizó la petrolera argentina YPF a Repsol, pero han pasado ya unos cuantos meses desde entonces y sus palabras no se han concretado más que unos gestos menores que no han hecho sino enturbiar más las relaciones diplomáticas entre Madrid y Buenos Aires, sin afectar para nada al meollo del asunto, que es de las indemnizaciones a la compañía, que se siguen debatiendo, sin resultados aparentes por el momento, en la discreción de los despachos.