La iniciativa para que el Mar Menor tenga derechos es aprobada en el Senado: “Encabezamos un movimiento europeo”

La Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para dotar de personalidad jurídica al Mar Menor ha sido aprobada el miércoles por la tarde de forma definitiva en el Senado. “Hemos conseguido algo muy importante: una nueva etapa que permite reconocer el error de entender la naturaleza como un recurso para extraer solo beneficio económico”, apunta por teléfono Teresa Vicente, profesora de Filosofía del Derecho en la Universidad de Murcia (UMU), durante una parada del tren.

Vicente habla sin resuello, consciente de la dimensión histórica de la aprobación de la ILP, que consiguió un total de 639.826 firmas, superando con creces las 500.000 necesarias: “Encabezamos un movimiento europeo de protección de derechos de la naturaleza y hay que saborear la victoria, darnos cuenta de que hay otra manera de relacionarse con el Mar Menor”.

Los otros dos ejemplos mundiales de ecosistemas que han adquirido derechos propios han sido el río Atrato, en Colombia, cuya Corte Constitucional lo reconoció en 2016 como una entidad sujeta de derechos a la protección y conservación por parte del Estado y las comunidades étnicas, y el río Whanganí que, desde 2017, es reconocido por el gobierno de Nueva Zelenda como una persona jurídica, una demanda histórica de los indígenas maoríes que “se sienten en comunión con el río”.

La profesora de Filosofía del Derecho lleva escribiendo desde 1992 sobre justicia y ecología y desde 2019 impulsando el grupo promotor de la ILP conformado por ocho personas -cinco mujeres y tres hombres-: “En los años 80 se aprobaron los derechos de los niños y a ningún país se le ocurre ahora que no tengan educación gratuita. Ese es el gran cambio. Naciones Unidas camina ahora hacia la protección de los derechos de la naturaleza”, añade la investigadora, quien presentó la iniciativa para dotar de derechos jurídicos a la laguna salada en la sede de la ONU en Nueva York el pasado abril junto con el alcalde de Los Alcázares, Mario Cervera, y el profesor de Derecho Administrativo de la UMU y también promotor de la ILP, Eduardo Salazar.

La jurista murciana empezó sus estudios de Derecho en la UMU a principios de los 80 “en un momento de cambio al modelo de democracia social después de la dictadura”. “Entonces cambiaban las leyes todos los días; lo digo por las personas que afirman que no se pueden impulsar nuevas normativas”, apunta la profesora, quien se encontraba investigando cómo dotar de derechos propios a la laguna salada con una beca Séneca en la universidad británica de Reading cuando ocurrió la primera anoxia del Mar Menor en octubre de 2019. “Fue un punto y aparte”, señala.

“Un revulsivo para que todo funcione de nuevo”

“Las próximas generaciones llegan con una injusticia muy grande al encontrarse con un planeta degradado y les hemos dotado de una herramienta más porque las leyes hasta ahora no han conseguido parar los daños a la biodiversidad y el calentamiento global”, reflexiona Vicente. “El motor de la ILP han sido los movimientos sociales, pero para poner en marcha toda la maquinaria han hecho falta otras dos patas fundamentales que ha sido la parte política y la universidad pública, donde se ha hecho el estudio que he dirigido”. La ILP fue aprobada en el Congreso el pasado marzo con una mayoría superior a la necesaria: todos los grupo políticos la apoyaron a excepción de Vox.

Salazar, por su parte, ve la aprobación de esta iniciativa para la laguna salada como “un complemento” de las leyes existente, “no una sustitución”. “La legislación previa no ha funcionado. Se trata de un revulsivo para que todo funcione en un nuevo escenario de relación con la naturaleza. El Derecho llega tarde muchas veces. La ILP también tiene un elemento educativo para que la gente conozca la legislación previa, como el hecho de que la laguna sea Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) o que está dentro del plan de Red Natura 2000. Pienso que va a jugar un papel de catalizador”, apunta el abogado medioambientalista.

El profesor de la UMU se mostró “reacio” inicialmente ante la idea. Llevaba 25 años implicado en el movimiento ecologista en la Región y no lo veía factible. Sin embargo, el movimiento social que se originó en torno a la ILP consiguió ilusionarle y devolverle “la esperanza”. “Es un grupo de personas normales y corrientes que recogen 640.000 firmas y utilizan un mecanismo democrático como la ILP que no existe en todos los países”, resume. Y ahí encuentra Salazar el quid de la cuestión: “No quisimos ir de la mano de una ONG, asociación o sindicato. Ha sido una fórmula distinta al movimiento ecologista clásico y esa cuestión desinteresada creo que ha sido fundamental. La independencia total es lo que nos ha permitido obtener el apoyo de tanta gente, además de que nuestro planteamiento siempre ha sido de consenso con los diferentes movimientos sociales”, apunta.

La aprobación de la ILP el miércoles en el Senado no ha sufrido finalmente ningún retraso, tal y como había planteado el PP, que quiso devolverla al Congreso por no mencionar en el texto específicamente a la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT). “El texto habla de las Universidades de Murcia y Alicante, entre las que se encuentra la de Cartagena, aunque no se diga ex profeso. No tenemos la intención de excluir a nadie, sobre todo porque la UPCT ha trabajado en muchísimas cosas del Mar Menor”.

