Oídos sordos a la Geografía y ciencias territoriales: la gota (fría) que colmó el vaso de un gobierno borracho de agua

La Naturaleza se rige por unas dinámicas complejas, y para gestionarla hacen falta conocimientos y honradez. Para lo primero se requieren expertos en cuestiones medioambientales y, para lo segundo, gestores políticos responsables, que cuiden a los expertos y que se encuentren sensibilizados con la sostenibilidad ambiental. Sin embargo, el gobierno regional no consolida una estructura administrativa con competencias en medio ambiente, y se limita en la mayoría de las legislaturas al establecimiento de una Dirección General o dos (a la postre con escaso personal y raquíticos recursos y atención).

Y eso cuando no nos sorprende con ocurrencias como la creación de una agencia con intervención del sector privado que sustituya a la estructura actual porque “la burocracia amarga la vida de muchas personas que solo quieren crear empleo”, según el propio presidente regional, que con desfachatez equipara burocracia con garantía ambiental.

Existe una disciplina académica con un contrastado recorrido en la investigación de los riesgos naturales y su gestión en la ordenación del territorio. Se trata de la Geografía. De hecho, estos días hemos podido ver en prensa diversos artículos con aportaciones de geógrafos, cuando no directamente notas institucionales de su Colegio profesional o de la Asociación Española de Geografía, explicando qué ha sucedido meteorológicamente, cómo la estructura urbanística de nuestro territorio agrava la situación, qué implicaciones tienen los efectos, qué se puede hacer para mitigar los daños y sobre todo prevenirlos…

Solo la prensa se ha acordado de la Geografía y únicamente a posteriori. Ni el Gobierno ni la sociedad recurre a los geógrafos de una manera constante y transversal como sí ocurre en otros lugares de Europa. Sirva esta llamada de atención también como reclamo para una mayor atribución profesional a los geógrafos y para recordar que existe en Murcia un grado universitario en Geografía y Ordenación del Territorio que, contrariamente a las demandas territoriales, va perdiendo matrículas curso a curso.

Y es que, antes de hacer política medioambiental e hídrica, hay que tener en cuenta a los científicos y técnicos del territorio, geógrafos y otros muchos, tomándolos en consideración y propiciando una buena logística investigadora y laboral. La ordenación del territorio en la Región de Murcia, en cambio, se ha desarrollado a base de pelotazos urbanísticos aislados, sin coherencia regional y sin respeto legal y medioambiental (me remito a los casos públicos de prevaricación y corrupción variada), y solo a posteriori se han establecido directrices desde el gobierno regional. Teniendo también en cuenta a la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), ¿cómo es posible que se hayan urbanizado cauces de ramblas y lechos de inundación fluviales cuando la actual ley del suelo, en su artículo 15, obliga al cotejo con mapas de riesgos?

Prevención y concienciación antes que reparación

Podemos ver en la imagen adjunta a este artículo cómo las zonas anegadas en el entorno del Mar Menor tras las lluvias de la gota fría causada por la DANA del 12-13 de septiembre coinciden casi en su totalidad con las zonas inundables establecidas por la CHS en su plan 2016-2021, para un periodo de retorno (probabilidad de que suceda un fenómeno) no solo de 50 años (menos frecuencia) sino también de 10 años e incluso de tan solo 5.

La actuación de respuesta a la gota fría es casi irreprochable. La AEMET –y esto hay que destacarlo– tuvo la valentía de decretar el nivel rojo de alerta y las administraciones regionales y municipales enseguida tomaron medidas de atención ciudadana. Quienes probablemente no estuvimos a la altura fuimos nosotros como sociedad, al infravalorar estos avisos y recomendaciones, si bien luego hemos intentado enmendarnos con una encomiable solidaridad hacia los más afectados, amén de los cuerpos y fuerzas de seguridad pública. Pero, en cualquier caso, nuestra sociedad y nuestro gobierno sí que han fallado –estrepitosamente– en prevención estructural, a pesar del conocimiento previo, y esto es muy grave.

