El Mar Menor sufre su mayor crisis por los vertidos de la agricultura sin control con cinco toneladas de peces muertos

El Mar Menor, la albufera de mayor extensión de toda España, vuelve a agonizar. El exceso de nitratos vertidos sobre sus aguas deja cada día en sus costas el funesto rastro de cientos de peces muertos por anoxia. Desde el viernes 13 de agosto los episodios de muerte masiva de especies marinas por falta de oxígeno en el agua han acumulado cifras que superan ya la peor crisis sufrida en este lugar. Si en 2019 se retiraron 3.000 kilos de peces, crustáceos y moluscos muertos, en los apenas diez días de este episodio medioambiental se han sobrepasado los 5.000, según la Consejería murciana de Medio Ambiente, casi el doble de animales expulsados sin vida a la orilla.

“Suponiendo que ambos datos fueran ciertos porque, probablemente, son muchos más”, apunta Pedro García, director de la asociación ecologista Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE). Dependiendo de dónde sople el viento y cómo se encuentre la presión atmosférica en la laguna, García se dirige en las últimas mañanas a una u otra playa del Mar Menor para recoger varios capazos de restos de fauna marina. Los animales mueren sobre todo por la noche porque es entonces cuando “el consumo de oxígeno se acelera”.

La albufera ya sufrió su primera estocada más visible con la proliferación masiva de algas, conocida como la 'sopa verde', en el verano de 2016, seguida de una anoxia tres años después que mató a miles de peces. Esta segunda anoxia vaticina lo peor para el entorno natural, desprotegido ante la eutrofización –enriquecimiento excesivo en nutrientes– generada por la agricultura intensiva que la rodea, y que emplea esta laguna de agua salada como vertedero para sus nitratos, provenientes principalmente de fertilizantes. Según fuentes del Gobierno murciano, sobre el Mar Menor caen 5.000 kilos de nitratos al día por la rambla del Albujón –un cauce con caudal de agua– y 30 millones de litros de agua dulce.

Inacción y pelea política

La crisis medioambiental ha vuelto a desatar una guerra política entre el Gobierno regional y nacional. El presidente Fernando López Miras compareció el viernes 20 de agosto de urgencia para abordar la situación y no tardó en reprochar al Estado su inacción y pedir la apertura de la gola de Marchamalo –un canal que conecta al Mar Menor con el Mediterráneo–, además de reclamar las competencias sobre la costa y cuenca de la albufera. También anunció la prohibición de verter nitratos en el Mar Menor aunque indicó que era el Gobierno central quien debía hacer cumplir esa restricción. El jefe del Ejecutivo murciano ha contado con el apoyo del presidente de su partido, Pablo Casado, que se ha dejado caer este lunes por Jumilla para insistir en que las competencias para el cese de vertidos es del Ejecutivo de Pedro Sánchez.

La ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, visitará el Mar Menor el próximo miércoles y se reunirá con alcaldes y conservacionistas de la zona, según informa EFE. Ribera ha escrito al presidente del Ejecutivo murciano, Fernando López Miras, una carta en la que le traslada su confianza “en poder abordar este asunto de manera personal” con él y con su consejero de Medio Ambiente, Antonio Luengo. Ribera llegará a Murcia después de que su presidente anunciara una denuncia contra la ministra por “su inacción y falta de aplicación de medidas que contribuyan a la protección y recuperación del Mar Menor”, y ella le contestara en una entrevista en Radio Nacional que la Región de Murcia “tiene competencias de sobra para velar para que no se envenene el Mar Menor” y que lleva “años sin hacer nada para evitar que el agua contaminada llegue a la laguna”.

