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Las discotecas del incendio de Murcia no tenían licencia y se había ordenado su cierre en 2022

Estado de una de las discotecas de Murcia tras el incendio en la madrugada del 1 de octubre

Erena Calvo

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Recibió el primer aviso en enero de 2022, en marzo fue rechazado un recurso y en octubre se decretó su cierre: la discoteca del incendio de Murcia, donde han fallecido 13 personas y 24 han resultado heridas, no tenía licencia de funcionamiento. La discoteca original, Teatre, había realizado en 2019 modificaciones en su estructura que requerían una nueva licencia que nunca fue concedida, han declarado en rueda de prensa este lunes el teniente de alcalde de Murcia, Antonio Navarro y el exconcejal de Urbanismo, Andrés Guerrero.

El teniente de alcalde ha señalado que el Ayuntamiento va a personarse como acusación particular en las causas judiciales contra la empresa de Teatre, y que actuará “con contundencia” para depurar responsabilidades, “caiga quien caiga”.

En el aire está la pregunta de por qué seguían operando los locales si carecían de licencia; es decir, cómo actuaron los servicios de inspección municipales durante los meses que los locales siguieron abiertos sin el correspondiente permiso.

Sin embargo, el abogado de La Fonda, Francisco Adán, ha declarado este martes ante los medios de comunicación que el local sí que contaba con licencia de actividad –según lo que le habría trasladado su cliente– “aunque la documentación se encontraba en el interior del local y se ha quemado”.

Por su parte, Teatre ha publicado en sus redes sociales que no va a realizar declaraciones públicas, sin aclarar si contaban –o no– con licencia de actividad. Y han añadido: “mostramos nuestro más absoluto ánimo de colaborar en el esclarecimiento de lo ocurrido y nuestro respeto por la investigación que se está realizando; nos enfocaremos en colaborar con la Administración Pública en la resolución de este asunto”.

Según el letrado, la Inspección le habría reclamado al propietario al dueño de La Fonda dos modificaciones, “porque faltaban dos puertas antiincendios y quitar un objeto inflamable; además de una reforma en cuanto a la insonorización”. Francisco Adán ha añadido que “el Ayuntamiento sabe perfectamente que el local estaba abierto y mi cliente no ha recibido ninguna notificación de cese de licencia”.

Tabiques de pladur y dudas sobre la salida de emergencias

A pesar de haberse denegado la división de los locales para crear La Fonda Milagros, los bomberos han confirmado que ambos locales estaban separados por una estructura de pladur, actuando de manera ilegal y a escondidas del Ayuntamiento.

Tampoco se ha aclarado si la Fonda contaba con salida de emergencias. Al no existir legalmente La Fonda se desconocía también cuál era su aforo o si cumplía con la normativa de sistemas contra incendios.

La discoteca original, Teatre, contaba con licencia de inicio de actividad desde el 18 de diciembre de 2008, “como discoteca y cocina”, ha explicado el teniente de alcalde de Murcia, Antonio Navarro, y presentó una comunicación de modificación el 27 de junio de 2019 para dividir el local en dos.

El 10 de enero de 2022 el anterior concejal, Andrés Guerrero (PSOE), dictó orden de cese de actividad al entender que la modificación era sustancial y requería una nueva licencia. El 8 de marzo, han continuado ambos, la empresa presentó un proyecto de legalización “no habiendo concluido a fecha de hoy ese procedimiento”; por lo que han funcionado sin autorización desde la orden de cese del exconcejal del PSOE.

La orden de cese de enero 2022 se decretó al entender que “la documentación no era la que tenía que concurrir; el siguiente paso era que los servicios de inspección comprobaran si se había procedido al cierre y ahí finaliza mi actuación”, ha explicado Guerrero al tiempo que ha añadido que “la única responsable es la empresa que a pesar de las comunicaciones efectuadas hizo caso omiso”.

Guerrero, exconcejal de Urbanismo, ha reconocido que “el tema” está en por qué no se ejecutó la orden de precinto. En este sentido, el concejal del área del PP ha vuelto a insistir en que se va a dar cuenta ante la justicia de todos los pasos que se han venido dando en este expediente, “y vamos a exigir responsabilidades a cualquiera” que las tenga. Navarro ha señalado que no existe ninguna denuncia desde el último expediente de octubre de 2022 sobre la apertura sin licencia de estas discotecas. Sin embargo, ambos locales son dos discotecas conocidas en la capital y el resto de la Región, y contaban con una fuerte presencia en las redes sociales anunciando sus fiestas.

Sobre el posible fallo en las labores de inspección, el exconcejal Guerrero ha señalado que puede ser que el inspector se personara cuando el local estuviese cerrado y no hubiera podido comprobar la actividad. “Es verdad –ha dado cuenta Guerrero– que cuando se dictó la resolución, se planteó un recurso y hasta que no se resolvió no se consideraba firme”.

El actual concejal y teniente de alcalde, Antonio Navarro, ha reconocido que existe un acta de inspección de octubre de 2022 y ha especificado que “no existe ningún documento de oficio administrativo donde se ponga de relieve que no hay cumplimiento desde esa fecha”. Ha añadido, además, que el gobierno municipal cambió a manos populares en junio de 2023, hace tres meses.

La diputada regional de Podemos María Marín ha calificado las irregularidades cometidas en ambos locales como “gravísimas”: “Estamos hablando de un incendio que ha costado 13 vidas, el más mortífero en toda España desde 1990 en un local de ocio, y que se ha producido en dos discotecas que no tenían licencia y sobre las que pesaba una orden de cierre que nunca llegó a ejecutarse”. Al respecto, Marín ha subrayado que “estas muertes no tendrían que haberse producido, porque esos locales no debían estar abiertos”.

Y ha exigido depurar responsabilidades  “a los dueños de los locales en primer lugar, y también a los responsables políticos que en el Ayuntamiento de Murcia –y desde que el local se modificó en 2019– no han cumplido con su trabajo. A estas horas todo esto ya parece bastante obvio”.

 “Nada va a devolver a los fallecidos a sus familiares y amigos –concluía–, pero tenemos la obligación de investigar estos hechos para que nunca vuelvan a repetirse y también de hacer justicia”.

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