La CHS, obligada a indemnizar a un empleado al que sancionó por un informe que negaba la necesidad del trasvase Tajo-Segura
Los tribunales han dado la razón al hidrogeólogo Francisco Turrión y confirman que “el auténtico móvil” de la sanción que le interpuso la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) el pasado diciembre de 2017 fue “coartar la libertad de expresión” del experto al publicar un informe con Greenpeace en el que ponía en duda la necesidad de los trasvases. El experto señaló en su día que querían “taparle la boca”. Una juez ha dictado sentencia, a la que eldiario.es ha tenido acceso, por la que obliga a la Confederación a indemnizar a Turrión con 12.000 euros por “daños y perjuicios morales”. La CHS no ha querido hacer declaraciones.
El hidrogeólogo afirma, desde hace 10 años, que la cuenca del Segura no es deficitaria y que no necesitaría trasvase gracias al “agua subterránea renovable, el agua que entra y sale todos los años de la Cuenca, y el agua desalada”. Turrión insiste en que “el déficit estructural es mentira”, y que, de hecho, “tenemos un superávit anual de 200 hectómetros al año”. Una vez publicado el informe, la CHS suspendió al técnico de empleo y sueldo durante seis meses y cinco días mediante diferentes sanciones “muy graves”.
Las faltas fueron comunicadas en diciembre de 2017 con la apertura de un expediente disciplinario por “denigrar” el trabajo de sus compañeros, “utilizar información confidencial de la Confederación” y no tener “compatibilidad para hacer ese trabajo” debido a su condición de empleado público, según indica el experto. Sin embargo, Turrión afirma que “no había utilizado ninguna información que no estuviera en internet”.
Al comunicarle lo decidido por la CHS, presentó una demanda de vulneración de los derechos fundamentales, del derecho a la libertad de expresión y de información. “Desde finales de marzo hasta principios de octubre yo he estado en mi casa sin cobrar. Si no llega a ser por mi madre a lo mejor habría tenido que vender mi casa”, lamenta el hidrogeólogo.
Francisco Turrión apunta que él ejerce el derecho a la libertad desde hace diez años, debido a las conferencias y artículos de prensa que difunde sobre el Plan Hidrológico como “parte del proceso de planificación al ser ciudadano”. Por ello, el fiscal reconoció que además de una “vulneración de derechos fundamentales”, había también “consentimiento” del comportamiento del experto durante años sin detectar una actitud o acción sancionable.
Asimismo, la jueza recuerda en la sentencia que “un contrato de trabajo no implica la privación para el trabajador de los derechos que la Constitución le reconoce como ciudadano”. Además, hace hincapié en que “la libertad de empresa no legitima que los trabajadores deban soportar limitaciones injustificadas de sus derechos fundamentales y libertades públicas”.
El hidrogeólogo señala que es su “obligación” dar su opinión sobre estos temas. “Es fundamental que los trabajadores de la administración pública tengamos la garantía y la protección de poder contar libremente nuestra opinión”, enfatiza y denuncia el experto, quien considera que debería haber una ley específica que incentive a los funcionarios a exponer sus ideas públicamente “sin miedo a represalias”.
