El fiscal superior de Murcia ve un mensaje peligroso en la suspensión de penas en el caso de abuso sexual a menores

El fiscal superior de la Región de Murcia, José Luis Díaz Manzanera, ha aprovechado este miércoles la presentación de la Memoria 2024 sobre criminalidad para abordar el polémico desenlace judicial a la trama de explotación sexual de menores en la Región.

En su intervención, Díaz Manzanera ha defendido el papel independiente del Ministerio Fiscal, subrayando su responsabilidad de velar por la justicia y el interés público, y ha mostrado su rechazo a la suspensión de las condenas de varios de los acusados en el caso de corrupción de menores, que ha causado indignación social.

El fiscal ha destacado que España es uno de los países más proteccionistas de los derechos fundamentales, y ha afirmado que la Fiscalía protege no solo a las víctimas y testigos, sino también a los acusados y condenados, en defensa de los derechos de toda la sociedad.

Sin embargo, ha denunciado los retrasos y dilaciones indebidas, lo que ha obligado, en muchos casos, a reducir las penas de los condenados. Esta situación, según el fiscal, ha generado una sensación de impunidad y puede dañar la percepción de justicia en la ciudadanía.

Díaz Manzanera ha explicado que los acuerdos de conformidad alcanzados en el proceso, aunque legales, han conllevado reducciones de penas debido a la apreciación de diversas atenuantes como las dilaciones indebidas, la reparación del daño y la confesión de los delitos.

Según el fiscal, las penas de prisión podrían haberse reducido hasta dos grados o incluso haber sido sustituidas por multas en algunos casos, evidenciando lo que ha calificado como una “triste realidad”: solo los delincuentes se benefician de estas reducciones, mientras que las víctimas y la sociedad se ven perjudicadas.

El fiscal ha expuesto también las soluciones necesarias para evitar estas situaciones en el futuro, entre las que ha destacado la necesidad de más medios personales en la justicia, la implementación de plazos limitados en las investigaciones y una reforma procesal urgente que otorgue a la Fiscalía la responsabilidad de la investigación, reduciendo la duplicidad de esfuerzos entre jueces y fiscales.

Además, ha abogado por reformas legales para limitar las conformidades y las rebajas de penas en delitos graves, especialmente aquellos que afecten a la libertad sexual o la vida, y aún más cuando las víctimas sean menores o personas con discapacidad.

Sobre la suspensión de las condenas

El fiscal superior ha señalado que la suspensión de condena es una facultad discrecional del juez y que su concesión no debe ser automática en casos de extrema gravedad. Ha mencionado que esta decisión debe tener en cuenta la percepción de la sociedad y la respuesta de las víctimas, destacando que la mitad de las víctimas del caso de explotación sexual a menores en Murcia se han opuesto a la suspensión de condena, lo que subraya la importancia de considerar sus intereses en el proceso judicial.

Díaz Manzanera ha enfatizado que, según su función, está obligado a defender el interés de los menores de edad y de todas las víctimas. Ha expresado que la concesión de suspensiones podría enviar un mensaje peligroso, disuadiendo a las víctimas de denunciar y reforzando la sensación de impunidad entre los agresores.

Los principales condenados a los que se ha hecho referencia en la discusión son las tres mujeres conocidas como “las mamis”, con varios delitos relacionados con la prostitución de menores y pertenencia a organización criminal, y dos transportistas de las menores.