En un paradigma de gestión de riesgos naturales desde la prevención antes que desde la reparación, en la Cuenca del Segura (incluida obviamente la Vega Baja) el plan contra las avenidas del río no funciona y los desbordamientos de ramblas no solo apenas han sido gestionados sino que encima los enfrentamos con mayor vulnerabilidad por la urbanización desaforada de las últimas décadas. Los encauzamientos de cauces y los acortamientos de meandros puede que fueran necesarios en su momento, para la higienización urbana y la optimización agraria, pero parece que ya no podemos seguir en esa dirección y sobre todo no de la forma convencional (supremacía del hormigón, en altura y en base).

Ahora urgen obras, no de encaramiento con la Naturaleza, sino de diálogo, con encauzamientos de mayor permeabilidad, embalsamientos cuidados del aterramiento y, sobre todo, con un aumento de la disponibilidad espacial para los ríos y ramblas, que dispongan libremente de sus lechos de inundación (también beneficioso desde un punto de vista edáfico, como de hecho en la huerta de Murcia sabemos bien a lo largo de la historia), de forma que, cuando no sea posible por la ocupación urbana consolidada, se instalen grandes colectores pluviales, que tengan en cuenta precipitaciones y avenidas de periodos de retorno extensísimos, de al menos 500 años.

La culpa no es de la Naturaleza en sí misma

No nos engañemos: el cambio climático no causa estos desastres naturales (las inundaciones forman parte de nuestro clima desde que hay fuentes e incluso las ha habido mayores que esta última) pero sí que puede intensificar su peligrosidad, por un mayor calentamiento del Mar Mediterráneo, más distorsiones de la corriente en chorro y una conjunción numerosa de factores antrópicos, como una mayor vulnerabilidad por exposición urbana y mayor escorrentía por abandonos de cultivos tradicionales aterrazados, proliferación de vastos campos de agricultura súper intensiva y aumento de superficie asfaltada.

Los efectos que causan estos eventos naturales que no son bien gestionados por la humanidad los conocemos de sobra, especialmente los relacionados con daños materiales en bienes, infraestructuras y cultivos y, lamentablemente, con pérdidas humanas. Pero también los hay de desequilibrio ambiental (tal como explica magistralmente la Catedrática de Geografía Física Asunción Romero Díaz en la p. 9 de la edición impresa de La Verdad del 17/09/19), como la enorme pérdida de suelo, un recurso fundamental para el desarrollo natural y económico de la Región (por sus componentes bióticos y abióticos) y que es muy lento de recuperar, o el aterramiento de masas de agua, que colmata embalses y enturbia un Mar Menor que, entre la sobreexplotación agrícola de su entorno (no exenta de casos sospechosos de ilegalidad) y la recepción mal gestionada de casi toda la red hídrica del Campo de Cartagena, está abocado a un estrés ambiental que no lo saca nunca de la UCI, por usar la metáfora preferida del gobierno regional.

Esta gota (fría) ha colmado el vaso de un territorio al borde del colapso, no por eventos apocalípticos puntuales de un cambio climático expiatorio, sino por la mala gestión de un gobierno regional que nunca le ha dado importancia a la política ambiental e hídrica más allá del mantra irresponsable, ofensivo y reduccionista del 'Agua para todos'.

El agua, efectivamente, puede reclamarse, pero siempre desde una coherencia científica, técnica, sostenible y política que no ha existido aquí, ni con el agua de 'dentro' ni con la de 'fuera'. Esta gota fría ha sacado a la superficie toda esta mala y casi inexistente gestión regional del agua y el medioambiente, más allá de las competencias de la CHS. El gobierno de López Miras se ha emborrachado de agua, y ya no puede echar culpas ajenas. ¿Nos merecemos los murcianos un gobierno ebrio?