“Vivimos junto a terrenos llenos de residuos químicos peligrosos. Pero las administraciones competentes no los descontaminan, porque llevan 24 años detrás de un pelotazo inmobiliario. La salud de los vecinos es lo que menos les importa”. Parado delante de la puerta del Palacio de Justicia de Cartagena, el presidente de la Asociación de Vecinos del Sector Estación de la ciudad portuaria, Fulgencio Sánchez, expresa su hartazgo ante la presencia inamovible, a apenas un paso de su casa, de los suelos altamente contaminados del páramo de El Hondón, donde se encontraba la antigua fábrica de Potasas y Derivados, cuya actividad industrial cesó en el año 2001.
Sánchez ha acudido este jueves a las dependencias judiciales junto a su abogado y una veintena de vecinos para presentar una denuncia, a la que ha tenido acceso elDiario.es, en la que se acusa a la Dirección General de Medio Ambiente de la Región de Murcia y al Ayuntamiento de Cartagena de, presuntamente, ser “responsables directos, por inacción, de los riesgos para la salud de los vecinos derivados del retraso en la remediación del terreno de El Hondón” y de supeditar “la integridad física de las personas al aprovechamiento urbanístico futuro del suelo”.
Detrás de Sánchez, que sostiene la pila de documentos con los pormenores del litigio, los vecinos despliegan una pancarta. Hay en ella fotografías aéreas del solar, con balsas abarrotadas de metales pesados y elementos químicos. Permanecen a la vista de todos, desprotegidas. Algunas se encuentran a muy pocos metros de las primeras viviendas. Muchos de los que sostienen la pancarta viven en esas mismas casas. Primero lo hicieron cuando la antigua fábrica funcionaba a pleno rendimiento y apenas podían respirar ni salir a la calle, porque Cartagena amanecía cada mañana sumida en una gran nube tóxica. Después, cuando pasó el tiempo, todos han visto cómo las tierras, con sustancias potencialmente radiactivas, han permanecido intocadas por las administraciones responsables de su descontaminación.
La finca de El Hondón, que abarca un desierto de más de 100 hectáreas, sí ha sufrido, sin embargo, modificaciones burocráticas: el Ayuntamiento de la ciudad portuaria fue comprando los terrenos, según recoge la denuncia, a “un precio especialmente ventajoso” con el objetivo de “acomodarlos a usos residenciales”. El Consistorio se hizo con la totalidad del terreno en el año 2018. Pero su primera transacción fue en el mismo 2001, el año del cierre de la fábrica, cuando en conjunción con la Comunidad Autónoma constituyó una sociedad, Podecasa, con la intención única de proyectar la construcción de un residencial.
“A pesar de ostentar la doble condición de Administraciones competentes y de propietarios del emplazamiento de referencia”, señala la denuncia, “estas dos administraciones no han hecho nada durante más de 20 años para remediar la calidad del suelo”.
“En contra” del dictamen del Consejo de Seguridad Nuclear
Dos soluciones posibles se atisban desde hace más de dos décadas para descontaminar los terrenos de El Hondón. Fulgencio Sánchez las expone, leyendo por encima el documento que tiene en la mano. La primera pasa por la retirada absoluta de los más de 700.000 metros cúbicos de residuos que hay en la finca, según los datos arrojados por el técnico en recuperación de suelos de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT), Ángel Faz. La segunda opción consiste en acometer un sellado de los contaminantes y destinar el terreno al uso industrial o a un proceso de renaturalización. La única alternativa viable para declarar un uso urbanizable es la primera. Pero, según recoge la denuncia, la comunidad científica y el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) solamente avalan la segunda.
“Quieren hacerlo todo en contra de los científicos y de lo que dice el CSN, porque su única meta es construir casas y ganar dinero. Pero la realidad es que estamos contaminados por los cuatro costados, que respiramos veneno y les da igual”, afirma Fulgencio Sánchez. La denuncia lo corrobora: en ella se recoge que, en el año 2020, la empresa Ercros, antigua propietaria de la fábrica, presentó un proyecto de remediación con una inversión de 5 millones de euros que fue “informado favorablemente por todas las Administraciones sectoriales”. “En especial”, subraya el texto, “por el CSN, la máxima autoridad a efectos de valorar las opciones que mejor garantizan la salud de las personas en materia de protección radiológica”.
Pese a tales pronunciamientos favorables, “los denunciados, desde los cargos públicos que ocupan”, continúa la demanda, “han emitido informes y resoluciones administrativas que desoyen expresamente el criterio vinculante del CSN”.
La Comunidad Autónoma, al hilo de la denuncia, no considera válido el plan de remediación propuesto por Ercros y validado por el máximo organismo estatal en seguridad nuclear, así como por investigadores de la UPCT y de la Universidad de Limoges. La Región de Murcia presentó el pasado 15 de marzo una resolución hacia Ercros que era también un ultimátum: un plazo de tres meses para presentar un proyecto que incluya una descontaminación total. En caso de no hacerlo, la propia Comunidad acometerá los trabajos de retirada con un proyecto propio que no existe y en un tiempo que todavía no está calculado, y pasarán la factura a la empresa como responsable subsidiaria.
