Bajo el decreto ley de Mitigación de impacto socioeconómico de la COVID-19 se esconde una profunda reforma de la Ley de Suelo de la Región de Murcia y de la Ley 4/2009 en materia de Protección ambiental Integrada de la Región. Los cambios suponen una rebaja de las exigencias y controles a la hora de planificar urbanísticamente en la Región.
Para las asociaciones conservacionistas murcianas ANSE y Ecologistas en Acción, el decreto es “un enorme paso atrás” en materia de prevención y protección del medio ambiente que, aseguran, “ya venía acumulando regresiones y carencias incompatibles con la garantía de un medio ambiente saludable y seguro para todos los ciudadanos”.
Pedro García, director de ANSE, ha hecho hincapié en que “en ningún momento” supieron de la reforma hasta su aprobación: “No se ha llevado a ningún órgano consultivo en el que estemos representados”. De hecho, en el último Consejo asesor del medioambiente ANSE decidió no acudir para denunciar que cambios en la normativa medioambiental como los relativos al Mar Menor no se habían llevado a este órgano consultivo.
Ambas asociaciones consideran que el Gobierno regional ha utilizado como pretexto la crisis sanitaria de la COVID-19 para flexibilizar la normativa vigente en beneficio del sector de la construcción. “La Comunidad autónoma ha ido desmantelando conscientemente la estructura del control ambiental”, asegura Pedro García.
Tanto para Anse como Ecologistas en Acción, la reforma es un “error mayúsculo” en el contexto actual de la crisis sanitaria. Recuerdan la relación que esta podría tener con la “excesiva depredación ambiental del ser humano en el planeta”.
Traspaso de competencias
La nueva ley de suelo elimina importantes competencias del Consejo de Gobierno para traspasarlas a las distintas consejerías, que no necesitarían de informes previos antes de la aprobación de diversos asuntos urbanísticos.
Se suprime la existencia de órganos colegiados como la Comisión de Coordinación de Política Territorial de la Comunidad Autónoma, que contaba entre sus vocales con un representante del Estado y otro de la Federación de Municipios de la Región de Murcia.
Con el nuevo decreto ley esta es la sexta reforma de la Ley de Protección Ambiental desde su creación. El nuevo texto permite que se aumente hasta un 30% sin control alguno el consumo de recursos y la contaminación por vertidos y emisiones por parte del sector industrial.
También denuncian que los ayuntamientos podrán evaluar el impacto ambiental de un proyecto urbanístico y remitir a la Consejería la documentación necesaria, ante la petición de un particular o empresa, para comenzar dicho proyecto.
De acuerdo con ANSE y Ecologistas en Acción, esta reforma supone “el desmantelamiento de la administración ambiental, colapsada por falta de personal y acumulación de expedientes, que ahora pretende derivar, en parte, a los Ayuntamientos, que tampoco están preparados para estas transferencias, o a los empresarios, como ha intentado con la ARCA (Agencia Regional de Clima y Medio Ambiente)”.
Esta normativa convierte a los ayuntamientos en “organismos ambientales” en materia de planteamiento urbanístico con capacidad para realizar informes de impacto ambiental cuando la población del municipio supere los 20.000 habitantes. Con esto las asociaciones ecologistas consideran que se están convirtiendo a los ayuntamientos en “juez y parte”, lo que “facilitará la aprobación de nuevos desarrollos, o se desatasquen otros antiguos, con alto impacto ambiental y social”