Junto al Parque Regional de la Sierra de la Pila se alza la Sierra de Quibas y, entre ambas, un paisaje mutilado por las canteras murcianas. La minería a cielo abierto, mediante la que se extraen tanto áridos -material de construcción- como roca ornamental, deja la postal de una Región llena de cicatrices. Si bien la población de los municipios de la zona sufren las consecuencias, no se queda atrás el ecosistema del interior murciano, cada vez más resentido por las prácticas extractivas, que solo en los municipios de Fortuna y Abanilla ya ocupan 1065 hectáreas. La suma de autorizaciones mineras en ambas localidades resulta en 68 licencias -permisos necesarios para poder explotar un territorio-, pero la cifra podría aumentar, puesto que no se incluyen las peticiones que aún están en lista de espera.
Según la Dirección General de Energía y Actividad Industrial y Minera, hay casi tantas empresas mineras en el área como autorizaciones, ya que, en algunos casos, una sola compañía explota dos o más canteras. La población señala como empresas principales a Mármoles Duaime, Colina Cimar y Mármoles Nicolás, ninguna de las cuales ha querido prestar declaraciones para este diario. De las tres, solo la última deduce fiscalmente en la Región de Murcia, por lo que, en la mayoría de los casos, la Comunidad Autónoma solo recibe una pequeña tasa por la gestión de los expedientes de solicitudes. La excepción son las canteras abiertas en suelo público por el Ayuntamiento de Fortuna.
Una de las compañías que actúan en el territorio, en concreto Mármoles Nicolás, comparte parentesco con la familia que habita Casas Ríos, un complejo de 200 años que se alza en el territorio de Peña Zafra, pedanía de Fortuna, desde antes que las propias canteras. Algunos de los vecinos que denuncian la explotación minera fueron también canteros en su juventud. El Ayuntamiento de Fortuna se aprovecha de estos datos para no actuar sobre el territorio, alegando, según los habitantes, que “son riñas familiares que se deberían solucionar hablando entre ellos”.
De acuerdo a la información suministrada por las entidades explotadoras a la Comunidad Autónoma, en el 2021 la extracción dio trabajo a 165 personas. Así, las instituciones alegan un “beneficio económico” como razón para continuar con las prácticas. Frente a esto, la Asociación para la Custodia del Territorio y el Desarrollo Sostenible (ACUDE) señala que el deterioro del entorno natural que causan las canteras comprometen la oportunidad de otro tipo de economía no solo basada en la explotación de áridos, como el turismo o la agricultura.
Menoscabo de la biodiversidad y el patrimonio
Las canteras provocan la pérdida de patrimonio, privan a las especies animales de su hábitat natural y 'envenenan' los cultivos y la flora silvestre del lugar. Los vecinos denuncian que en los últimos diez años han sido testigos de un decaimiento “impresionante” de toda la biodiversidad de la zona. Destaca el caso particular de un madroño centenario que la Plataforma de Afectados por las Explotaciones Mineras de Peña Zafra, Balonga y Quibas -pedanías de Fortuna y Abanilla respectivamente-, ha elegido como símbolo de su lucha.
Inma Nicolás Perea, presidenta de la asociación, cuenta que hace un tiempo el árbol comenzó a morirse debido a la polvareda que una de las empresas -Colina Cimar- emite cuando muele el material desechado de las canteras. “No le brotaban hojas, ya que al depositarse el polvo sobre la planta, le obstruía los estomas y no podía hacer la fotosíntesis”, añade. Colina Cimar tiene la obligación de usar medidas paliativas ante la mencionada nube de tierra, pero la presidenta considera que estos mecanismos son “claramente insuficientes”. Al madroño lo lograron salvar gracias a la continua labor de limpieza de los voluntarios.
También con los cultivos de los vecinos se necesita llevar a cabo el lavado, pero, a pesar del esfuerzo de los miembros de la plataforma, gran parte de la vegetación se ve deteriorada. Para Juan Luis Castanedo, vicepresidente y secretario de ACUDE, “el verano es la peor época, ya que apenas hay lluvia que pueda limpiar la tierra”.
Inma Nicolás transmite el sentimiento de pérdida de la población: “Antes había nacimientos de agua. Había una fuente muy fresca y buena, pero la dinamitaron. Ya no está y no tenemos manera de demostrarlo”. Ahora solo queda un manantial de menor tamaño, que protegen para que no se dañe. La planta de áridos ocupó igualmente una antigua vía pecuaria que constaba de distintas sendas hacia las viviendas. Hoy el camino es intransitable. Lo mismo ocurre con las cuevas. “Hicieron desaparecer una cavidad conocida como la Cueva de la Tosca, y sabemos que no ha sido la única”, explica señalando unas estalactitas -rocas cónicas que se forman en el techo de las grutas-, depositadas por los canteros en los alrededores.
A mediados de marzo la Comunidad Autónoma publicó un proyecto de explotación por parte de Hondo Minería S.L. que pretendía abrir una nueva cantera en una zona anexa al yacimiento paleontológico de Quibas, en Abanilla. En el estudio de impacto ambiental presentado por la empresa se argumentaba que “la cantera se proyecta en un entorno donde existen zonas de extracción de materiales y que, por tanto, se encuentra afectada”. Ante esta afirmación, Ecologistas en Acción y la Plataforma de Afectados por la Explotación Minera han presentado una alegación conjunta en la que aseguran que la sección seleccionada es una zona virgen -área que no ha sido explotada con anterioridad-, y en la que alertan de los perjuicios que puede conllevar la actividad, como la desaparición de fauna y flora protegidas.
