El Consejo de Ministros aprobó el pasado día 13 recuperar la Ley de Movilidad Sostenible, cuya tramitación había quedado paralizada por la convocatoria de elecciones generales, y remitirla de nuevo a las Cortes Generales para que, esta vez sí, obtenga luz verde definitiva. El texto es el mismo que se validó en diciembre de 2022 y debe aprobarse antes de que termine este 2024 conforme a lo pactado por el Gobierno con Bruselas dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
El Ejecutivo mantiene asimismo lo acordado con Europa en lo tocante a no introducir peajes por utilizar las autovías. Por el contrario, sí permite, como ya se recogía en el enunciado original, que los alcaldes que lo deseen puedan imponer una tasa para restringir el tráfico o reducir el acceso a áreas más amplias de las que abarcan las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE). Como es sabido, las ciudades de más de 50.000 habitantes están obligadas a delimitar estas ZBE de acuerdo con la Ley de Cambio Climático y Transición Energética.
El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha precisado que la norma “habilita pero no obliga” y que serán los municipios los que decidan si establecen estos peajes urbanos o no. Eso sí, si se deciden a hacerlo, deben atenerse a una habilitación con rango de ley, lo que faculta al Gobierno a certificar que las condiciones sean homogéneas en todo el territorio.
Una vez creado el marco jurídico necesario para cobrar dichas tasas, ahora queda saber qué ciudades acabarán imponiéndolas y en qué condiciones; esto es, si el peaje tasa se aplicará solo a los vehículos más contaminantes, por ejemplo, o si contará con franjas de precios vinculadas al distintivo ambiental de cada vehículo.
Como hemos visto, la iniciativa incluida en la futura ley aspira a extender la zona de influencia de las Zonas de Bajas Emisiones. A este respecto, Óscar Puente anunció hace unos meses que habría “penalizaciones” para los ayuntamientos que, estando obligados a ello, todavía no dispongan de ZBE o las tengan anuladas de facto al no imponer multas. De momento, estas sanciones no figurarán en el precepto legal, pero el ministro avisa: “Estamos en ello”.
A nivel general, el Ejecutivo se ha propuesto priorizar la movilidad activa (caminar, desplazarse en bici) y un transporte público colectivo accesible y asequible para todas las personas. También promover alternativas “atractivas” al vehículo privado, como “sistemas de transporte público a la demanda” y de movilidad colaborativa o compartida. Se trata, asegura, de avanzar en la transformación “de la ciudad de los coches” a la “ciudad de las personas”.
El texto incluye la obligación de que los grandes centros de actividad y las empresas de más de 500 trabajadores por centro, o 250 por turno, dispongan de planes de movilidad sostenible al trabajo. Las empresas tienen la facultad de escoger entre distintas alternativas, ya sea potenciar la movilidad activa, la eléctrica, la compartida o el transporte colectivo, o bien apostar por flexibilizar los horarios de entrada y salida, además de facilitar el teletrabajo.
Por su parte, los centros de trabajo más grandes, con más de 1.000 empleados y que estén en municipios o áreas metropolitanas de más de 500.000 habitantes, estarán obligados por ley a aprobar medidas que ayuden a reducir la movilidad en las horas punta y a promover el uso de medios de transporte de bajas o cero emisiones.
La norma insta también a los municipios de entre 20.000 y 50.000 habitantes a impulsar Planes de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) Simplificados que deberán ordenar la distribución urbana de mercancías, así como favorecer la coordinación entre localidades colindantes para que fijen criterios homogéneos que faciliten el transporte y la logística de última milla entre núcleos urbanos cercanos.
A vueltas con las autovías de pago
Sobre el controvertido pago por uso de las autovías, se encuentra ahora mismo fuera de la norma legal y solo podría introducirse por la vía de las enmiendas parlamentarias. De hecho, los peajes desaparecieron de la ley como resultado de un pacto del Gobierno con la Unión Europea para impulsar el transporte de mercancías por tren. El acuerdo contempla un programa de desarrollo de las “autovías ferroviarias”, el pago de cánones de mercancías por un periodo de cinco años e incentivos al cambio modal hacia el ferrocarril.
Por primera vez en nuestro ordenamiento jurídico, la movilidad se reconoce como un derecho de toda la ciudadanía y un elemento de cohesión social “que contribuye a la consecución del Estado del Bienestar”, señala el Ejecutivo. Este añade que “deberá ser accesible e inclusiva y ofrecer soluciones para todas las personas de tal manera que las administraciones deberán trabajar de forma coordinada para garantizar este derecho, con especial énfasis en las necesidades de movilidad cotidiana de toda la ciudadanía, incluyendo el ámbito rural”.