De objeto a sujeto: la defensa para otorgar derechos propios al Mar Menor llega al Congreso

La batalla por dar derechos al Mar Menor sigue su curso. Dos autobuses con cien murcianos se han acercado al Congreso de los Diputados para mostrar su apoyo a la defensa de la propuesta de reconocer a la laguna salada personalidad jurídica. La Iniciativa Legislativa Popular (ILP), consiguió más de medio millón de firmas en plena pandemia, necesarias para que fuera tramitada. Los autobuses marcharon hacia Madrid a las cinco de la mañana, un ‘madrugón’ que congregó a activistas, miembros de plataformas y hasta algunos políticos, en un clima animado y esperanzado por las opciones de que la propuesta salga adelante. En la capital ya estaba esperándoles Teresa Vicente, profesora de Filosofía del Derecho en la Universidad de Murcia (UMU), y encargada de defender que la laguna salada tenga derechos.

Tras su intervención, representantes de los partido con representación en el parlamento han planteado dudas y valoraciones a Vicente, que en su respuesta ha agradecido los partidos políticos presentes -salvo Vox, el único partido que se opone a que el ecosistema tenga personalidad jurídica- su disposición por sacar adelante la iniciativa con su voto. El siguiente paso tras la defensa de la iniciativa será elaborar enmiendas y un informe, que se llevará a Pleno para que se apruebe y se desarrolle un reglamento que busque proteger el Mar Menor.

Anastasio, una de las personas que ha estado desde el inicio de la recogida de firmas, ha narrado a este medio que defienden la naturaleza por el “futuro” de sus familiares. “Es importantísimo que la naturaleza se mantenga” sentencia el activista, y recuerda que varios países ya integran derechos para su protección. Anastasio ha criticado que haya tenido que ser la gente quien ha tenido que impulsarlo y pide que, tras su presentación en la Cortes, los diputados no cambien nada de ella a través de enmiendas. “Me parecería tremendo que el congreso de los Diputados modifique una ley que ha rubricado el pueblo; no se debe mover ni una coma”.

Pilar también se ha sumado al viaje para apoyar que la laguna salada sea sujeto de derechos, y ha hecho hincapié en la importancia de asegurar el futuro del Mar Menor. “Es un ecosistema único que casi ha perdido toda su vida” ha señalado la mujer, que ve en la iniciativa legislativa popular una forma de recuperar el estado que la laguna tuvo en el pasado.

“El objetivo es que la lLP salga íntegra y no la desnaturalicen mucho” ha expresado Eduardo Salazar, abogado y otro de los promotores de la propuesta. El activista ha asegurado que España está aprendiendo de otros países que tienen más “clara” la relación del ser humano con la naturaleza en sus Constituciones, como Ecuador, o con casos similares al del Mar Menor, como en Colombia y el río Atrato. “También Estados Unidos y Nueva Zelanda contemplan una figura similar en algunos territorios”, ha indicado Salazar. El jurista ha explicado que hay un “despertar de esa conciencia de comunión con la naturaleza”.

Pese a que se había pedido una autorización para poder manifestarse frente al Congreso, los manifestantes se han encontrado con vallas que han limitado su movimiento, y se han visto obligados a desplazarse. Unas medidas que han suscitado críticas entre los asistentes: “No somos personas violentas y no vamos a hacer daño a nadie”.

La figura “más poderosa” para proteger al Mar Menor

“Es una laguna salada, la mayor de Europa y está herida de muerte” ha asegurado Teresa Vicente al comienzo de su intervención frente a los representantes de los grupos parlamentarios en la comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico. La docente de la Universidad de Murcia ha señalado que el motivo para presentar esta propuesta son los “graves daños ecológico que ha sufrido y sigue sufriendo este espacio natural”, producto de la “falta de eficacia” de las normas jurídicas vigentes y de la “inacción” de los poderes públicos.

El Mar Menor es una laguna costera separada del Mediterráneo por un brazo de arena conocido como La Manga, con cinco canales de comunicación con el Mar Mediterráneo y con cinco islas de origen volcánico en su interior. Su salinidad y temperatura han producido un ecosistema “único”, ha narrado la docente, y se remite a las figuras jurídicas de protección -internacional, europeas, nacionales y regionales- que se le han otorgado en los últimos 25 años, y que ponen de manifiesto su “gran valor”. Pese a ello, las administraciones no vigilaron “el cumplimento de la legislación sobre vertidos y sobre contaminación por nitratos hasta 2019, con la primera anoxia” -ha indicado Vicente-, que provocó la muerte de cientos de miles de especies marinas y plantas por falta de oxígeno. Tampoco se ha evitado el impacto ambiental del urbanismo “desaforado” en los municipios ribereños de la laguna, ni controlado las “formas de planificación del regadío del campo de Cartagena”, ha señalado la docente.

El Mar Menor -ha lamentado Vicente- ha sido usado como objeto para su explotación económica “sin límites”, y sin tener en cuenta que es una entidad “viva y valiosa que tenemos que cuidar y respetar”. Los dos episodios de mortandad por anoxia sucedidos en la laguna salada propiciaron que la ciudadanía reaccionara y se sintiera “parte y no dueña” del Mar Menor, ha contado la profesora, que ha considerado este hecho como motor para el éxito en la recogida de firmas, y ve en este espacio natural una “identidad cultural” en la que se refleja la sociedad.

