El abogado del Estado que apoya a Iberdrola en Marina de Cope fue consejero de ese grupo energético entre 2010 y 2014

El abogado del Estado que se pronunció en febrero pasado ante el Tribunal Supremo (TS) a favor del recurso de casación contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TJSM) que dejó sin efecto los planes urbanísticos de Lorca y Águilas, lo que impide construir la macrourbanización Marina de Cope en terrenos propiedad de Iberdrola Inmobiliaria, fue consejero de Iberdrola Generación entre 2010 y 2014 con cargos relevantes en el máximo órgano de dirección en esa empresa, integrada al igual que Iberdrola Inmobiliaria en el grupo energético Iberdrola.

Manuel María Zorrilla Suárez, abogado del Estado desde 1985 y profesor honorífico de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), entre otros cargos de su extenso currículo de prestigioso jurista, actuó durante el año pasado como letrado encargado de estudiar el recurso de casación interpuesto por una de las empresas del grupo Iberdrola ––Iberdrola Inmobiliaria–– y la Asociación Colaboradora de Propietarios (ACP) contra la sentencia del TSJ de Murcia de 2016 que anuló esos dos planes generales de ordenación (PGOU) que desprotegieron más de 20 millones de metros cuadrados en 2001 para que se construyera la macrourbanización Marina de Cope, con unas nueve mil viviendas, marina interior, campos de golf, entre otros, en terrenos de los municipios costeros murcianos de Lorca y Águilas.

El TSJM estimó como válidos los argumentos de Asociación Pro-Litoral, ANSE Y Ecologistas en Acción contra ese ordenamiento urbanístico puesto que la amplia franja de Marina de Cope, costera del Mediterráneo en el sur de la Región de Murcia, estaba integrada en el Parque Regional de Cabo Cope y Puntas de Calnegre.

En octubre del año 2016 quedó establecida la imposibilidad de urbanizar en esa zona litoral protegida mediante una sentencia del TSJM derogatoria de los planes. Sin embargo, Iberdrola (bajo el paraguas de Urbanizadora Marina de Cope S.L. en Liquidación) y la ACP interpusieron un primer recurso de casación 15/09/2017 contra dicha sentencia para revertir sus efectos y seguir adelante con sus proyectos urbanísticos que, durante varios lustros, habían formado parte de los desarrollos turísticos estratégicos auspiciados por los gobiernos del expresidente murciano Ramón Luis Valcárcel (PP). Un recurso se admitió a trámite en noviembre de 2019.

Además de la macrourbanización en el Parque Regional de Cope, el ejecutivo de Valcárcel auspició legal y propagandísticamente otros proyectos urbanísticos como La Zerrichera (Águilas), Novo Carthago (junto al Mar Menor). Ambos fueron invalidados en los tribunales por asuntos relacionados con la corrupción urbanística.

En febrero pasado, el recurso de casación promovido por Iberdrola Inmobiliaria y ACP encontró eco favorable en la actuación del abogado del Estado Manuel María Zorrilla Suárez, que apoyó los argumentos de los promotores de la macrourbanización Marina de Cope ––ante la sección 5 de la sala tercera de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo–– en el sentido de que el Parque Regional de Cope, cuya figura legal daba protección a los terrenos, “no tiene validez jurídica” puesto que, desde que se declaró como tal en 1992 por el gobierno entonces socialista murciano, no han sido desarrollados los instrumentos legales para articular la protección: el Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN).

Esos instrumentos fueron elaborados y se terminaron a principios de 1995, pero el Partido Popular ganó las elecciones regionales en mayo de ese año y no se avanzó desde entonces hasta ahora en su aprobación. Consecuentemente, el abogado del Estado pedía la devolución del asunto al TSJM para que dicte nueva sentencia sobre la anulación de los PGOU de Lorca y Águilas, invalidez que tenía como efecto impedir la urbanización turística de nueve millones de metros cuadrados integrados en el Parque Regional Cabo Cope y Puntas de Calnegre.

“Contraposición de intereses”

Sin embargo, una fuente jurídica consultada estima que el abogado del Estado Zorrilla Suárez debía haber tramitado un procedimiento ante la Dirección del Servicio Jurídico del Estado, antes de alegar en el recurso de casación interpuesto por Iberdrola Inmobiliaria y la Asociación Colaborativa de Propietarios de Marina de Cope (ACP) contra la sentencia del TSJ de Murcia que revirtió la desprotección ambiental de los terrenos necesarios para construir el macroproyecto urbanístico en esa zona litoral aguileña y lorquina. En función de esa tramitación, hubiera sido autorizado o no a actuar.

Es decir, el abogado del Estado tenía que solicitar permiso previo para intervenir en ese asunto, puesto que fue miembro del órgano de dirección máxima de Iberdrola Generación España S.A.U., compañía del Grupo Iberdrola S.A., en el también está integrada Iberdrola Inmobiliaria S.A.U., promotora de la urbanización, para evitar incurrir en una “contraposición de intereses” o conflicto de intereses, delimitada en el artículo 10.2ªb del Reglamento del Servicio Jurídico del Estado.

Pero otra fuente jurídica estima, por su parte, que no debería haber habido lugar a esa petición de autorización, sino que el abogado del Estado actuante en este caso debía haberse inhibido o abstenido, dado su pertenencia anterior durante cuatro años al consejo de administración de una empresa del grupo Iberdrola.

Este medio preguntó el martes 31 de marzo por la mañana, por escrito, al gabinete de comunicación del Ministerio de Justicia si el abogado del Estado Zorrilla Suárez había iniciado el procedimiento citado ante el Servicio Jurídico del Estado con anterioridad a su intervención en el caso Marina de Cope y en qué fecha, si la hubiera, se habría hecho tal cosa. El viernes tres de abril por la noche no había habido respuesta a pesar de la insistencia, el jueves, de este medio para obtenerla.