La Comisión Técnica del Parlamento Europeo ha admitido a trámite una petición del abogado murciano Diego de Ramón para investigar a los presidentes que han gobernado la Región de Murcia en los últimos cuatro años, todos ellos hombres del Partido Popular. A saber, Ramón Luis Valcárcel (1995-2014), Alberto Garre (2014-2015), Pedro Antonio Sánchez (2015-2017) y el actual jefe del Ejecutivo autonómico, Fernando López Miras.
El letrado reclama depurar responsabilidades de los mandatarios populares y lo hace, según explica en un escrito, por la gestión de las ayudas europeas destinadas al Mar Menor en las últimas dos décadas; así como por lo que entiende como una falta de vigilancia y control de los vertidos de nitratos a la laguna salada “en miles de toneladas” al año.
A pesar de que De Ramón reclama “responsabilidades penales”, fuentes del Parlamento Europeo señalan a este medio que no entra dentro de sus competencias exigir medidas penales: “Aunque avance el proceso, el procedimiento nunca sería penal”.
Desde el Gobierno regional han restado importancia a la petición del abogado murciano, ya que se encuentra en fase preliminar “y ha sido admitida por ser competencia de la Unión Europea”.
Fuentes de la UE han explicado a eldiario.es Región de Murcia que “estamos en el primer paso de un procedimiento que es largo y complejo”. Según las mismas fuentes se ha admitido la petición “porque cumple los requisitos formales; pero no prejuzga nada”.
Diego de Ramón ha recordado además que Ramón Luis Valcárcel, que fue vicepresidente del Parlamento Europeo, está siendo investigado en la actualidad por varias causas, entre ellas las irregularidades en la desaladora de Escombreras.
En su denuncia, el abogado murciano insta a que el Estado de España o la Unión Europea asuman las competencias sobre el Mar Menor.
La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha admitido a trámite la petición de Diego de Ramón “al entrar dentro de los ámbitos de actuación de la UE”, por lo que llevarán a cabo desde esta institución una investigación preliminar, según indican en la respuesta al abogado murciano a la que ha tenido acceso este periódico.
La noticia de la admisión a trámite llega en una semana en la que el consejero de Medio Ambiente del Gobierno de Murcia, Antonio Luengo, ha alertado del riesgo de anoxia -falta de oxígeno- que ha vuelto a correr estos días el Mar Menor y que escenificó la laguna salada el pasado octubre escupiendo centenares de peces muertos por ahogamiento a las orillas de algunas de sus playas. Según Luengo, el viento ha roto en los últimos días el inicio de anoxia en el Mar Menor pero mantiene “un equilibrio tan frágil” que su estado varía de una semana a otra.
Con el avance de la desescalada, habitantes de los municipios más afectados del Mar Menor, así como algunos visitantes, han inundado las redes con vídeos que dan fe de su catastrófico estado. Algunas de sus playas siguen cerradas al baño, y la mayoría de ellas se encuentran repletas de algas -la llamada 'sopa verde'-, con fango y desprenden “olor a podrido”, como describen múltiples testimonios.
La Plataforma #SOSMarMenor ha convocado este viernes una manifestación virtual para dar visibilidad al estado de la laguna salada, coincidiendo con el Día Mundial del Medio Ambiente. Como han denunciado desde la plataforma, científicos y diversos colectivos, los últimos parámetros que se han conocido sobre el estado del Mar Menor arrojan una preocupante situación de este ecosistema.
El nivel de oxígeno registrado era el pasado 1 de junio de 6,8 microgramos por litro frente a los 5,88 que se registraron el 25 de mayo. Además, tiene una baja salinidad: en 2019 por estas fechas se superaban los 42 unidades prácticas de salinidad (PSU) y actualmente se encuentra en unas 39 unidades.