“¿Ves todas esas montañas?, son falsas, de escombros de la minería, aunque la gente que no es de aquí no sabría distinguirlas de las de naturales”, habla Juan Ernesto Peña, farmacéutico de El Llano del Beal, antiguo pueblo minero, y portavoz desde hace tres décadas de los reivindicativos vecinos de esta pedanía.
“En los montes artificiales casi no hay vegetación y así está toda la Sierra Minera de Cartagena” dice señalando otra “falsa montaña” sobre la que se posa un conjunto de molinos eólicos. “El impacto medioambiental que ha tenido la minería es dramático, para llorar”, argumenta frente a la cantera, que se hunde como un cráter gigante y donde los mineros trabajaban duramente para extraer plomo o zinc horadando la piedra.
Las minas dejaron de funcionar en 1992, aunque todo ha quedado intacto, como si los mineros se hubieran tomado solo una pausa en su trabajo y fueran a volver a las máquinas y a las garitas de un momento a otro.
Año tras año los residuos se fueron acumulando en los antiguos pantanos mineros, de donde pasarían los vertidos al Mediterráneo. Según el investigador José Matías Peñas, en el Mar Menor desembocan cada año 2,1 kilogramos por metro cuadrado de material erosionable con alto contenido de metales pesados.
“A los impactos medioambientales hay que sumar los problemas de salud que está acarreando el efecto de las minas”, cuenta José Matías.
Según su último estudio, 94 niños de la diputación (que incluye las pedanías de El Llano del Beal, El Beal y El Estrecho) presentan valores de metales pesados y metaloides (zinc, plomo, cadmio, bromo, mercurio...) 100 veces más altos de los normales.
Este jueves presentaron los resultados a los padres, tras hacer análisis de muestras de orina, cabello y uñas. “Vamos a llevar el caso ante la Fiscalía por daños a menores aunque todavía tenemos que ultimar detalles con el abogado”, explica Rosa Lardín, vicepresidenta de la Asociación de Padres y Madres del colegio San Ginés de la Jara.
Los resultados de los informes de José Matías se han visto refrendados por la investigación que han llevado a cabo los laboratorios acreditados Afesa por petición del Gobierno regional, y a los que ha tenido acceso este periódico.
Según Afesa, “la utilizacioÌn de las zonas no pavimentadas supondriÌa riesgos de tipo tanto toÌxico como canceriÌgeno, debidos a la presencia de arseÌnico y plomo”.
Aunque, en la situacioÌn actual, “en la que el acceso a las zonas no pavimentadas estaÌ restringido mediante un vallado, no se detectan riesgos incompatibles con el uso escolar, incluso para tiempos prolongados de uso del patio a lo largo de la jornada”.
El colegio se encuentra en “una zona donde hay un importante arrastre de materiales”. Las autoridades locales se afanaban estos días para construir canalizaciones que eviten la llegada de las escorrentías al centro escolar, aunque con los nuevos datos de Afesa en la mano el futuro de la escuela no está claro.
José Matías, vecino de El Llano y con familiares que se dedicaron a la minería, lleva 14 años investigando este tema, aunque fue hace unos meses cuando empezó a recoger también muestras del suelo del colegio, de las viviendas o del agua potable -que se ha demostrado que está libre de veneno-.
“En el colegio -explica- descubrimos que había eflorescencias salinas altamente tóxicas (unas manchas blancas que salpican todo el pueblo); presenté un informe a la Fiscalía para que garantizasen medidas de seguridad para los niños y se tomaron 33 días después; entre tanto el Seprona también tomó muestras de las instalaciones”.
Antes de conocer los resultados del informe de Afesa, Rosa vaticinaba que si las conclusiones calificaban de tóxicos los suelos, “tendremos que derivar a los 127 niños que estudian aquí a otra escuela”.
Lo que más les preocupa “es la salud de los críos”. Rosa tiene dos, de 4 y 11 años. “El siguiente paso será llevarlos al pediatra de esta zona, que va a recibir una formación específica en materia de toxicología para saber qué protocolos hay que aplicar”.
El pueblo creció alrededor de la minería en los años 60 (las explotaciones empezaron en 1957) y llegó a emplear a 5.000 trabajadores. “Muchos eran del pueblo”, cuenta una anciana. Su marido también; falleció, “como muchos otros”, de problemas respiratorios.
“Ya no queda casi ninguno con vida; era un trabajo muy duro pero era lo que nos daba de comer”, se lamenta. “Hubo cierto esplendor, pero ya no queda nada de eso”. La empresa minera exportaba desde la Sierra Minera de Cartagena el 20 por ciento de toda la plata que salía de la Península y el 70 por ciento del plomo.
Nadie se atreve, de momento y a falta de estudios exhaustivos, a establecer relaciones causa efecto. Pero los habitantes del pueblo insisten en que hay muchas patologías que se repiten y que achacan a los efectos de la contaminación medioambiental como los casos de abortos espontáneos, oncología, insuficiencias renales y respiratorias, enfermedades mentales o Alzheimer.
“No estamos alarmados solo por los niños, también por los adultos”, afirma Juan Ortuño, presidente del Ampa, que recuerda “las voladuras en la cantera, que hacían temblar los cristales de las casas”. Sus dos abuelos fueron mineros. “Los niños siempre íbamos a jugar a los pantanos, pero no sabíamos que era tan peligroso; a mis hijos no les dejo”.
“Lo que nos han explicado -habla Rosa- es que a medida que pasa el tiempo los metales pesados son peores”.
En el despacho de su farmacia, Juan Ernesto incide en que “los niños tienen dos elementos diferenciales: están en desarrollo y son más sensibles a las intoxicaciones, además el ciclo mano boca y mano mucosas no existe en el adulto”.