Tras la reaparición de peces muertos hace diez días, el Gobierno regional se escudó en las altas temperaturas. “El problema principal es la eutrofización”, señala a elDiario.es Ángel Pérez Ruzafa, catedrático de Ecología por la Universidad de Murcia (UMU), y miembro y cabeza visible del comité científico del Mar Menor, dependiente del Gobierno murciano. En invierno, la albufera resiste mejor la entrada de nutrientes por el freático –corrientes de agua que discurren por el subsuelo– y las ramblas que desembocan en ella, pero en verano “las altas temperaturas, el aumento de producción primaria agrícola, y la disminución de la salubridad del oxígeno agrava su estado”, sostiene el investigador. 

Una línea de pensamiento que comparte Julia Martínez, directora técnica de la Fundación Nueva Cultura del Agua y exmiembro del mismo comité cientı́fico que preside Ruzafa: “No se quiere reconocer que el problema principal son los vertidos de fertilizantes y la agricultura intensiva; lo volvimos a ver en 2019 y advertimos de que podía volver a pasar y que había cambiar el modelo de explotación agrícola”. La además profesora UMU –que se desvinculó del comité al denunciar “manipulaciones” en su trabajo– lamenta que los últimos cinco años, tras la crisis eutrófica de 2016 con la 'sopa verde', se han perdido al no haber escuchado las autoridades autonómicas las recomendaciones de los científicos.

La científica Julia Martínez no obvia que las tres administraciones tienen responsabilidades sobre el estado de la laguna, pero es la Comunidad Autónoma la que tiene las competencias del regadío, de los vertidos tierra-mar, de la ordenación territorial, el medio ambiente y la gestión de la laguna: “No se ha hecho absolutamente nada”. La Fiscalía regional ha abierto una línea de investigación por el estado de la albufera.

Culpables y soluciones

Para Martínez, las perspectivas de recuperación son “muy negativas” mientras no se asuma el origen y la gravedad del problema. A corto plazo, opina, es “imposible” revertir la situación, a medio y largo plazo “hay posibilidades de mejora, pero lentamente”.

La petición de abrir la gola de Marchamalo solicitada por el Gobierno murciano despertó críticas entre la comunidad científica, y encuentra escasos apoyos más allá de su propio comité: “Es una solución en el contexto crítico actual. No se trata de abrirla de forma indiscriminada”, defiende Ruzafa. Con su apertura en momentos puntuales se podría evitar lo que pasó en 2019, según el investigador. “El agua dulce que entró con la DANA hace dos años, al no tener salida, fue empujada por el viento hacia el fondo y desplazó la bolsa de anoxia hacia la superficie”, algo que podría evitarse si se abre la gola, sostiene el experto. Desde la Administración regional han difundido un vídeo donde se puede ver una supuesta bolsa de anoxia que, según ellos, intenta salir al Mediterráneo a través de la gola.

Una solución que no comparte la catedrática de la Universidad de Alicante Francisca Giménez, que ya criticó la propuesta en declaraciones a este medio: “Cuando ingrese suficiente agua del Mar Mediterráneo al Mar Menor, lo que puede provocar es que entre también el patógeno que ha matado a la nacra en el Mediterráneo. Se está poniendo en riesgo a los últimos ejemplares de esta especie en peligro crítico de extinción”.

Desde Ecologistas en Acción han interpuesto una denuncia por vía penal contra el Gobierno murciano para evitar que se drague la gola de Marchamalo. Su portavoz, Pedro Luengo, tacha la iniciativa de “ocurrencia para salir del paso”, y alerta de que la apertura de estos canales, al ampliar el intercambio de agua entre el Mar Menor y el Mediterráneo, reducirá la salinidad dentro de la laguna y causará perjuicios a uno y otro lado de La Manga. 

Ruzafa defiende que la solución pasa también por una mejor gestión del agua, y apela por el uso de desalobradoras, desnitrificadores y sistemas de conducción que permitan rebajar el nivel de nitratos del agua antes de que desemboquen en la albufera. El científico considera que la crisis en el entorno natural actual aún no supera en gravedad a la de 2019, situación que podría cambiar con “una gota fría o más altas temperaturas”.