La atribución de personalidad jurídica y derechos subjetivos es la figura “más poderosa” para garantizar su protección, y haría que el que el Mar Menor dejara de ser una “víctima y objeto” para convertirse en sujeto, ha asegurado Vicente. La promotora de la iniciativa ha indicado que esta proposición de ley trata de dotar de mecanismos que impidan manera inmediata que las actividades urbanísticas, agrícolas, ganaderas, mineras o cualquier otras puedan dañar el ecosistema: “Que las acciones y omisiones que dañen al Mar Menor puedan inmediatamente ser perseguidas, sancionada y juzgadas”, ha señalado. La iniciativa legislativa contempla tres figuras para salvaguardar que se cumplan los derechos del espacio natural: un comité de representantes, una comisión de seguimiento y un comité científico independiente.

Salvar la laguna y la economía de la región

La diputada de Ciudadanos, María Carmen Martínez Granados, ha recordado que su partido propuesto un plan integral de protección en el Mar Menor en julio de 2020, cuando los naranjas aún gobernaban con PP en la Comunidad murciana. Una propuesta que los populares no “han querido llevar a cabo ni una sola vez” ha asegurado Martínez Granados. La diputada ha sugerido que se incluyan propuestas para paliar el efecto de la economía del entorno de la laguna salada. “Primero debemos salvar a la laguna como ecosistema y luego la economía de la región”, ha afirmado. Martínez ha planteado también un régimen de transición para la agricultura y ganadería de la zona.

Reforma del sistema judicial en clave ecológica

“No podemos olvidar que la muerte lenta y agónica del Mar Menor no es ninguna casualidad” ha remarcado Inés Sabanés, diputada del Grupo Plural (Más País-EQUO). “Es el resultado de décadas de sobrexplotación de un ecosistema único por la acción del ser humano”. Sabanés ha hecho hincapié en la “inacción” de los diferentes Gobiernos y de las administraciones, “especialmente la Regional”. Desde su grupo han calificado el estado de la laguna salada de 'ecocidio': “Una actuación, un daño arbitrario, grave, excelso, duradero en el medio ambiente” que es como se definirá la regulación de dicho término. La diputada ha reconocido el valor “inmenso y crucial” de la iniciativa para un momento de “involución democrática, donde el negacionismo o el retardismo en el cambio climático frena actuaciones que son vitales”. A raíz de esta propuesta Sabanés ha sugerido plantear una reforma íntegra del sistema judicial en clave ecológica: “Hay un gran nivel de impunidad con respecto a la protección de la naturaleza”.

La naturaleza les “escupió a la cara la verdad”

Javier Sánchez Serna, diputado de Unidas Podemos, ha considerado que lo ocurrido durante los últimos años en el Mar Menor es “una auténtica revuelta popular” que ha puesto por delante “el patrimonio natural frente a la desidia más absoluta, tras 25 años de gobiernos del PP”. La lucha por la defensa de la mayor laguna salada de Europa es, para el coordinador de Podemos, “la historia de una rebelión en toda regla, la de un pueblo digno contra un gobierno indigno”.

El diputado ha acusado al presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, de “no haber sido capaz de reaccionar” cuando en otoño de 2019, “después de que los gobiernos del PP estuviesen años intentando ocultar la realidad y tratando al Mar Menor como una alfombra debajo de la cual se pudiera esconder toda la suciedad”, la naturaleza “les escupió a la cara la verdad, en forma de cientos de miles de peces muertos”. 

Un “nuevo chiringuito” para la extrema derecha

El diputado de Vox Luis Gestoso ha comenzado su intervención durante la ponencia haciendo alarde de “llevar 59 años junto al Mar Menor, donde resido con frecuencia”. En ese tiempo, Gestoso considera que “las administraciones municipales, autonómicas e incluso europeas” tienen más que competencias “suficientes” para asegurar el bienestar de la laguna. Para el diputado de extrema derecha la propuesta de la ILP “no es más que despilfarro y más legislación en lugar de gestionar los instrumentos ya existentes sin encarecer el gasto público”. “Esto no tiene otra pretensión que crear un chiringuito antidemocrático y totalitario que funcione al margen de las leyes”, ha insistido. 

Una herramienta más de protección medioambiental

Juan Luis Pedreño, diputado del PP, ha indicado que el interés de la Región y de sus ciudadanos está “por encima de cualquier otro”. “Esta es una herramienta más” a las leyes aprobadas por el Gobierno de la Región de Murcia, ha insistido Pedreño. El representante popular ha señalado la novedad que supone el hecho de que se vaya a aprobar una ILP con tanta celeridad en el Congreso, al tiempo que también considera “un reto” declarar personalidad jurídica por primera vez a un espacio natural en España. Pedreño, por otra parte, ha tenido palabras críticas para Unidas Podemos al considerar que el socio del Gobierno central quiere instrumentalizar la ILP para “atacar al PP y esto va a ralentizar muy mucho la tramitación”.

Un cambio en la relación con la naturaleza

El diputado del PSOE, Juan Luis Soto Burillo, ha planteado la iniciativa de “innovadora” no sólo en España, sino que en el conjunto de la Unión Europea. El diputado ha expresado que hay pocos precedentes en otros países, y que la propuesta plantea “un cambio en la forma de pensar, en la forma de ser y de actuar en nuestra relación con la naturaleza y con el Mar Menor”. Burillo ha puesto en valor la participación de “sociedad murciana que ha reaccionado y el gobierno central que ha procedido a las necesarias declaraciones de interés general y utilidad pública de esas actuaciones para poder llevarlas a cabo”. El socialista ha recordado que la iniciativa legislativa “contempla algunas de las actuaciones que están ya en marcha”. El diputado ha pedido que no se “caiga en la trampa de quienes interponen sus intereses a los intereses de la naturaleza, eludiendo sus competencias y sus responsabilidades, porque tenerlas, las tienen”.