También el Institut de Paleoecologia Humana i Evolució Social -IPHES-, centro responsable de la campaña de excavación del yacimiento paleontológico, ha presentado alegaciones al proyecto. El sitio, calificado como Bien de Interés Cultural, es “único en Europa por albergar especies de flora y fauna de hace millones de años”, explica Pedro Piñero, codirector de la excavación. Al contrario de lo que asegura Hondo Minería, el IPHES alerta de que las vibraciones derivadas de una cantera harían peligrar la estructura del yacimiento, poniendo en peligro tanto al equipo encargado y a los visitantes como al propio trabajo de investigación: “Cualquier desprendimiento que se produzca es una pérdida de información irreversible”.
Los vecinos han redactado además alegaciones en contra de otros proyectos mineros por encontrarse peligrosamente cerca del núcleo urbano de la pedanía fortunera de Peña Zafra de Abajo y en una zona que la población utiliza para cultivar. Actualmente se están estudiando los alegatos presentados.
“Un paisaje apocalíptico”
Llama la atención cómo las viviendas se encuentran encerradas por un cerco de yacimientos mineros, algunos de los cuales permanecen abandonados. Según Maria Dolores Saurín, Concejala de Industria, Empleo, Turismo y Comercio de Abanilla, la ley hace constar que, una vez finalizada la actividad, se ha de rehabilitar la zona destruida por las canteras; una acción que consiste en tapar el agujero y reforestar el terreno. “Lo triste es que aquí no se hace, ya que si subes a la zona ves que está hecha un auténtico Queso Gruyere”, comenta mostrando su inconformidad ante la situación y culpando de ello a la Comunidad Autónoma, en la cual, subraya, “recae la competencia”. Por su parte, la Dirección General de Energía y Actividad Industrial y Minera de la Región de Murcia alega que dependiendo de cuándo haya sido autorizada la explotación de un terreno, tendrá unas obligaciones u otras. Ajenos a la realidad, explican que “en caso de que un explotador con condicionantes proceda al abandono sin haber cumplido con los requisitos necesarios se le requerirá su realización”.
Inma Nicolás lamenta el “paisaje apocalíptico” con el que la población tiene que lidiar. Los vecinos, hartos de que las autoridades se “lancen balones sin asumir responsabilidades y sin solucionar el problema”, decidieron aunar fuerzas en la mencionada plataforma. “El que tiene la casa al lado de las canteras abandonadas vive entre máquinas en desuso, neumáticos, gasoil…ves las ramblas llenas de bloques y ruedas tiradas. Parece el escenario de una película de terror y nadie hace nada”, denuncia.
Según el vicepresidente de ACUDE, no hay una manera ecológica de llevar a cabo la extracción de minerales, pero sí es partidario de una restauración del suelo, especialmente cuando se trata del monte público de Fortuna, donde se abren la mitad de las canteras de la zona. Para él, una explotación como esa debería tener unas exigencias totalmente diferentes a las que se realizan en un entorno privado. “El Ayuntamiento debería gestionar adecuadamente ese patrimonio público, ya que no pertenece a la empresa -Mármoles Nicolás-. La concesión debería cancelarse si no se extrae de la manera correcta”, declara. Ante esto, el Ayuntamiento de Fortuna no ha querido hacer declaraciones.
El 'terror' de las terreras
Las canteras de Fortuna y Abanilla se encuentran en una región del sureste semiárido, muy afectada por la desertificación. El panorama empeora por la deforestación que arrastran las canteras y el abandono de material descartado en forma de terreras -montañas de producto inservible desperdigadas por la sierra-. Estas últimas, si no están bien fijadas, pueden ser sujeto de derrumbamientos; un peligro para los habitantes de la zona, porque pueden bloquearles las carreteras e, incluso, alcanzar viviendas o personas.
Cuando llueve torrencialmente, las escombreras acaban en las ramblas. “El agua arrastra esos sólidos y piedras y se produce un exceso de sedimentación que puede cubrir la vegetación y las especies amenazadas de la flora silvestre. En otros casos, también llegan a los cultivos”, afirma Castanedo. “Muchos residuos, no solo roca, van a parar a la Rambla de Balonga, que drena en el Río Chícamo, con lo que ello conlleva”, añade Inma.
Ante una situación límite como la que se vive en el interior murciano, la Plataforma de Afectados por la Explotación Minera de Peña Zafra, Balonga y Quibas colabora con otras asociaciones que sufren lo mismo, como el Consejo de Defensa del Noroeste, la Plataforma de Afectados por los metales pesados, la Asociación para la Custodia del Territorio y el Desarrollo Sostenible y con grupos defensores del Mar Menor, entre otros. Inma Nicolás expone que “la apuesta de las administraciones es el beneficio económico a costa de la explotación y del saqueo de nuestra tierra. Ante esto, no podemos quedarnos de brazos cruzados”.