El comité de científicos del Mar Menor no ha estado exento de críticas. En 2019, tras la anoxia en la albufera, cuatro científicos se salieron del grupo de asesores –sumados a otros cuatro que se fueron con anterioridad– alegando “manipulación” desde el Gobierno regional. Ruzafa ha recibido críticas en ocasiones por su supuesta “cercanía” con la Administración regional. “La gente es muy libre de pensar lo que quiera. Yo tengo que cumplir con mi trabajo e intentar hacer las cosas bien. Mi preocupación es contribuir a que el Mar Menor se recupere”.

Ley de protección del Mar Menor

En julio de 2020, el PP, PSOE y Ciudadanos sacaron adelante una ley de protección para el Mar Menor. Una iniciativa legislativa cuyo contenido estrella fue la ampliación de la franja de protección en torno a la albufera de 500 a 1.500 metros –espacio en donde no se puede cultivar–, junto con la restricción del uso de fertilizantes a su alrededor. Además, incluye la prohibición de crear nuevos invernaderos en ese perímetro, y la obligación de restituir los regadíos ilegales. Una ley que no estuvo exenta de críticas desde asociaciones ecologistas o formaciones políticas, como Podemos, que la consideraban insuficiente.

Julio Más, exdirector del Centro Oceanográfico de Murcia, denunció en este medio que la Región “no aplica la directiva de nitratos ni el límite legal de 1.500 metros para el uso de abonos nitrogenados. No aplica las leyes que promulga, pero pide una serie de competencias que no tiene ninguna comunidad autónoma y que van en contra del criterio científico generalizado”.

Por su parte, desde ANSE recordaron que llevan pidiendo medidas de mayor calado desde hace años, y “no se han puesto en práctica”. “Pedimos que se redujera la superficie de agricultura intensiva a como mínimo 10.000 hectáreas de regadío; que la Administración se hiciera cargo de las 8.500 hectáreas de regadío ilegales que la Comunidad había negado hasta que la Confederación Hidrográfica confirmó su existencia; planteamos una red de filtros verdes de humedales y medidas para que las aguas residuales no acaben en el Mar Menor cada vez que hay una lluvia intensa”, recuerda García.

Alternativas para salvar la albufera

Paralelamente a las ley del Mar Menor y las propuestas de los últimos días del Gobierno murciano, hay en marcha dos iniciativas alternativas para proteger a la albufera. Una de ellas es hacerla sujeto de derechos: a través de una Iniciativa Legislativa Popular impulsada por ecologistas y académicos, se busca que tenga una personalidad jurídica frente a la que se pueda responder cuando se vulneren sus derechos. Para poder llevar la propuesta al Congreso de los Diputados, los impulsores tienen hasta el próximo 25 de octubre para conseguir 500.000 firmas. En su último recuento, en junio, rebasaron las 200.000 firmas. El siguiente será en septiembre, y la situación actual del Mar Menor ha contribuido a aumentar el número de firmantes, por lo que desde la plataforma están convencidos de que lo conseguirán. Hay decenas de puntos de recogida de firmas en toda España, e incluso algunos en otros países.

Unidas Podemos, por su parte, lanzó una campaña para que el Mar Menor sea parque regional y registrará una proposición no de ley (PNL) en el Congreso de los Diputados para lograr “soluciones definitivas” para la albufera. La iniciativa plantea crear una franja de protección en torno al Mar Menor, incorporando zonas ya protegidas como Calblanque y Las Salinas de San Pedro. “Un espacio libre de nitratos y de pelotazos inmobiliarios”, agregó el diputado nacional por Murcia de Podemos, Javier Sánchez Serna. Otra de las propuestas de la iniciativa es la imposición de una tasa ambiental a las multinacionales de la agroindustria. Lo recaudado se destinaría a cofinanciar las inversiones necesarias para la protección y recuperación del Mar Menor, creando una partida específica en los Presupuestos Generales del Estado.