La fiscalía retoma la investigación de la contaminación radioactiva sobre los suelos del Hondón

El fiscal superior de la Región, José Luis Díaz Manzanera, señaló este lunes que el Ministerio tiene la intención de reabrir la investigación por la contaminación de los suelos de El Hondón en Cartagena. La decisión llega a raíz de la repercusión generada en los últimos días tras la aparición de los terrenos en el listado de los seis únicos espacios de España con riesgo radiactivo, elaborado por el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN).

Diecisiete años después del cierre de la fábrica de Potasas y Derivados, la descontaminación de este área sigue sin fecha. En la parcela, de un millón de metros cuadrados y situada en la entrada a Cartagena por la autovía de Murcia, hay depósitos de lodos de fosfatos con Uranio-238. También hay presencia de metales pesados, por los residuos de la antigua factoría de abonos y fertilizantes del Grupo Ercros.

En una reciente información el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) señalaba que, a través del ejercicio de su función reguladora y de control en materia de protección radiológica, tenía conocimiento de distintos emplazamientos con presencia de radiactividad en España aunque ha admitido que todavía no están catalogados como tales debido a la ausencia de una legislación específica hasta ahora.

Otros investigadores han encontrado niveles menores de otros isótopos radiactivos como el potasio-40 o el torio 232 y niveles muy altos de contaminación por metales pesados (cobre, arsénico, cadmio y zinc). Los fosfoyesos radiactivos se encuentran en un entorno de más de cien hectáreas y su origen está en la acumulación progresiva de estos residuos en la zona como consecuencia de la fabricación de fertilizantes y otros productos en empresas que ya no existen como Potasas y Derivados.

Díaz Manzanera indicó, en una entrevista en la Cadena Ser, que los hechos podrían ser constitutivos de un delito contra el medio ambiente. “Se podría plantear la existencia de un delito por sustancias tóxicas por la obligatoriedad de los responsables de tener los terrenos en buenas condiciones o ver si las responsabilidades por el vertido están prescritos o no”, puntualizó el fiscal.

“Es una situación a la que deben darse respuestas; la administración competente debe tomar medidas para evitar que el suelo esté en esas condiciones y el procedimiento está regulado. Deberá verse en vía administrativa, y si procede, en vía penal”, concluyó Díaz Manzanera.