“Estas graves actuaciones administrativas de los denunciados (…) constituyen conductas arbitrarias ejecutadas a sabiendas de su injusticia con potencial relevancia penal”, concluye la denuncia. Todo con la meta de “maximizar el aprovechamiento urbanístico” en detrimento “de la salud de las personas”.
“Hay miles de casas planeadas desde hace mucho tiempo en esos terrenos”, prosigue Fulgencio Sánchez, antes de entrar por la puerta de los juzgados y presentar formalmente la demanda. “Pero solo podrían construirse si se lleva a cabo el método desaconsejado por todos los organismos vinculantes. Es un problema de voluntad política y de dinero. No han puesto -en el Gobierno de la Región de Murcia- ni un euro en ningún presupuesto durante estos años para solucionar la contaminación que todos nosotros sufrimos”, sentencia el vecino.
Por su parte, José Manuel Muñoz, el abogado que acompaña a Fulgencio Sánchez, asegura a este periódico que los “órganos administrativos ponen obstáculos de forma injustificable a un proyecto que puede solucionar el problema y que precisa de todas las validaciones”. “El fundamento de la denuncia”, apunta el letrado, “es que entendemos que la administración está prevaricando y actuando por sus propios intereses”. El texto de la denuncia, en concreto, va dirigido al Director General de Medio Ambiente de la Región de Murcia, Juan Antonio Mata Tamboleo, a otros dos altos cargos de la Consejería de Medio Ambiente y a varios técnicos del Ayuntamiento de Cartagena.
“La Región de Murcia y los denunciados priorizan el desarrollo económico de la zona frente a la garantía de la seguridad y la salud de los vecinos de El Hondón y la protección del medio ambiente”, concluye la denuncia.
“El metal entra en el cuerpo y se bioacumula”
elDiario.es ya se puso en contacto el pasado mes de abril con varios científicos encargados, junto con el CSN, de validar el proyecto de Ercros que la Comunidad desdeña.
El investigador de la Universidad de Limoges, edafólogo y doctor en minería y desarrollo sostenible José Matías Peñas contó que las balsas de residuos abandonadas a la intemperie en El Hondón se dividen en dos tipos: unas son de ceniza de pirita. Otras, de lodos fosfatados. “Las de cenizas de pirita”, contó Peñas a este periódico a tenor de sus investigaciones, “son las que mayor concentración tienen de arsénico, unos 200 miligramos por kilo de terreno”. En ellas, según Peñas, “también hay concentraciones de cromo, cadmio, plomo, zinc y mercurio”. Esas balsas, añadió el investigador, son las que están más pegadas a las primeras calles de Cartagena.
“En las balsas de lodos fosfatados”, continuó, “hay valores elevados de todos esos metales, pero también de uranio, un isótopo que emite radiactividad”. Peñas estableció un veredicto: “Todo supone un riesgo para la salud, porque el metal, que llega a la ciudad convertido en polvo tras la erosión del viento, entra en el cuerpo al respirar y se queda, se bioacumula”.
El técnico Ángel Faz, de la UPCT, afirmó, en el mismo reportaje, que llevar a cabo una retirada de todos esos materiales, como según la denuncia pretenden Comunidad y Ayuntamiento, sería “una verdadera burrada”. “Hemos calculado que se necesitarían en torno a 33.000 camiones con bañeras de 21 metros cúbicos repletas para sacar todos los contaminantes de ahí”, enumeró. Moverlos, también lo advirtió el CSN, supondría un elevar sustancialmente el riesgo para la integridad física de los habitantes de la ciudad portuaria.
Fuentes de la Consejería de Medio Ambiente de la Región de Murcia aseguran a este medio que los vecinos “se equivocan al señalar y culpabilizar al Ayuntamiento y la Comunidad porque es Ercros la única responsable de la inacción”. “Después de diferentes requerimientos, la empresa no ha presentado a día de hoy un proyecto de descontaminación que permita recuperar los suelos”, señalan dichas fuentes.
“Tan solo han planteado una propuesta que no cumple con la legislación vigente”, prosiguen, sin entrar en más detalles. “En caso de que -este mes de junio- concluya el plazo dado a la empresa, el Gobierno regional actuará de manera subsidaria. Ercros demuestra que su intención está lejos de recuperar los suelos”, concluyen las fuentes adscritas a Medio Ambiente. Se mueven bajo el principio de quien contamina paga. Pero quien contaminó, aseguran los vecinos, tuvo en todo momento “el visto bueno” de las administraciones que ahora lo exigen.
Este medio ha tratado, además, y en varias ocasiones, de preguntar al Ayuntamiento de Cartagena, propietario de los terrenos, por su versión de una situación que lleva más de dos décadas encallada. En ningún caso ha obtenido respuesta. El páramo de El Hondón que rodea por el norte a la ciudad portuaria es un desierto cruzado por hendiduras artificiales y colores muy llamativos. Amarillos de azufre, verdes de ácidos, blancos de sulfatos y rojos de piritas. No hay nada más. Ni un árbol, ni un animal, ni una persona. “Toda esa contaminación llega cada día a nuestras casas”, sentencia Fulgencio Sánchez, con la denuncia ya depositada en el juzgado.