“Jamás pensé que amaba tanto al Mar Menor”, reflexiona Teresa Conesa, una de las fedatarias promotoras de la Iniciativa Legislativa Popular del Mar Menor y miembro del movimiento ciudadano Banderas Negras. Vicente y Salazar presentaron la ILP el 29 de julio de 2020 en el Congreso de los Diputados. Mientras se imprimían y sellaban los pliegos para la recogida de firmas, comenzaron a buscar fedatarios como Conesa: “En la Plaza del Espejo de Los Alcázares nos anunciaron que podíamos darle al Mar Menor personalidad jurídica. Darle derechos, como a las personas”, recuerda la voluntaria.

“Una especie de árbol genealógico”

Tras el fin del estado de alarma, muchos de los que más tarde se harían fedatarios de la ILP del Mar Menor salieron de sus casas “con ganas de disfrutar de la naturaleza”: “Al ver el estado tan malo en el que se encontraba el Mar Menor nos echamos a la calle y empezamos a manifestarnos todos los sábados desde el 20 de junio de 2020. Salíamos desde la Encarnación y llegábamos a la Plaza del Espejo. Ahí, sábado tras sábado, conocimos a mucha gente que se iba sumando”. “Mis fedatarios, a su misma vez, crearon otros. Nos teníamos que ramificar, crear una especie de árbol genealógico. La idea era que teníamos que ser multitud a nivel nacional”, explica.

El 28 de noviembre de ese año tuvo lugar la primera recogida de firmas: “Pusimos puntos de recogida de firmas en panaderías, farmacias y supermercados. La gente todavía tenía el miedo metido en el cuerpo y apenas salía a la calle a por lo básico”. Comenzaron, entre mascarillas y bolígrafos desinfectados, a reunirse las primeras firmas.

A partir de la segunda anoxia que sufrió la laguna salada a finales de agosto de 2021 que, de acuerdo con el Gobierno Regional acabó con la vida de 15 toneladas de peces, la población comenzó a acudir en masa a los puestos de recogida de firmas: “Querían hacerse fedatarios, recoger firmas, poner banderas en sus balcones. Fue algo tremendo”, describe Conesa.

La fedataria confiesa que en muchas ocasiones temieron no llegar a la meta: “Era muy duro, sumábamos las firmas que teníamos y caíamos en el desaliento. Pero nos mandábamos audios diciéndonos que no podíamos recaer ni perder esta oportunidad, que el Mar Menor nos había dado tanto que tenía que vencer”.

Ahora Conesa insiste que continúa la lucha por el Mar Menor: “Vamos a trabajar al mismo nivel, no nos vamos a conformar con tener miles de asociados en Banderas Negras, vamos a conseguir millones de asociados”. “Hemos querido darle voz al Mar Menor, todo el que lo ama lo defiende y lo protege, no lo agrede ni lo destruye. La albufera nos necesita” subraya.

Casi medio siglo de lucha por el Mar Menor

Aunque la propuesta de dotar a la laguna salada es relativamente novedosa, le preceden décadas de activismo ecologista. Antes de que apareciesen grupos por los derechos del Mar Menor y se construyera el trasvase Tajo-Segura para cambiar el sistema agrícola de la Región de secano a regadío, ya habían voces desde el mundo de la ciencia que adelantaron del peligro al que se enfrentaría la albufera: “Se sabía que un proceso productivo agrícola como el actual iba a arrojar residuos al Mar Menor. Advirtieron de que los nutrientes extra en el ecosistema lo modificarían y eventualmente, destruirían”, relata Pedro Luengo, portavoz de Ecologistas en Acción.

Poco después, en los años 80, comenzaron a movilizarse organizaciones como ANSE o miembros de Ecologistas en Acción -antes de que la organización se constituyese formalmente en 1998- para denunciar el crecimiento de regadío, la ampliación de puertos y el aumento del crecimiento urbanístico de la zona. En esta década se consiguió fraguar algunas protecciones ambientales de espacios del Mar Menor muy emblemáticos, como Calblanque, “que hoy no tendríamos si se hubiera permitido que hubiera sucumbido a esa vorágine de urbanizar”, incide Luengo.

Un 85% menos de vegetación marina

Más de cuarenta años de lucha ecologista después y pese a las protecciones ambientales que ha ido obteniendo el Mar Menor hasta ahora, como pertenecer a la Red Natura 2000, ser un Humedal Ramsar de importancia Internacional o una Zona Especialmente Protegida de Importancia para el Mediterráneo (ZEPIM), la laguna ha terminado contaminada por nitratos y perdiendo el 85 por ciento de su vegetación marina en 2016.

Pese a que celebra que la laguna se convierta en una zona con personalidad jurídica propia, Luengo confiesa que teme que esto se convierta en “una ley más”: “No se han aplicado hasta ahora las leyes de protección al Mar Menor, tenemos una degradación del espacio natural a pesar de que está protegido. En mi opinión, lo que va a proteger el Mar Menor no es una ley más, sino que la población apriete tanto a las administraciones públicas que les obliguen cumplir las leyes que ya existen”.“Por otro lado, esto es una nueva oportunidad de explorar una vía diferente a las protecciones a las que estamos habituados. Puede ser una gran oportunidad para darle un impulso a la protección real de los espacios y las especies en este momento de crisis ecológica global”.