Cuando la minería estaba en activo, recuerda, “había más vigilancia y los pantanos estaban más hidratados; luego se secaron, comenzó la erosión y la contaminación fue mayor”.
El “desastre” empezó en los años 50, cuando la empresa francesa Peñarroya -propiedad de la banca Rothschild- adquirió los terrenos y se pasó de la minería subterránea a la de cielo abierto, “que desembocó en vertidos a la bahía y toda una cadena de disparates que estamos pagando ahora”. Todo con “la mirada complaciente” de las administraciones “que bajo ningún concepto” pedían cuentas, dice el farmacéutico.
El negocio, que daba de comer a parte de los vecinos del pueblo, era “rentable porque no invirtieron nada en planes de regeneración”
Las movilizaciones comenzaron a finales de los años 80. “Pusimos en marcha muchas acciones políticas, reuniones con administraciones, manifestaciones, nos encadenamos en la Asamblea Regional, acampamos en el Ayuntamiento de Cartagena varias semanas e incluso fuimos a Bruselas para poner sobre la mesa nuestra problemática”.
Menos mal, suspira el portavoz vecinal, “que no existía la Ley Mordaza entonces”, cuando la Guardia Civil “tomó” el pueblo durante 6 meses.
La continuación de la minería dependía de que la cantera progresase hacia el pueblo, “había una zona en litigio donde querían hacer unas prospecciones supuestamente por nuestra seguridad, aunque era para asegurarse la rentabilidad del terreno”.
Un grupo de vecinos ocupó físicamente la zona. “Nos apostábamos allí en unas construcciones de madera; primero tenían solo cuatro palos, luego las techamos y finalmente levantamos la Cabaña”, una casa ilegal en la parte alta del pueblo donde hacían los turnos y donde ahora se reúnen para abordar los asuntos comunales. Sus paredes están forradas de imágenes que atestiguan la lucha de esta pedanía cartaginense.
“Cuando se acercaban los operarios para hacer los sondeos sonaba una sirena y todos corríamos para allá”, rememora con una sonrisa en la cara Juan Ortuño, “entonces yo era un crío”.
Por detrás de la Cabaña discurren las ramblas del Llano, “por aquí pasan los vertidos y van a parar al Mar Menor”, explica con preocupación el investigador José Matías. “También se diseminan desde aquí hacia el pueblo; la contaminación fundamentalmente es a través de las eflorescencias, cuando sopla el viento las partículas se elevan y llegan de nuevo a la población”. Las eflorescencias son tan corrosivas y ácidas que se comen el asfalto.
Por eso pide que las actuaciones para remediar la situación no se realicen solo en el casco urbano de la población, sino que se extiendan a un radio de mil metros en todo el perímetro. La rambla es propiedad de la Confederación Hidrográfica del Segura y la intervención directa recaería en el Ministerio de Medio Ambiente.
Peñarroya cedió los terrenos (22 millones de metros cuadrados) a Portman Golf en 1988 y la nueva empresa -perteneciente a dos hombres de negocios de Cartagena- cerró la minería en 1992. Portman lo que hizo fue encargarse de despedir a los mineros que quedaban (cerca de un millar) e indemnizarles con 4.500 millones de pesetas.
“A cambio, le arrancó al Gobierno de la época el compromiso de recalificar la sierra y su transformación turística”, recuerdan en el pueblo. Portman Golf ya ha construido tres urbanizaciones en la zona.
Por aquel entonces gobernaba la Comunidad Autónoma el PSOE. El diputado regional de Podemos Andrés Pedreño critica que los socialistas no hicieron nada para que Portman Golf asumiera sus responsabilidades y restaurase los suelos contaminados, las antiguas balsas mineras y la Bahía de Portman, donde la empresa derramaba mil toneladas de residuos tóxicos y peligrosos diarias al mar que con el paso del tiempo se convirtieron en 8.000.
Pero desde el año 95, recuerda Pedreño, gobierna la Comunidad el PP, a quien también acusa de dejación.
La degradación ambiental, cuenta Juan Ernesto, es “brutal” y queda patente en toda la sierra. “De cada 100 kilos de mineral solo había un 1 por ciento de riqueza en plomo y zinc”.
De regreso de la cantera, Rosa y Juan no quieren que se les escape un tema. El “intento” del rector de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPTC) de “desprestigiar” a José Matías. “Han cuestionado mucho su trabajo, cada vez que hace públicos unos resultados se desligan de su investigación” a pesar que “hay una resolución del comité de bioética de la Universidad que autoriza el proyecto”, señala José Matías.
Juan Ortuño va más allá y adelanta que van a hacer un escrito dirigido al rector para que se retracte. “Confiamos plenamente en el investigador, es muy riguroso”.
José Matías, que ha presentado una querella por injurias, habla con pena de esta cuestión. “Cuando apareció todo en la prensa me pidieron que abandonase el trabajo, pero les dije que pensaba continuar y se desmarcaron de mí como estudiante de doctorado; primero el rector y luego el comité de dirección de la UPTC”.
En cambio, el Ayuntamiento y la Comunidad autónoma “se han dado cuenta de que todo esto no es ninguna broma”.
A finales de mayo acotaron los espacios en el colegio para que los niños no entrasen en contacto con los residuos del patio infantil y el campo de fútbol, y encargaron nuevos estudios de los suelos de la escuela a laboratorios externos certificados. El Gobierno regional, además, hará un estudio epidemiológico de los niños que está previsto para el próximo año, según José Matías.
Mientras tanto los padres y madres de El Llano del Beal seguirán batallando para que se aclare toda esta situación y se garantice la seguridad de sus hijos. “Sesenta años de abandono son demasiados; ya es hora de aclarar responsabilidades”, sentencian.